-Video:“Si no traes lana, dí wey”

-Ajuste de estrategia contra ejecuciones

-Beneficiado pese a muertes de la Norzagaray

-No suena creíble la buena noticia de Garduño

Para desempeñarse como Abogado General de una máxima casa de estudios, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), Francisco Reza Pacheco, anda muy lejos de los buenos modales y conductas que deben corresponder a un alto funcionario de una máxima casa de estudios como la que representa.

Qué tal con la siguiente frase pronunciada por Francisco, conocido en el campo de golf del Club Campestre como “Pancho”: “No te la estés dando, porque nadie te la dio cabrón.”

Lejos del campus universitario, en el green del Campestre, Pancho exhibió que le gustan las apuestas, que se enoja cuando pierde y que vive dos vidas, la del funcionario público de una modesta, pero prestigiosa universidad como es la Tecnológica y la de un aristócrata con mucho tiempo libre y mucho dinero para dedicarlo al golf.

El video que presentamos en versión digital de La Columna no es muy reciente, pero nunca es tarde para exhibir la clase de Abogado General que tiene la UTCJ.

Las imágenes corresponden a una jugada intensa que sostenía contra el expolicía ministerial, Jesús “Chuy” Vega y que pasó de las educadas palabrotas de ambos a un “tiro cantado” a los golpes:

-“Lo que quieras”, dijo “Pancho”, enfundado en playera polo turquesa y short oscuro.

-“Pos lo que quieras”, respondió “Chuy” en uniforme negro, cachucha, pantalón y playera negra.

Los dos soltaron los palos de golf, antes no se dieron con ellos, se empujaron y se manotearon. Ahí terminó la furtiva toma del video. Ya no se supo si llegaron a los golpes pero sí se llamaron güeyes, pendejos y cabrones, previo a estallar. Todo aparece en las imágenes.

-“Si no traes lana dí wey”, gritó “Chuy” al inicio de la confrontación, exhibiendo que la jugada llevaba apuesta de por medio.

Provocó la discusión el otorgamiento de un gimme o tiro que los jugadores de golf acuerdan que puede contar automáticamente sin ser jugado. “Pancho” no aceptó el gimme en favor de “Chuy” y así empezó el San Benito.

Podemos asegurar que no hubo ni habrá consecuencia alguna para “Pancho” no en el Campestre, allá ellos y sus reglas laxas, sino en la institución educativa a la que representa; ya trae historial negativo desde hace tiempo y no solamente sigue firme como un roble en dicha nómina, sino que lo andan promoviendo para rector. Nomás.

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Así como lo advertimos ayer así fue la visita a Juárez de la gobernadora, Maru Campos, sigilosa, discreta y cerca de los medios de comunicación exclusivamente a través de un comunicado oficial.

Ocurre que debió ser de esa manera porque la mandataria sostuvo una prolongada reunión de análisis, evaluación y planeación de seguridad donde lo mismo presentaron sendos informes los jefes de la XI Región, de la V Zona y de la 42 Zona militares, que el fiscal General, César Jáuregui; el fiscal de la zona norte, Carlos Manuel Salas; el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar; y la delegada estatal del Instituto Nacional de Migración, Esther Martínez.

La gobernadora fue insistente en la necesidad de coordinación, coordinación y más coordinación entre los tres órdenes de gobierno para prever el mayor flujo migratorio apenas tome protesta Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos.

Maru hizo referencias destacadamente positivas de su relación al respecto con el gobierno federal y con su titular, la presidenta, Claudia Sheinbaum; y con el alcalde Pérez Cuéllar.

Durante varios momentos dio la confianza al fiscal Salas para explicar la muerte del ciudadano americano a manos de un policía ministerial, el domingo.

Igual que militares y el resto de los jefes policiacos, la gobernadora se solidarizó con el elemento policiaco por la forma peligrosa e imprudente que condujo su vehículo el joven hacia la unidad oficial del agente que disparó.

También debió explicar Salas el tema de los secuestros contra migrantes y el extraordinario papel desarrollado por la Fiscalía de Operaciones Especializadas y Antisecuestros tanto en rapto de migrantes como de ciudadanos juarenses.

No hubo ningún elemento de tensión en el encuentro, incluso la gobernadora se dio el gusto de bromear con la “bola” (de años) que cobra factura al Fiscal General, que anda a días de una cirugía de cadera; y el alcalde con operación de una de sus rodillas.

El chascarrillo ocurrió al terminar la reunión general. Después hubo un segundo y último encuentro muy en corto entre los generales, la gobernadora; su Fiscal General, el Fiscal de la zona norte y el Secretario de Seguridad Estatal, para ahondar en un problema mayor que mantiene preocupados a los generales y a su jefe Secretario de la Defensa: los homicidios, a un ritmo que si bien ha bajado de 100, siguen arriba de 70 mensuales. Hasta ayer, en solo seis días de enero, ya iban 22.

En esa última reunión fueron analizados los grupos delictivos que operan en la ciudad, concluyeron que el principal de ellos, el Cártel de Juárez, tiene presencia en los 67 municipios del estado, y que deberán enfrentarlo con estrategias más efectivas para contener la ola de asesinatos.

Ya veremos de qué estrategias hablamos.

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El presunto responsable de la muerte de tres adolescentes juarenses, Henry R., en accidente ocurrido en el bulevar Norzagaray, el mes de junio pasado, obtuvo una victoria muy importante al finalizar el año 2024, según los expertos en leyes que siguen el caso.

El juez de control desestimo la pretensión del Ministerio Público de acusarlo de homicidio doloso, con el argumento de que transitaba bajo influjo de las drogas, idea que ha sido validada en algunos casos graves de muertes accidentales.

Utilizó el juez para resolver una razonable base jurídica, no nada más se basó en los signos de arrepentimiento mostrados por el acusado.

Además, el juzgador trajo a colación lo ocurrido en Villa Ahumada en 2022, cuando el conductor de un tractocamión arrolló a los comensales de los puestos de burritos y mató imprudencialmente a diez personas, también bajo el influjo de drogas.

Quedó en posibilidades el Ministerio Público de apelar la resolución, bajo el argumento de la gravedad de los hechos, pero mientras tanto, fue entreabierta la puerta para que Henry pueda aspirar a una condena de hasta ocho años de prisión únicamente, con la posibilidad de obtener beneficios de preliberación.

El Código Penal prohíbe beneficios sólo en ciertos casos en los homicidios imprudenciales, como cuando el presunto responsable huye, lo cual no aplica aquí porque el ciudadano americano quedó también lesionado en el Jeep que conducía el día de los hechos. Desde entonces quedó detenido.

Así es que, con independencia de que concluya la investigación y se agote el plazo para que se efectúe el juicio, los familiares de las víctimas deberán estar muy al tanto de lo que ocurra, junto con sus asesores jurídicos del procedimiento.

No hay que perder de vista la monumental pifia en que incurrió el Ministerio Público y el juez de la causa, por la ausencia de notificación al Consulado Americano de la detención de un ciudadano de Estados Unidos. Ello fue lo que obligó a volver a realizar la audiencia de imputación.

Si no cuidó el MP ese pequeño gran detalle, y al juez le pasó de noche, podría el asunto tener un desenlace distinto que revictimice los familiares enlutados, con esa impunidad lamentable que ronda en los pasillos de la procuración e impartición de justicia.

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Pues ojalá y pegue la descabellada idea del aún titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, de que los cientos de miles de mexicanos e indocumentados de otras nacionalidades sean expatriados hasta el Aeropuerto Felipe Ángeles.

Sería una buena noticia para los juarenses porque la logística de atención a los migrantes expulsados de los Estados Unidos, de acuerdo a lo previsto, será una locura, si el presidente Trump cumple en sus términos esa decisión anunciada con mucha anticipación.

Ya tuvimos vivencia de una medida similar aquí, con la estancia de miles durante la anterior administración del presidente republicano, mientras esperaban turno para seguir el procedimiento de otorgamiento de visa humanitaria, con México en calidad de tercer país seguro.

Lo que no se imagina siquiera el alto funcionario migratorio es que no son los 180 mexicanos que mediante el famoso PRIM (Procedimiento de Repatriación al Interior de México) eran en su momento -o siguen- semanalmente trasladados en cómodo viaje de avión.

Como quiera esos migrantes son atendidos, pero aquí de lo que estamos hablando es de miles, y no de uno, dos o tres vuelos charters.

Quién sabe qué pensarán al respecto Clara Brugada y Delfina Gómez, gobernadoras de la ciudad de México y el Estado de México, por tal ocurrencia.