La medicina es una de las profesiones más arduas y que mayores sacrificios exige. Los parámetros de admisión en universidades con estándares de calidad conllevan procesos de selección más rígidos que otras carreras. Se entienden las razones, pues la salud es uno de los bienes básicos más preciados.
Su formación es larga, no sólo para los médicos especialistas, sino también para los médicos generales. En el caso de los especialistas, los años pasan y pasan en tanto ellos siguen preparándose. Carrera de largo alcance que exige un conjunto de atributos que no toda la gente porta.
A propósito de su valiosa labor, en relación con sus pacientes, quizá sea pertinente traer a colación un tópico que en los últimos lustros irrumpe con cierta frecuencia: el paternalismo médico. Esta concepción, asentada en una relación médico-paciente que se caracteriza por una actitud pasiva del segundo, se opone a una concepción en la que el enfermo adquiere un rol protagónico, en el que, para empezar, haga eficaz su derecho a estar informado acerca de su enfermedad o padecimiento. En ese sentido, el paternalismo médico es visto actualmente como una actitud vetusta que caracterizaba casi invariablemente la relación entre el médico y el paciente. Este paternalismo se afianzaba en la ciega obediencia y la desmesurada confianza que el enfermo debería tener con el experto que lo atendía.
Basado en una relación considerada asimétrica, en la que el lego o profano deja en manos del experto uno de sus más preciados bienes básicos, como es la salud, el paternalismo médico es histórico. Actualmente, la actitud paternalista colisiona con ciertos principios torales de una posición, digamos, liberal: la autodeterminación del paciente y su derecho inalienable a recibir información respecto a su padecimiento y las opciones del tratamiento. Se trata, pues, de derechos tardíos que deben hacerse efectivos mediante técnicas de información específicas.
Algunas de esas medidas parecen ser nada gravosas para el proveedor de los servicios, por ejemplo, la expedición de copias del expediente y, por supuesto, la posibilidad de consultar una segunda opinión. La consecución de una segunda opinión no debe verse como una afrenta o falta de confianza, sino tan solo como una búsqueda de mayores elementos y razones para tomar una decisión en la que puede ir en juego hasta la vida.
En ese sentido, los proveedores de servicios de salud, tanto de índole pública como privada, deben tener en cuenta que proporcionar a los pacientes la información necesaria para entender los pormenores de su padecimiento y eventual tratamiento, así como el respeto a su autodeterminación, no constituyen graciosas concesiones, sino un verdadero derecho consagrado en instrumentos nacionales e internacionales.
Ahora bien, se ha considerado que los profesionales de la salud no sólo tienen el deber de informar a sus pacientes los datos objetivos de su padecimiento, sino que, adicionalmente, deben tomar una posición que permita traspasar el discurso meramente explicativo y tomar una posición evaluativa al respecto, esto es, proporcionar un consejo que implique, inclusive, la persuasión para brindar o no tal o cual tratamiento, pero respetando siempre la autonomía moral del enfermo, puesto que la asimetría informativa entre médico y paciente ya no debe tener, como corolario necesario, una actitud paternalista.
Ciudad Juárez y todo el estado de Chihuahua cuenta con excelentes profesionales de la salud. Los hay, afortunadamente, en todas las especialidades, pero no son suficientes. Ojalá, cada vez más, nuestra ciudad sea el campo de trabajo seleccionado por quienes en estos momentos se preparan arduamente como residentes a lo largo y ancho de las mejores instituciones públicas y privadas del país.
