-Escondieron desde Chiapas apoyitos a Andrea

-Pega centralización a la paisana candidata

-Recesión a la vista

-Trump y el agua en el peor momento

Sin que haya trascendido hasta Chihuahua, desde mediados de enero inició una investigación que involucra al exsecretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos.

La indagatoria es por manejo irregular en adjudicaciones directas para empresas relacionadas con operadores de la hermana de Adán Augusto -y de él mismo-, Rosa Linda López Hernández, senadora que falleció después de ser electa.

La trascendencia para Chihuahua es que los camiones utilizados por la senadora Andrea Chávez, de acuerdo a un video que circula en Tik Tok, pertenecen a la empresa farmacéutica FMedical SA de CV, que sería propiedad, como ya se ha dicho, del empresario Fernando Padilla, quien recibió contratos de Adán Augusto en su paso por la gubernatura chiapaneca.

“Pepe” Cruz está hoy refugiado -como consuelo al perder la candidatura de Morena a la gubernatura en Chiapas-, nada menos que en el Senado de la República, donde despacha Adán Augusto López como coordinador.

Bajo esta teoría, el financiamiento de los polémicos camiones de la senadora morenista, estaría precisamente en esos proveedores beneficiados con contratos millonarios en aquellas latitudes, y con esos recursos, que dice el video en Tik Tok.

En el video aparecen las placas de uno de los camiones, que aún portaba la foto de la Senadora, con el comprobante oficial de que forma parte de la flotilla de vehículos de la empresa.

“Así es como medicinas, ultrasonidos, de chiapanecos terminaron surtiendo a los habitantes de Chihuahua”, dice el locutor/periodista en Tik Tok.

La indagación fue anunciada desde enero por el secretario técnico de la secretaria de salud estatal, Rafael Domínguez, en un gobierno estatal morenista, encabezado por Eduardo Ramírez, y tendría resultados en junio próximo.

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Salvo por el número 01 de las boletas moradas, de los candidatos y candidatas a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la juarense Olivia Aguirre Bonilla le ha pegado la centralización de la campaña electoral en la Ciudad de México.

De los más de 60 contendientes para alcanzar la más alta posición judicial, la catedrática originaria de esta frontera, única candidata de Chihuahua, aparecerá en el primer lugar de la boleta, cierta ventaja que seguramente se reflejará el día de la elección, como ahora se la dan algunas encuestas.

Sin embargo, entre los 10 con mayores posibilidades, donde algunos la incluyen precisamente por la posición privilegiada que le tocó, es la única que reside fuera de la capital del país y ha tenido una carrera alejada de los intereses políticos dominantes.

Su posición como la aspirante más alejada del centro de las decisiones políticas, desde luego también le resta reflectores, que no ha logrado jalar pese a sus visitas al Instituto Nacional Electoral, donde promueve recursos orientados a fortalecer su campaña.

Esta inequidad es más grave si se compara, además, su sueldo de maestra e investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con el medio millón de pesos al mes, o más, que ganan las ministras en funciones que también son candidatas a mantenerse con un asiento en el máximo tribunal del país.

Así las cosas, la juarense compite de manera digna y austera, pero en un piso que no está parejo y que, conforme han avanzado las descoloridas campañas electorales del Poder Judicial, se ha hecho más evidente.

Si bien eso vuelve más épica la lucha que está dando la universitaria fronteriza, también refuerza la idea de que el proceso electoral en marcha carece de solidez y organización técnica adecuada, por haberse hecho la reforma de forma exprés y sobre las rodillas.

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Ya lo habíamos advertido, el tema del consumidor en Estados Unidos iba a dar de qué hablar en cuanto a cómo va la economía y qué se puede esperar en las siguientes semanas en el sector maquilador local, por ejemplo.

Ayer se dio a conocer que el indicador de la confianza del consumidor en Estados Unidos cayó por cuarto mes consecutivo, con un desplome del 11% solo en abril.

Desde diciembre, el sentimiento general ha bajado más de un 30%, reflejando una creciente preocupación por la economía, especialmente por los vaivenes de la guerra comercial.

Esta caída es generalizada: afecta a personas de todas las edades, regiones, niveles de ingreso y afiliaciones políticas. Los consumidores están viendo señales claras de deterioro en el panorama económico: empeoran las expectativas sobre el empleo, la inflación, los ingresos y las condiciones financieras personales.

Preocupa particularmente el empleo: el porcentaje de personas que cree que el desempleo aumentará en el próximo año está en su nivel más alto desde 2009.

Además, las expectativas de inflación a un año subieron de 5% a 6.7%, el nivel más alto desde 1981.

Un coctel de señales negativas que apunta a una creciente percepción de riesgo de recesión en la principal economía del mundo.

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Que los aranceles afecten a los empresarios de la industria automotriz ya cala, pero que ahora exija Donald Trump que entreguen más de 1.520 millones de metros cúbicos de agua para los productores agrícolas del sur de Texas, ya es una mentada del cercano 10 de mayo, particularmente para los agricultores chihuahuenses que padecen la peor sequía de la historia, superando incluso a la que se vivió en los 90’.s

En 2020 fuimos testigos de lo que fue casi el inicio de una guerra civil entre Conagua y los agricultores de la región centro-sur, por el afán del gobierno de López Obrador porque se le diera más agua a Tamaulipas.

Los sucesos en la presa La Boquilla que desembocó en la muerte de la madre agricultora deliciense, Jessy Silva, por soldados de la Guardia Nacional, el ocho de septiembre de 2020, fue la gota que agudizó la irritación social.

Lo interesante es que dos protagonistas de aquel entonces ahora son senadores por Morena y podrían hacer más por la causa que andarse desgastando en inútiles escaramuzas.

De aquella época, se recuerda el patético papel el del entonces delegado de los programas federales, Juan Carlos Loera, retenido por los agricultores de Ojinaga, el nueve de junio de ese año, cuando intentaba apaciguar los ánimos.

Y luego el exgobernador de triste memoria Javier Corral, quien se confrontó con el presidente López Obrador, quién pésimamente asesorado, aseguraba que había una mafia de huachicoleo del agua, integrando por grandes acaparadores.

El tema lo trae de vuelta Trump con su nuevo amago. Y lo hace en el peor momento, justo cuando la gobernadora Maru Campos acaba de anunciar en la semana un programa emergente de apoyo para la región pues la cosa pinta terrible para 2025, con La Boquilla en un 16% de su capacidad.

Será tiempo que los senadores se reivindiquen y se sumen a la causa chihuahuense. Incluso proponer que se negocie un Tratado de Aguas más justo y real a los nuevos tiempos.