La Corte Suprema de Estados Unidos despejó el martes el camino para que el gobierno del presidente Donald Trump restrinja una política de la era Biden que permite a los jueces de inmigración usar su discreción para cerrar miles de casos de deportación cada año.
Defensores de los inmigrantes sostienen que esta práctica, conocida como "cierre administrativo", permite a los jueces aligerar la carga de tribunales migratorios saturados y evitar que algunos migrantes, como víctimas de delitos o menores en situación de abandono, pasen por un proceso de deportación cuando tienen un buen argumento para permanecer en Estados Unidos. Sus críticos la califican como una forma de "amnistía por la puerta trasera".
La resolución de la Corte no lleva firma.
Tras un primer intento del gobierno de Trump por prohibir a los jueces el uso del cierre administrativo, el gobierno de Joe Biden codificó la práctica en 2024. El mecanismo se aplica de alguna forma desde hace décadas: según estadísticas del gobierno, unos 360,000 migrantes lo han recibido desde 1990.
Los casos se cierran, pero no se desestiman, de modo que ahora podrían reabrirse.
Del tribunal de Texas
Cuando Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado, su gobierno anunció que dejaría de defender la política de la era Biden. Texas impugnó entonces la norma ante un tribunal federal de ese estado.
El Departamento de Justicia dijo al juez que respaldaba una sentencia favorable a Texas, y el juez dictó una orden judicial permanente que bloquea la política que permite el cierre administrativo.
Tres ciudades con grandes poblaciones migrantes, Baltimore, Columbus (Ohio) y New Haven (Connecticut), y un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes buscaron intervenir en el caso para defender la norma de Biden y revertir la sentencia. Los tribunales rechazaron esas solicitudes, lo que dio paso a su apelación ante la Corte Suprema.
Los jueces de la Corte no explicaron por qué rechazaron la apelación de las ciudades y del grupo.
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