Nunca tomé en cuenta la aseveración de que estábamos a punto de convertirnos en Venezuela a partir de la llegada de la 4T al poder. Pensé que eran expresiones exageradas en un país como México. Sin embargo, el tiempo ha confirmado que yo estaba equivocado. En realidad, López Obrador fue y sigue siendo un peligro para México, al igual que toda la escuela política que legó.

Creo que uno de los peores legados del obradorismo a la realidad política de México es el desdén por la ley, las instituciones, y el Estado de Derecho. López Obrador dejó en claro que para él la ley es solamente una sugerencia, una ficción creada por la sociedad en la cual, el Presidente está exento de su cumplimiento. Como diría Richard Nixon, “no es ilegal si lo hace el Presidente”.

En el contexto actual, es tal el deterioro institucional que palabras o acciones que antes estaban casi prohibidas del lenguaje político, se vuelven ordinarias. Insisto, López Obrador en su momento invitó a desdeñar la ley, argumentó que su “calidad moral” le otorgaba un permiso para actuar por encima de la ley. Bien decía el Barón de Montesquieu que la ley debería ser como la muerte, que no exceptúa a nadie. Evidentemente, López Obrador nunca leyó a Montesquieu, ni mucho menos entendió la teoría de los pesos y contrapesos de la misma. Muestra de ello es su enorme interés de controlar todo el poder, justo como sucederá a partir de septiembre que entren en funciones los juzgadores electos mediante votación popular.

La expropiación es una figura que existe prácticamente en todo el mundo. Sin embargo, es más utilizada en aquellos regímenes dictatoriales, con el fin de que, como sucedía en las monarquías absolutistas de Europa, los monarcas puedan hacerse de cualquier propiedad.

Mediante la expropiación, el gobierno se puede adjudicar un bien privado con el afán de satisfacer una necesidad pública. Evidentemente, el gobierno tendrá que indemnizar al propietario, y buscar la solución al problema social que se enfrente.

La palabra clave dentro de cualquier proceso de expropiación es “utilidad pública”. De conformidad con la ley federal de la materia, es causa de utilidad pública la prestación de un servicio público, apertura de calles, conservación de lugares con belleza panorámica, o incluso el mantenimiento de la paz pública.

Todos recordamos las imágenes que le dieron la vuelta al mundo del entonces Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, mientras caminaba por una plaza en Caracas e iba expropiando los bienes que veía y pensaba que tenían algún valor histórico. Ese video reflejó el grado de capricho, improvisación, y un poder ilimitado que tenía el venezolano para poder expropiar de forma arbitraria cualquier bien que se le atravesaba mientras caminaba por las calles.

Las expropiaciones evidentemente que asustan al mercado, y a la población en general. Que el gobierno tenga la potestad de privar a cualquiera de una propiedad es un temor fundado de muchos, especialmente en países donde la ley solo aplica a unos cuantos.

En México, nuestra Ley de Expropiación federal data de la época de Lázaro Cárdenas. Cada Estado tiene a su vez su propia ley de expropiación, justamente para que los gobiernos tengan expedita esta facultad. Sin embargo, es una figura poco utilizada.

En días recientes, se volvió viral una conferencia de prensa donde el Gobernador del Estado de Puebla, Alejandro Armenta, solicitó a una empresa privada del Estado de Puebla, para que le donaran dos hectáreas al Gobierno de Puebla. Armenta solicitó que le donaran dos hectáreas para la construcción de viviendas para policías estatales.

El mandatario amagó a la empresa manifestando que, si en treinta días no le donaban esas dos hectáreas, les expropiaría cuatro hectáreas.

La expropiación es una facultad del propio gobierno. Sin embargo, como mencionábamos anteriormente, el fin que debe perseguirse es el de satisfacer una necesidad colectiva. La construcción de vivienda para empleados del Estado no es propiamente una necesidad colectiva conforme a la ley federal. Sin embargo, conforme a la ley de Puebla, la construcción de vivienda sí es una causa de utilidad pública. Quizá ese artículo se considere inconstitucional, y deba ser una salida que busquen los propietarios del inmueble que se piensa expropiar.

Ahora bien, resulta un tanto irónico que se requieran dos hectáreas para construir viviendas para policías, cuando el gobierno federal (emanado del mismo partido que Armenta) sostiene que construirá millones de viviendas a través del Infonavit. Lo que cualquier persona (que no está borracha de poder) hubiera hecho hubiera sido afiliar a algún organismo de vivienda a sus trabajadores.

En este mismo sentido, lo más preocupante es la venganza y el capricho que muestra Armenta con sus comentarios. Si lo que requiere son dos hectáreas, entonces, ¿por qué expropiar cuatro? ¿Solo porque no ceden los bienes de los que son dueños? Es muy complicado tener gobernantes caprichosos y rencorosos tomando decisiones de Estado con el hígado.

Lo que se evidenció con ese video es que Armenta actúa como un mafioso que cree que por estar en el poder puede hacer lo que quiera. Lo peor del caso es que en gran medida tiene razón pues los poblanos decidieron entregarle una mayoría legislativa que le permite tener tanto poder como él determine.

Justamente esa son la clase de problemas que enfrenta una sociedad cuando le entrega todo el poder a una sola fuerza política. Cuando no logra distinguir que los contrapesos son importantes en cualquier democracia. Como dicen en las redes sociales, “a disfrutar lo votado”.

En su momento, el libro “Arráncame la vida” de Ángeles Mastretta narraba la vida de un exgobernador de Puebla que se dio a conocer por todos los abusos y tropelías que cometió en su ejercicio de gobierno. Sin embargo, esa parecía ser una época superada hasta que llegó Armenta con sus amenazas de expropiación.

En el momento más crítico en la relación bilateral con nuestro principal socio comercial, un anuncio de esa naturaleza de un gobernador evidentemente que prende todas las alarmas y focos rojos que se puedan dar. No se trata de las dos hectáreas que Armenta pretende adjudicarse, sino el mensaje que se envía al mundo de que en México ocurren expropiaciones.

Sabemos que los defensores de este régimen corrupto y podrido vendrán a decir que las expropiaciones tienen lugar todo el tiempo, y tendrán algo de razón. Cuando genuinamente hay una utilidad pública, y se expropian bienes (como por ejemplo, para el Tren Maya) el mercado tiende a tolerarlo. Máxime que el gobierno puso todo su empeño en dicho proyecto. Pero cuando un gobernador actúa como un niño berrinchudo porque un privado no le quiere regalar dos hectáreas en una zona de alta plusvalía en Puebla, es obvio que habrá alarmas.

Lo preocupante de esto es que se puede desencadenar un carnaval de expropiaciones, pues solo falta que un gobernador actúe de esa forma, para que los demás crean que pueden hacerlo igual, sin ninguna consecuencia.

Creo que México tiene que enviar señales claras al mundo de que no se convertirá en Venezuela. Creo que Sheinbaum ha dejado en claro que le interesa mantener seguridad en las inversiones, pues su discurso ha ido en ese sentido. Sin embargo, gobernadores como Armenta evidencian que en ocasiones no es seguro invertir en entidades como Puebla.

Ojalá se moderen los tetratransformadores. La borrachera del poder ya les duró mucho, y el único que pierde es el pueblo de México.