Ciudad de México.- La estridencia utilizada en el título no es propia (yo mismo soy abogado), sino de uno de los más reconocidos constitucionalistas del continente: Roberto Gargarella. El jurista y sociólogo argentino se refirió así a todos (y todas) los abogados que respaldan la reforma judicial promovida por el presidente. Una reforma que, dicho sea de paso, solo cuenta con el apoyo del oficialismo. Hasta el día de hoy, no he leído ni escuchado una sola voz sensata que abogue por la reforma que provenga de alguien que no sea simpatizante del gobierno en turno. Aunque ya se ha escrito mucho sobre el tema, me parece pertinente dejar constancia y hacer un balance de algunas de las razones por las que esta reforma es abusiva e inadecuada.
En primer lugar, una reforma de esta trascendencia debería de generar consensos más amplios. La coalición oficial claro que puede utilizar el poder y los escaños que les dio la ciudadanía para intentar hacer adecuaciones a la ley para alcanzar los objetivos que se haya propuesto. Siempre y cuando se traten de modificaciones sustantivas y no a las reglas del juego. Para cambiar las reglas del juego tendrían que ser más cuidadosos. Históricamente así había sido. Cada una de las grandes reformas que han ido transformando nuestro sistema de gobierno (electoral y judicial) fueron acordadas con la oposición. La propia reforma al sistema judicial de Zedillo contó con el apoyo del principal partido opositor en ese entonces. En esta ocasión no sucedió así. La coalición oficial no cedió ni intentó negociar con la oposición en busca de acuerdos. En lugar de eso, parece que hizo uso de técnicas menos decorosas como el chantaje y las amenazas. De esta forma lograron que un legislador panista votara a favor y que uno de Movimiento Ciudadano se ausentara durante la votación.
Otro punto desfavorable es la elección todas y todos los jueces por el voto popular. Dicho sea de paso, esto convierte a México como el único país en el mundo donde esto ocurre. ¿Por qué es perjudicial? De inicio porque corta de tajo la profesionalización de las y los jueces y el sistema de carrera que estaba vigente. Ya no habrá que competir en base a conocimientos y experiencia con pares para ver quien es la persona más idónea y con más méritos para ocupar un cargo con tanta responsabilidad, ahora la competición será en base a la popularidad y el apoyo que se tenga. Basta con tener un título de derecho con antigüedad mayor a diez años, tener buena reputación (cualquier cosa que esto signifique), no haber sido condenado por delito alguno para poder concursar. La experiencia profesional y los conocimientos adecuados parece que ya no son tan necesarios. Además, no es cierto que cualquiera se podrá postular. Las personas que finalmente podrán ser electas serán cribadas por el Ejecutivo, el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es innecesario mencionar que tanto el Ejecutivo como el Congreso están dominados por la misma fuerza política. Así, la ciudadanía solo podrá elegir entre personas previamente escogidas por el partido en el poder. En síntesis, en las próximas elecciones solo podremos elegir entre personas que Morena proponga.
Luego está el Tribunal de Disciplina. Un órgano con facultades de investigar, sancionar e incluso separar de su cargo a funcionarios y funcionarias que (a su ver) actúen mal. Las resoluciones dictadas serán definitivas, inatacables y contra las cuales no procederá recurso alguno. Los miembros de este tribunal serán también electos por la ciudadanía ante propuestas hechas por el Ejecutivo, el Congreso y la Suprema Corte. Queda claro que con esto se vulnera la autonomía e independencia del nuevo órgano disciplinario.
Finalmente, como manera de blindarse ante cualquier controversia, el décimo primer transitorio incluido en la reforma establece que “para la interpretación y aplicación del decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o vigencia”. Un despropósito contrario a los principios generales de derecho y a la propia constitución.
