Como sabemos, lamentablemente nuestra ciudad sigue presentando episodios violentos de manera recurrente. Si bien ya no nos encontramos en la misma situación que llevó a Ciudad Juárez a ser considerada como la urbe más violenta del mundo (estigma social que funge como lastre para la imagen citadina ante el mundo), los casos de atentados contra la integridad y la dignidad de otras personas se siguen presentando incluso con matices todavía más perversos, inhumanos y profundamente lacerantes.
Me refiero en concreto a los sucesos violentos que se producen en el seno de las mismas familias de las víctimas, cuyos victimarios son personas muy cercanas de la cuales probablemente nunca se sospecharía algún posible agravio, pues media la confianza de los lazos de parentesco. Una confianza, por cierto, cada vez más perdida, tanto al interior como al exterior de las familias juarenses, como ya lo he escrito en ocasiones anteriores. Dentro de este tipo de casos, uno acontecido recientemente destaca por la crudeza de los acontecimientos que se llevaron a cabo durante años y que atentaron contra la inocencia, integridad y dignidad de una infante a manos de su propio progenitor (y es que ni siquiera resulta ético llamarle “padre” a un ser que se atreve a cometer este tipo de actos aberrantes y monstruosos que están fuera de cualquier rasgo humano). El caso, aunque tarde y con daños prácticamente irreparables en la víctima, llegó a los tribunales y el responsable ha sido sentenciado a más de 53 años de prisión, lo que quizá para muchas y muchos de nosotras y nosotros nunca será suficiente castigo.
Si bien no somos la única urbe que presenta este tipo de casos tanto en el país como en el mundo, ya que lamentablemente damos cuenta a través de los diversos medios de comunicación de sucesos similares ocurridos en prácticamente todo el orbe, incluso en sociedades que suelen percibirse como “muy civilizadas” o “pacíficas”, esto para nada debe hacernos caer o pensar que este tipo de situaciones son ya parte de un ambiente “común” o “normal”. No podemos, como seres humanos sentipensantes (como diría el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda) dejar pasar ni mucho menos normalizar este tipo de hechos tan deleznables. Considero debemos hacer un esfuerzo tanto individual como colectivo por rescatar nuestra humanidad, civilidad, sociabilidad, ética y confianza, y en con ello el inexorable y socialmente fundamental respeto por el Otro y la Otra.
Para lograrlo no es necesario el establecimiento de un régimen dictatorial o autoritario que someta individualidades y por ende libertades y autonomías, como suele pensarse o creerse muchas veces, cuando no encontramos una salida ante tanta atrocidad o cuando muy justificadamente nos vence el resentimiento por el otro o la otra que ha transgredido integridades, dignidades u órdenes conformados por normas históricas de convivencia pacífica. Cuando el resentimiento o el odio nos gana y deseamos el más implacable castigo para el transgresor, caemos en una situación de alto riesgo político y cultural, que termina generalmente por elegir proyectos sociopolíticos liderados por auténticos sátrapas, tiranos o déspotas que asumen convencidos la idea de que la violencia se combate o se termina también con violencia. Se crea entonces un escenario altamente conflictivo, como el que padecen hoy muchas sociedades que por ende corren el riesgo de legitimar gobiernos fascistas y violadores de los derechos humanos.
Sin embargo, ante la crudeza de los victimarios, lo que se clama es justicia y castigo, y con ello el hacer valer con todo su peso nuestro sistema fiscal y judicial para que se logre dar eficiente y objetivo cause penal a cualquier criminal que atente contra la integridad y dignidad de otra persona o bien contra la paz social de las comunidades y sociedades. Pero una cosa es apostar por el fortalecimiento de nuestro sistema fiscal y judicial, haciéndoles justicia a la propia justicia, y otra cosa muy diferente es el apoyar proyectos políticos que buscan aprovecharse del sentimiento de frustración y hasta venganza que suele suscitarse al interior de sociedades que padecen altos niveles de los distintos tipos de violencia.
Al respecto, un estudiante me preguntaba cómo era posible entonces hablar de control y orden en el marco de sociedades liberales donde prevalecen como principios la libertad y la autonomía individual. Qué hacer pues política y culturalmente para lograr control y orden sin que esto trastoque o afecte adversamente los derechos humanos o las garantías individuales. La respuesta es compleja pero no por razón de su implementación sino de disposición personal. Es decir, el tema del control y el orden sociales no son incompatibles con los principios liberales que sustentan proyectos democráticos. Tampoco es verdad que tanto el control como el orden social solo sean parte exclusiva del discurso y política de proyectos conservadores o fascistas que buscan imponer la autoridad con instrumentos represivos manifiestos en el uso de la fuerza. Control y orden sociales son principios clave para la convivencia pacífica en cualquier sociedad, pero su implementación es significativamente distinta de acuerdo al régimen por el que se apuesta.
Mientras que los proyectos conservadores y fascistas hacen uso represivo de la fuerza para imponer el orden, las sociedades que se consideran democráticas parten de la libertad individual, reconociendo y asumiendo principalmente que “libertad” no significa capacidad de transgresión de cualquier límite. Libertad no es poder hacer lo que nos venga en gana. Los límites precisamente establecen marcos para que no haya desbordes. Los límites son pues necesarios para la configuración de las sociedades a través de las relaciones sociales, significan entonces el respeto y la paz. En consecuencia, el control que pasa por el establecimiento de límites y de estos a la definición del marco del orden social, se establece en sociedades democráticas desde la propia conciencia individual, al asumir que somos seres libres y autónomos no sólo por voluntad propia sino también por el respeto de los y las demás hacia mi propia integridad personal.
El control y el orden en democracia son entonces resultado de la conciencia y el comportamiento individual, indispensables para el mantenimiento de la convivencia pacífica. Dependen pues, en gran medida, del individuo. Tal control y orden democráticos debe comenzar en el interior de las familias como institución social primaria que sintetiza en muchos sentidos el carácter de toda la sociedad y de la época en cuanto tal. El reto es complejo pues representa una auténtica revolución de las conciencias.
Así entonces, los y las juarenses, debido a lo que ha ocurrido en nuestra historia contemporánea, estamos prácticamente obligados como ciudadanos libres y democráticos a dar comienzo a tal revolución. De lo contrario nos colocamos en los umbrales de regímenes opresores que sin duda pueden encontrar legitimidad en la frustración y el desencanto de la libertad.
