A mis estudiantes de derecho y sociología…
El próximo 1 de junio la democracia mexicana experimentará una muy interesante novedad que seguramente quedará grabada para la posteridad en los libros de historia que estudiarán las próximas generaciones: tendremos la oportunidad de elegir a las y los ciudadanos y ciudadanas que conformarán el nuevo poder judicial. Esta reciente coyuntura nacional, que desde luego no ha estado exenta de polémica y controversia —como casi todo en democracia—, ha permitido que un gran número de especialistas del derecho en sus diversas ramas hayan optado por postularse como candidatos a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados federales y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, así como magistraturas de circuito y personas juzgadoras de distrito.
Como sabemos, desde nuestras clases de civismo en la primaria y secundaria, los tres grandes órganos del Estado mexicano comprenden lo que se conoce como los poderes de la unión, es decir, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Generalmente tenemos un mayor conocimiento de lo que es y se hace desde el Ejecutivo y el Legislativo. Sabemos a grosso modo que el Ejecutivo es encabezado por el presidente o presidenta de la república, las secretarías de Estado, gubernaturas y presidencias municipales. Mientras que el Poder Legislativo lo conforman las dos grandes cámaras de diputados y senadores a nivel federal, así como los congresos estatales. Solemos conocer a muchas o algunas de las principales figuras de la política local y nacional que son o han sido parte de estos dos poderes de la unión, debido a la inexorable impronta mediática de sus cargos públicos e incluso porque hemos votado por ellas o ellos. Sin embargo, hasta ahora no había ocurrido lo mismo con quienes históricamente han integrado el poder judicial.
El Poder Judicial en México, como en muchas otras latitudes a nivel internacional, ha sido por lo general un poder desconocido para la mayor parte de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos. Desconocido en el sentido de que rara vez sabemos quiénes son las personas que se encargan de impartir justicia en nuestro país. Desde luego sabemos que existen jueces y magistrados, pero básicamente no sabemos quiénes son y de dónde vienen, cómo llegaron ahí y por qué; cuál es su preparación y experiencia dentro del campo jurídico donde se desenvuelven y llevan a cabo este fundamental servicio público. Este desconocimiento nos había pasado desapercibido desde hace siglos concentrándonos solamente en las y los políticos que son parte del proceso de toma de decisiones de nuestro país, pero no de los jueces y juezas federales y regionales, así como de distrito que se encargan, nada más y nada menos, que de hacer justicia en nuestra sociedad.
Asimismo, tal desconocimiento va más allá de las personas que han integrado este poder, sino que abarca incluso su propia composición organizativa, así como las funciones de cada una de las instancias que lo completan. En pocas palabras, desde la perspectiva de nuestra todavía débil cultura política, el poder judicial se había convertido en un órgano completamente ajeno al pueblo. Ese histórico desconocimiento del que hablo propició un enorme y perjudicial distanciamiento entre la población y quienes se encargaban de “impartir justicia”. Se produjo entonces un gran hueco perversamente favorable para que por ahí se colara el más grande de problemas nacionales que hemos enfrentado: la corrupción en todas sus manifestaciones.
La existencia y, peor aún, la prevalencia en nuestra sociedad de un fenómeno como el de la corrupción, solo ha expuesto las grandes faltas, yerros y perversiones en cuanto a la impartición de justicia en México. Y en gran medida esto ha sucedido precisamente por ese desconocimiento del pueblo sobre su sistema de impartición de justicia. El distanciamiento que provocó sirvió prácticamente para privatizar un servicio que es y debe ser en todo momento público. En México se manifestó la terrible percepción de que la justicia se compraba y que por lo tanto todo dependía de la capacidad adquisitiva de ciudadanos y ciudadanas inmersos en un conflicto legal.
La situación, desde luego, ameritaba cambios urgentes y radicales. Pareciese como si la justicia hubiese estado cautiva en nuestro país al ser prisionera del dinero y la corrupción durante décadas. Esto no sólo debilitó el sistema judicial sino, de manera profunda, la cohesión y la sana y pacífica convivencia en la vida social del pueblo mexicano hoy profundamente lastimada por la violencia en todas sus manifestaciones. Por eso celebro que más allá de pros y contras, hoy en esta coyuntura electoral por la renovación del poder judicial sean tantos y tantas quienes desean participar. Y más todavía celebro que abogadas y abogados, especialistas en diversas ramas del derecho, hayan salido de los despachos y de los juzgados para promocionar su candidatura, ya que esto va más allá de la mera propaganda electoral, al favorecer significativamente la difusión y el fortalecimiento de la cultura jurídica en nuestro país, pilar de la cultura política y de la democracia en general.
En regiones donde la justicia ha quedado mucho a deber como en nuestra querida Ciudad Juárez y en general nuestro bello estado de Chihuahua, todo este proceso electoral es altamente provechoso. Las recientes reuniones de diversos sectores ciudadanos con los distintos candidatos a alguno de los cargos públicos judiciales a las que he tenido posibilidad de asistir simplemente dejan en claro la necesidad tan profunda de difusión de la cultura jurídica en nuestra región. Por ello, será medular para la democracia chihuahuense y mexicana que las y los abogados, más allá de que triunfen o no en sus legítimas aspiraciones, continúen de aquí en adelante siendo agentes de la cultura jurídica. Porque de esta depende en gran medida que la justicia en México, Chihuahua y Ciudad Juárez realmente pueda vivirse a ras de suelo. El conocimiento es poder y el conocimiento del pueblo sobre nuestro sistema judicial será un gran factor de empoderamiento ciudadano. El abogado y la abogada, sin duda, tiene una gran responsabilidad social y política.
