Orden a “El Bayo” para “rendir cuentas”

-Orden a “El Bayo” para “rendir cuentas”

-Alteran desde Juárez a camioneros de Chihuahua

-Cierre de cursos de filiación por CEN panista

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-La locura de no tomar asistencia

Los jefes de la Guarnición Militar, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía Zona Norte, de la Policía Municipal; todos ellos escucharon azorados cuando el expresidente de Ficosec (Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana), hacemos énfasis, expresidente, Jorge Contreras Fornelli, dictó a la secretaria de acuerdos una orden para obligar al fiscal Anticorrupción, Abelardo “El Bayo” Valenzuela, a comparecer y “rendir cuentas” ante todos ellos.

Es público y notorio que Contreras ha sido el portavoz de las instrucciones giradas por el Plan Estratégico; y este a su vez de su propietario, el empresario patrocinador del Dhiac, Miguel Fernández.

Ese organismo y otros más han buscado hacerle la vida imposible al alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, en su propósito de ir por la gubernatura.

Sin venir a cuento en una reunión de seguridad, indudablemente por consigna, Contreras Fornelli, expuso que “El Bayo” debe explicaciones tanto sobre ese tema, como de otros con supuestos expedientes en curso.

Los integrantes de la Coordinación de Seguridad, reunidos el 15 de octubre en las oficinas de Pueblito Mexicano, se quedaron sorprendidos con la instrucción dada por Contreras a la secretaria de acuerdos.

Nadie sabe ahí en calidad de qué sigue acudiendo dicho empresario a esas reuniones. Desde junio fue relevado Contreras como presidente de Ficosec, ya no es nada. Los militares y policías no están bajo sus órdenes y menos el superautónomo fiscal “Bayo” Valenzuela.

A ver quién le recuerda todo eso a Jorge, que durante muchos años usufructuó Mesas de Seguridad, Ficosec y demás etcéteras para exclusivo beneficio personal.

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Tiene la entidad el cuatro por ciento de la militancia del PAN a nivel nacional, que podrá ser nada, pero es mucho más de lo que otros estados tienen.

Chihuahua tiene más militantes que Michoacán, Yucatán, Querétaro, Baja California, Tamaulipas, Sonora, San Luis Potosí, Sinaloa, Guerrero, Durango, Morelos, Coahuila, Hidalgo y otras 10 entidades más.

Es la militancia un capital de operación, por lo cual no se entiende que el Comité Ejecutivo Nacional haya restringido los cursos de afiliación presenciales y solo esté manteniendo el curso en línea.

Además, mientras que en los cursos presenciales, donde había hasta 40 lugares por curso, los que se realizan en línea apenas tienen un cupo de 20, que es igual a nada.

La cuestión es que venía el Comité Estatal de realizar cursos coordinados con el Nacional con bastante ritmo nos dicen, por lo que la idea era cerrar el año a tambor batiente, pero ello no podrá ser posible.

Habrá entonces unos cuantos cursos en noviembre y diciembre, con la decisión de restringirlos estrictamente a lo virtual.

El tema es que inclusive en los cursos virtuales organizados había problemas, algunos verdaderamente muy simples como ausencia de control, con acreditaciones extraviadas que desanimaban a los aspirantes a militantes, que habían dedicado cuatro horas al curso.

En octubre hubo buena dinámica en las primeras dos semanas, con aforo aceptable, por lo cual tendría que haber una reconsideración.

Con la derrota del pasado dos de junio, se pensó en que habría una nueva política de afiliación, superando la discrecionalidad del CEN de abrirlos y cerrarlos bajo consideraciones que solo ellos conocen.

Uno de los riesgos son los infiltrados de Morena principalmente, que está colonizando todos los espacios con personal pagado en los programas sociales, que han sido detectados realizando activismo.

Pero ese riesgo tendría que reducirse o eliminarse, a través de estrategias de control o cerrando la invitación a militantes probados que hayan demostrado durante años lealtad a la institución.

Este es uno de los pendientes que deberá enfrentar de inmediato Daniela Álvarez, cuando asuma más o menos en una semana la dirigencia estatal, junto con la demanda interpuesta por Cristina Jiménez ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que está en curso.

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Con eso de que la gente cree la idea de que “cuando el río suena...”, algunos malintencionados anduvieron soltando versiones, la semana pasada, de una nueva alza al transporte urbano de pasajeros en Juárez y Chihuahua.

Con la tarifa en 12 pesos desde su último incremento, ha quedado inconcluso el reto de poner orden en este renglón por parte de la Secretaría General de Gobierno y la Subsecretaría de Transporte.

Especialmente en esta frontera persisten vicios y deficiencias añejas ante la imposibilidad de la autoridad de lograr un cambio favorable de forma drástica.

Ante esa realidad, nos aseguran que fueron sembradas voces, rumores y versiones en sitios públicos, para deslizar esa supuesta posibilidad de un nuevo incremento, cuando apenas acaba de digerirse y amortiguarse el aplicado el año pasado.

Quedaron en evidencia manos de la Unión de Transportistas (UNTRAC), membrete propiedad de Matías Prieto, el líder “pafo” de los camiones, con el supuesto interés de meterse al negocio en la capital, cuando en la frontera ha sido incapaz de brindar un servicio digno a los usuarios.

Fue maliciosa la estrategia de diseminar esas versiones porque ni en el Consejo Consultivo del Transporte ni en Palacio de Gobierno, vaya, ni siquiera entre los concesionarios, ha surgido la idea. No ha surgido siquiera como comentario, menos como necesidad o posibilidad.

De hecho, en el análisis que corre entre concesionarios, ni este año ni 2025 podría ser planteado un eventual incremento a las tarifas.

Sin embargo, falta algo más de firmeza de parte de la autoridad para evidenciar la naturaleza de esas versiones puestas a correr de forma intencional y dolosa.

Es entendible esa falta de firmeza en la transformación real del servicio de transporte, por todo lo que implica la renovación de camiones y la batalla a las mafias camioneras, pero no es justificable la ausencia en la claridad y contundencia política que debe tener el manejo público del tema.

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Pasó desapercibido un punto de acuerdo votado el 11 de octubre del 2023 por mayoría de 16 votos de legisladores del PRI y del PAN, el 743/23, con la abstención de la bancada de Morena y una ausencia de ocho legisladores del Congreso del Estado.

Ese punto de acuerdo, presentado por la diputada Ivón Salazar, derivó en un exhorto a la Secretaría de Educación federal, para que revise el acuerdo 10/09/23 por el que se establecen las Normas Generales para la Evaluación del Aprendizaje, Acreditación, Promoción, Regularización y Certificación de las alumnas y los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria publicado en el Diario Oficial de la Federación.

De manera inaudita, dicho acuerdo elimina la asistencia ordinaria a clases como uno de los criterios de acreditación, al derogar el acuerdo 11/03/19 que contemplaba en el artículo 11, que, a partir de tercer grado, los alumnos y alumnas tenían la obligación de contar con un mínimo del 80% de las asistencias del ciclo, más un promedio mínimo de seis y haber obtenido la calificación aprobatoria en al menos seis asignaturas, para poder acreditar el grado escolar.

Pues a más de un año de distancia, ese acuerdo que elimina la asistencia sigue vigente, convirtiéndose el referido exhorto del Congreso, en un grito en el desierto.

El actual ciclo escolar inició en agosto, ya está en curso, con maestros tomando listas de asistencia, solo quienes así quieran hacerlo, como un simple control propio, porque carece de cualquier posibilidad de coerción, ya que no es obligatorio acudir a clases para efectos de calificación o aprobación.

Es delicado, porque como se dijo en aquel entonces, del 100% de los niños que ingresan a educación primaria, tan solo el 26% logra terminar una licenciatura.

El abandono escolar Chihuahua tiene una tasa de un 16.5 por ciento en nivel media superior y de un 10.0 en nivel superior.

Dejar abierta la brecha de la asistencia o no a clases, -lo dijo la entonces legisladora Salazar- distorsiona el sistema educativo del país, porque propicia una falta de interés, tanto de alumnos como de padres de familia, ya que no hay una supervisión constante, para monitorear inclusive los problemas que pudieran tener los estudiantes, como pudieran ser los de origen financiero, familiar o a desajustes pedagógicos.

Nada más en Juárez hay cerca de 600 mil estudiantes en nivel primaria y secundaria. Imaginemos el control sobre los mismos sin listas de asistencia obligatoria. Es una locura.