Dice el dicho popular que si eliges un payaso, tendrás un circo. Eso es justamente lo que Morena ha hecho con las instituciones en México. Durante décadas, gobiernos del PRI y del PAN se dedicaron (con muchos errores, pero también con muchos aciertos) a construir el México de instituciones que se añoraba desde la época postrevolucionaria.

La Universidad Nacional Autónoma de México (que tiene su origen en la época colonial) se consolidó hace más de cien años. El Banco de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, los organismos de transparencia y rendición de cuentas, un Poder Judicial de la Federación sólido y robusto, organismos constitucionales autónomos, todas esas instituciones fueron creadas por alguna razón. Es decir, existen motivos subyacentes para que el Estado mexicano creara esas instituciones.

El Instituto Mexicano del Seguro Social fue una institución novedosa al momento de su creación. El IMSS es un órgano tripartita donde el Estado, los trabajadores y los patrones se organizan para dotar de seguridad social a los trabajadores de México.

El Infonavit buscaba satisfacer la necesidad colectiva de dotar de vivienda a los trabajadores mexicanos. Los organismos de transparencia buscaban abatir la opacidad y las prácticas corruptas que por décadas han tenido lugar en México. Todo organismo constitucional autónomo fue creado por alguna razón.

En el caso del Poder Judicial de la Federación, a partir de 1994 la rama judicial se volvió más independiente para dictar sus fallos. No le temblaba la mano para fallar en contra del gobierno o de los poderes fácticos. Desde entonces, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto acataban los fallos que el Poder Judicial dictaba. Si bien el Poder Judicial de la Federación no tiene elementos materiales para hacer cumplir sus resoluciones, esos gobiernos siempre entendieron la necesidad de acatar las sentencias y ayudar a su ejecución

México era hasta 2018 un país con muchas fallas, con mucha corrupción, pero sin duda, un mejor país de lo que era en la década de los 70s. Todo fue que llegaran los resentidos al poder, para darle marcha atrás a todo el progreso. Parecería que México entró en una máquina del tiempo para ir al pasado a partir de 2018. Llegó al poder un hombre que se quedó anclado en la década de los setentas, y en función de eso, fue tomando decisiones de Estado que le están afectando a México en todos los sentidos.

En ese gobierno de ocurrencias e improvisaciones, surgieron muchas que desde cualquier perspectiva suenan ridículas. Por ejemplo, el combatir al crimen organizado con “abrazos, no balazos”, el someter a consulta pública la continuación de construcción del proyecto de infraestructura más importante para el país en los últimos veinte años, o la construcción de un tren circular que a la fecha sigue sin usarse.

Sin embargo, la peor de las ocurrencias fue la de elegir a los jueces, magistrados y ministros de los poderes judiciales federal y locales mediante el voto popular.

La justicia no es un concurso de popularidad, ni tampoco una tarea política. Es uno de los atributos y deberes de cualquier democracia. Recordemos que la democracia es el gobierno de la mayoría, con respeto a las minorías (por ejemplo, en la aplicación de la ley). Cualquier otra cosa similar no será democracia, sino demagogia.

Desde tiempos bíblicos (cuando el pueblo bueno liberó a Barrabás y condenó a Jesús) se sabe que la muchedumbre no es capaz de emitir fallos o sentencias razonables. La masa es impulsiva, y no es racional. Las personas en lo particular puede ser racionales, mas la masa no piensa, solo actúa en función de impulsos. A pesar de ello, y desestimando toda la doctrina y experimentos similares que han tenido lugar en todo el mundo, el oficialismo aprobó esta reforma para poder incidir en el nombramiento de los impartidores de justicia.

En esa reforma, el 99% de las personas que pasaron los filtros de los comités de evaluación de cada poder, fueron palomeados por el oficialismo. Quizá también deba excluir de dichas listas a los juzgadores que, por virtud del cargo que ostentan actualmente, decidieron entrar al proceso electoral para permanecer en sus cargos.

En el ámbito federal, el oficialismo utilizó un método digno de feria de pueblo, o de kermés escolar: el de la tómbola. Los comités de evaluación determinaron qué personas eran idóneas para el cargo, pero Morena dejó en manos de la fortuna, la suerte y el ‘azar’ quiénes serían los candidatos a cada uno de los cargos populares.

Todos recordamos aquellas imágenes del Senado, donde el Senador Fernández Noroña presidía la sesión mientras la Senadora Verónica Camino Farjat sacaba pelotitas de una tómbola, en una imagen que nos evoca el programa dominical de “En familia con Chabelo” o “Cien mexicanos dijeron”. Es decir, a los impartidores de justicia se les filtró con el mismo método que utilizaba Chabelo para regalar una sala de Mueblerías Troncoso, una avalancha, o una dotación de Duvalín. Además, estoy seguro que los nombres ya estaban seleccionados desde antes de esa tómbola falsa.

Ahora que han iniciado las campañas judiciales, podemos ver que lo que mal empieza, mal terminará. Para empezar, para la elección de jueces y magistrados federales, crearon una especie de distritos judiciales electorales (que no existen en la legislación). Por tanto, para un Juez o Magistrado que tendrá competencia en todo el circuito judicial de la Ciudad de México, solamente votarán los ciudadanos de Tlalpan, Magdalena Contreras, y alguna otra alcaldía. Para otros, solamente los ciudadanos de la Alcaldía Cuauhtémoc y la Gustavo A. Madero.

Si lo que buscaban era legitimidad de los impartidores de justicia, ¿qué legitimidad tendrá un juzgador por el cual solamente votarán los ciudadanos de la minoría de las alcaldías, y este tendrá competencia y jurisdicción en todo el circuito de la Ciudad de México? De verdad, es una estupidez desde donde se le trate de ver.

Por otro lado, ¿qué puede prometer un candidato a juez? Si dice que encarcelará a todos los acusados, entonces estará fallando a su principal objetivo que es aplicar de forma imparcial la ley al caso concreto, respetando el debido proceso.

Aunado a lo anterior, basta entrar a las redes sociales para ver lo que son capaces de hacer la mayoría de los candidatos a un puesto de elección popular judicial. Salen bailando, comiendo garnachas, y hablándole al pueblo de la importancia de elegir bien a sus jueces. La elección popular es para los gobernantes y legisladores, no para los impartidores de justicia.

Como ejemplo, vemos a una candidata a juez penal de la ciudad de Chihuahua, que se exhibe en poses muy sugestivas, con poca ropa, pidiendo el voto para ser electa. Ninguna propuesta, ni nada; solamente cosificándose a sí misma para ganar el favor del electorado.

Hemos visto también a un candidato a Ministro de la Suprema Corte que habla de combatir la corrupción, y exhibe la Estela de Luz. Eso no es tarea de la Suprema Corte, pero sabe que azuzando a la masa puede ganar algo de votos. Hemos visto candidatos de todos los perfiles bailando en TikTok, yendo a visitar mercados, mientras promueven su imagen.

En este proceso he visto pocas campañas serias, que hablen de lo que en realidad les toca hacer. Una de ellas es la campaña de la Magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero quien aspira a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al conocer su trayectoria como magistrada, creo que es una de las pocas certezas que tenemos de que la justicia se imparta de manera objetiva, y no atendiendo a criterios políticos.

La otra es la del juez federal César Hernández, quien aspira a ser electo juez nuevamente. En sus redes sociales, trata de explicar al electorado etapas procesales y conceptos legales que deben ser conocidos por todos.

En el ámbito local, hemos visto algunas campañas también serias y propositivas, como la de la Juez Patricia Royval Guerrero quien aspira a continuar como juez civil. Sin tener que entrar al circo en que esto se ha convertido, Royval ha hecho una campaña sobria, seria y profesional, justo como debe ser la función de impartir justicia.

Creo que la única forma en que se puede reducir el impacto negativo de la reforma judicial es optar por candidaturas que actualmente ocupen los cargos que pretenden ocupar a partir de septiembre. Es decir, votar por aquellos candidatos y candidatas que provengan del poder judicial. De otra forma, tendremos a muchos improvisados, ignorantes del proceso, que sentirán que le deben el favor de su cargo a cualquier personaje político encumbrado.

Yo me pregunto si todos aquellos que buscan ser jueces (sin haberlo sido antes de la elección) hubieran pasado los exámenes, las pruebas de confianza, y todos los requisitos que antes establecían las judicaturas. ¿Por qué no decidieron ser jueces con los sistemas anteriores? Veo en esto mucho oportunismo político, y poca vocación de justicia.