-De Techo a Mi Mundo...sin cesar agresiones a niños(as)

-Especulaciones de Gertz que pegan en casa

-Cuesta arriba, candidata a ministra juarense

-Acrecienta clientelismo en 75 mil más

No hubo ningún aprendizaje ni lección de lo ocurrido en Techo Comunitario, Colegio Montessori, ni del Colegio Americano; lo mismo acontece en Mi Mundo de Colores. En los primeros tres han quedado antecedentes de aberrantes agresiones sexuales contra niño(as) y de intentos por ocultar los hechos para, miserablemente, salvar los negocios en lugar de sumarse a conseguir justicia para las inocentes víctimas y sus familias.

Políticos y empresarios influyentes hacia órganos de gobierno intentaron con todas sus fuerzas sabotear las investigaciones ministeriales sobre casos de abuso infantil cometidos durante los últimos años en Techo, el Montessori y el Colegio Americano, y lo mismo pretenden hacer ahora que ha sido destapada la cloaca en la guardería Mi Mundo de Colores.

Ana Belén Torres y Gerardo Silva, representantes de la guardería han tratado de boicotear el trabajo de la Fiscalía de la zona norte con el evidente propósito de minimizar las denuncias y exigencias de aclaración por parte de los padres de las niñas y niños. Lo han hecho directamente y a través de terceras personas “influyentes”, incluido un senador de la República.

Por si todo ello no fuera poco, también ha jugado su mala parte la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al final del día contratador de los servicios de Techo Comunitario y Mi Mundo de Colores como guarderías para los hijos de trabajadores de distintas empresas afiliadas a dicha institución.

El IMSS a nivel nacional reveló que investigaría lo ocurrido en sus procesos internos de contratación de servicios tras ser descubiertas las violaciones en Techo Comunitario. Nada se supo de los procedimientos llevados a cabo salvo de manera extraoficial algunos movimientos de personal en áreas relacionadas con las guarderías.

Por lo ocurrido en Mi Mundo de Colores, con una población cercana a los 250 niños, podemos ahora comprobar que no solo no fueron iniciados los protocolos más rigurosos prometidos para el cuidado de los niños sino que sus funcionarios se sumaron al boicot contra las investigaciones ministeriales puntuales y oportunas.

Se impone pensar mal. Aunque la cara debería caerles de vergüenza y todo el peso de la ley encima, a todos, queda en lo obvio que prefieren salvaguardar los contratos ya las distruciones correspondientes entre involucrados que la integridad de los pequeños.

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Las declaraciones del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero ayer, a dos días de su aparición en el mitin político electoral de Claudia Sheinbaum el domingo, son un balde de agua fría, con efecto boomerang que ni siquiera calculó al momento de comparecer en La Mañanera del Pueblo.

Consideró el Fiscal guinda que no es creíble que las autoridades, municipales y estatales en Jalisco fueran ajenas al crematorio clandestino de Juchitlán, Jalisco, sembrando con mucho veneno la duda.

Poco aporta sustantivamente el Fiscal especulando acerca de responsabilidades, cuando le toca indagar y ejercer en su momento las solicitudes de órdenes de aprehensión contra presuntos responsables, incluidas autoridades.

Deslizar ese tipo de comentarios evidencian una carga política contra el gobernador emecista de Jalisco, Pablo Lemus -asistente al evento del Zócalo- y el antecesor.

Lo mismo podría decir el Fiscal del narco panteón localizado en el Willy, ubicado en el municipio de Casas Grandes, gobernado por el prianista Roberto Lucero Galaz, y donde es imposible no involucrar la influencia del ayuntamiento de NCG, gobernado por PT-Morena, primero por Cynthia Ceballos y luego por su media hermana Edith Escárcega.

Pero, además, ese comentario deslizado hasta cierto punto de manera irresponsable, involucra también a las corporaciones federales, la misma FGR, la GN y el Ejército, o ¿si es creíble en su caso que dichas autoridades no se hayan percatado del narco panteón chihuahuense con casi 90 muertos –de 300 desaparecidos- o el crematorio de Jalisco?

Ese discurso fácil termina por revertirse en contra de la misma administración federal, politizando la seguridad, un tema que debería estar ajeno a ello. Le hace daño la plaza y el reflector al fiscal.

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La única aspirante chihuahuense a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la académica juarense Olivia Aguirre Bonilla, sabe que va cuesta arriba en la carrera por la nueva integración del máximo tribunal del país, que habrá de conformarse por cinco mujeres y cuatro hombres.

Con tres doctorados y un extenso currículum, Aguirre pasó de manera directa en la lista que entregó el Poder Judicial al Congreso, pero tiene ahora ante sí varios retos a superar para la elección del primero de junio próximo.

Primero que nada, dicen quienes la apoyan, debe darse a conocer en tiempo récord, en una campaña que ya tiene casi lista, en la que habrá de contar cada minuto, porque la votación es nacional.

Además, aseguran, debe quitarse el estigma de que fuera favorecida por el de por sí mal visto Poder Judicial de la Federación, que es de donde surgió como aspirante.

Puede hacerlo, ya que tiene una amplia y limpia trayectoria; no tiene cola que le pisen como sí la tiene, por ejemplo, Marisela Morales Ibáñez, exprocuradora general de la República durante el gobierno de Felipe Calderón, y a quien se le ha ligado con el secretario de Seguridad, Genaro García Luna, actualmente preso en los Estados Unidos por narcotráfico.

La doctora Aguirre Bonilla actualmente imparte catedra en el programa de Licenciatura en Derecho, en la Maestría en Investigación Jurídica y en la Maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género de la UACJ.

A la vez, es abogada postulante independiente en materia familiar, civil, penal y amparo desde 2009 a la fecha, especialista en el abordaje de perspectiva de género y derechos humanos en el litigio, doctora en derechos humanos y doctora en derecho judicial.

El haber sido postulada por el Poder Judicial le juega en contra, sin embargo, es un reto que deberá afrontar para que no la pongan en la misma canasta de la clase favorecida por la actual ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, pues la carrera de la joven abogada está más que probada tanto en lo académico como en lo profesional.

Deberá meterle turbo con miras a las ya cada vez más próximas elecciones.

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El gobierno de la República viene ahora a reforzar sus programas de dispersión de dinero al grupo etario compuesto por mujeres de 60 a 64 años de edad.

Estamos hablando de aproximadamente 75 mil personas a nivel estatal, de acuerdo con el INEGI, donde destacan Ciudad Juárez con 30 mil, Chihuahua con 18 mil, Delicias con tres mil, Parral con dos mil 300, Jiménez con 800, Cuauhtémoc con tres mil 600 y Nuevo Casas Grandes con mil 300, considerando las ciudades más importantes electoralmente hablando.

Estaría amarrando así de un plumazo y con un alto costo para la hacienda pública, la administración pública nuevos simpatizantes para sus propósitos electorales guindas de junio de este año, con la elección de jueces magistrados y ministros, así como los comicios constitucionales del 2027.

Actualmente la Secretaría del Bienestar ya otorga beneficios sociales a las personas de 65 años o más, así como a jóvenes estudiantes con diversos apoyos, cientos de miles de beneficiarios en total, que constituyen una fuerza formidable de votos para estas elecciones próximas y las futuras, por todos esos niños y jóvenes que algún día votarán.

Está en el debate y deberá formar parte de estudios concienzudos, despojados de cualquier tinte electoral, el hecho de que estos apoyos sociales constituyen una mejoralita, porque no resuelven el problema económico de los beneficiarios.

En cambio, el gobierno deja de invertir en salud, educación, infraestructura y un largo etc. incrementando además la deuda del país en cientos de millones de pesos.

En el colmo, Morena en la legislatura acaba de interponer un recurso para obligar al estado a regalar dinero en apoyos universales a discapacitados, sin importar en que nivel de pobreza se encuentran, igual que hace con todos los apoyos sociales, como el de las mujeres que recién habrá de implementar.

La más reciente crítica provino del Episcopado Mexicano, que cuestiona hacer dependientes principalmente a los jóvenes, en lugar de fomentar su autonomía y desarrollo, que legalmente ninis, solo esperan el siguiente depósito de papa gobierno.