-Nomás a un candidato hicieron el feo en Ingeniería

-Histórico, el estúpido y cobarde a un juez

-Arranca elección de jueces sin reglas del INE

-Le crecieron los cuarteles al Ejército

No es todavía tarde para agregar algunos detallitos sobre la elección de directores de Institutos en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), el viernes pasado.

No hubo grandes sorpresas en los resultados, pero surgieron datos que han sido la comidilla en el bullicioso campus. Estuvimos manejando algunos posibles escenarios en este espacio días y semanas antes de ese viernes.

La elección siguió casi casi completito el guion previsto, confirmando a Erwin Martínez, en el Instituto de Ingenierías y Tecnología (IIT); Tania Hernández, en Ciencias Biomédicas (ICB); Jesús Meza, en Ciencias Sociales y Administrativas (ICSA); y Fausto Aguirre, en Arquitectura, Diseño y Arte (IADA).

La verdadera historia para analistas y tejedores universitarios de especulaciones domésticas se encuentra en los matices de la votación, especialmente en lo ocurrido en ICSA.

Mientras que los resultados en la mayoría de los institutos fueron casi unánimes, en ICSA, Jesús Meza obtuvo 33 votos, pero también enfrentó 11 en contra.

Ese comportamiento inusual apunta a una maniobra del actual director del IIT, Juan Hernández Paz, conocido por su complicada relación con los rectores saliente y entrante.

Hernández Paz, quien alguna vez aspiró a la Rectoría, controla 10 votos en IIT y, aunque fue parte de la negociación para que Erwin Martínez, un miembro de su equipo, asumiera la dirección, no pudo ocultar su más profunda irritación.

En un último acto de desafío, Hernández Paz parece haber dirigido sus votos en contra de Jesús Meza, el candidato alineado con el equipo del rector actual, mientras que los otros directores apoyaron mayoritariamente al “buen Chuy”.

Ese acto refleja no solo un intento de Hernández Paz por marcar su posición hasta el final, sino también la dinámica interna de poder que sigue presente en la UACJ.

Así, la elección de directores que parecía predecible, dejó entrever las tensiones y maniobras políticas que aún resuenan en los pasillos de la universidad, demostrando que, incluso en momentos de aparente calma, las rivalidades y estrategias personales siguen jugando un papel crucial en la configuración del futuro de la institución.

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Inusitada, por decir lo menos, fue la ruda agresión en tono chavista que le asestó un abogado defensor de origen venezolano a un juez penal de esta frontera sin que metiera las manos, y menos el resto del cuerpo, el policía procesal encargado de la vigilancia en el lugar.

El jueves pasado fue desarrollada una audiencia en Ciudad Judicial. Fue sentenciado a 30 años de prisión un acusado de violación agravada. Dictó la sentencia el juez, Alberto Martínez Beltrán.

Obviamente, la resolución no fue del agrado del abogado defensor, Ernesto Alexander Vasconcelos, quien así nomás de entrada calificó el dictamen como “una estupidez” por parte de su “señoría”, el juez Martínez Beltrán.

“Lo que está diciendo son puras estupideces”, repitió el defensor más fúrico que el sentenciado, así que el juez le repitió varias veces que abandonara la sala. En ese momento el juez fue inclusive amenazado sin que el policía se inmutara.

“Sí me voy a ir pero tengo que decírselo en su cara. Usted es un cobarde, y lo que Usted está haciendo es antijurídico. Y le voy a dedicar mi vida completa para que Usted pague lo que está haciendo, porque lo que está haciendo es una injusticia. ¿Oyó? Se lo juro. Se lo juro que voy a dedicar mi vida para que Usted pague lo que está haciendo. Cobarde. Y lo arreglamos como abogado, como hombre, como Usted quiera”.

No tenemos antecedente de una situación semejante en el mundo intocable del Poder Judicial chihuahuense, ni de un defensor salido de sus cabales ni de un juez permisivo y menos de un policía ciego y sordo ante los insultos.

Seguramente, el abogado conoce la cola larga que arrastra el juzgador, pero no era el momento ni el lugar para agredirlo y mucho menos para amenazarlo.

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El dueño del bar Evolution, Francisco Aguirre, hizo pagar ayer a justos por sus pecados durante unos minutos, al cerrar el puente internacional Libre.

La protesta que encabezó por la clausura de su negocio ubicado en el Paseo de La Victoria carece de total sentido de responsabilidad.

Lejos de aceptar la culpa por permitir el ingreso de personas sin credencial oficial, tronó contra el Gobierno del Estado con una postura negligente y visceral.

Al llegar inspectores de la Dirección de Gobernación estatal en la zona norte la madrugada del domingo al establecimiento, encontraron a una mujer con apariencia de adolescente; le pidieron identificarse, pero no tenía documento alguno que acreditara la mayoría de edad.

Entonces procedieron a levantar el acta, pero antes de colocar los sellos en las puertas, la muchacha logró que familiares le enviaran una foto de su acta de nacimiento.

Fue así como los representantes del comercio trataron de evitar la multa cuando la falta estaba cometida.

Una identificación oficial, de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública del Gobierno federal, es un documento que sirve como identificación, valga la redundancia, como mexicano, que acredita nombre, sexo, así como fecha y lugar de nacimiento, pero no está reconocida como documento  oficial para esos efectos.

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La reforma constitucional en materia judicial, recién publicada en edición extraordinaria del Diario Oficial de la Federación, obligó al Instituto Nacional Electoral (INE) a iniciar los trabajos para organizar la elección de los juzgadores que deberá realizarse el primer domingo de junio de 2025.

Hasta ayer, en la Junta Local del INE de Chihuahua, encabezada por Alejandro Scherman Leaño, esperaban instrucciones, notificación o algo de luz para realizar el complicado procedimiento, para el que solo hay un plazo legal de nueve meses.

El Consejo General empezó a delinear una ruta con la instalación y arranque del proceso, pero en la estructura territorial del organismo todavía hay un desconocimiento total de lo que viene.

Lo más extraño que deben realizar los consejeros nacionales y locales del INE-era la queja generalizada entre los expertos de la organización electoral- es planear un proceso para el que no existen todavía normas secundarias y complementarias, las cuales deberían estar listas en un plazo de 180 días, periodo de gracia que el decreto da al Legislativo Federal para crearlas.

El Consejo General del INE comienza el proceso con base en el decreto que reforma a la Constitución, dado que así lo instruye de forma específica y clara, sin dejar lugar a interpretaciones.

Pero tras la instalación del organismo para asumir la función extra de planear y realizar un proceso electoral más, ahora dividido en entidades federativas y distritos judiciales, no hay un rumbo definido para las siguientes etapas después del inicio, como cantidad de boletas, casillas, sanción de candidaturas y demás detallitos que no explica la reforma todavía, por no haber leyes secundarias.

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Debe ser enviada la propuesta en materia de Guardia Nacional al Senado en estos días, si no es que ya está ahí, para ser aprobada sin mayores problemas, con el voto de cualquiera de los Yunes.

Gracias a la reforma será desarticulada la Secretaría de Prevención y Protección Ciudadana, ya que no solo sus recursos humanos serán transferidos a la Secretaría de la Defensa Nacional, sino también el grueso de su presupuesto y los recursos materiales, entre ellos casi 250 cuarteles construidos a lo largo y ancho del país.

Nada menos en Chihuahua estaban proyectados casi setenta cuarteles, cuando menos uno por ciudad -aquí se contemplaban tres- de los cuales aún faltan muchos de ellos, cuando menos habría cerca de veinte construidos, y de ellos siete u ocho en obra negra.

Esos cuarteles pasarán ahora a formar parte de la Secretaría de la Defensa, junto con los casi 120 mil elementos de la Guardia Nacional.

Lo interesante es que para algunos juristas este hecho es violatorio a la Constitución, porque el artículo 129 vigente aún limita las actividades de la Defensa Nacional.

Dice que “solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”.

Pareciera que la Constitución limita el número de campamentos o cuarteles, y, además, establece que estarán fuera de las poblaciones.

Los cuarteles actuales no solo se encuentran dentro de las ciudades, sino algunas incluso en lugares de alta concentración poblacional, aquí en Juárez y en Chihuahua.

Mientras los cuarteles del Ejército eran edificaciones muy antiguas, ahora tendrán instalaciones modernas gracias a esta adquisición millonaria de bienes de la Guardia Nacional, para lo cual solo falta la autorización del Senado, lo cual ocurrirá en estos días, antes de que termine el mes.