La reforma a la Ley del IEPS forma parte del paquete fiscal que el Ejecutivo federal impulsa para 2026, cuyo fin, más que recaudatorio, busca reforzar la salud de las y los mexicanos desalentando el consumo de productos nocivos. En la Cámara de Diputados, la aprobación fue mayoritaria, tanto en lo general como en lo particular, y se realizaron algunas modificaciones de acuerdo con lo presentado en las reservas. En términos del proceso legislativo, esto significa que la mayoría de diputadas y diputados estuvo de acuerdo con la ley y que se hicieron ajustes acotados, como, por ejemplo, la disminución de algunas tasas para los refrescos sin azúcar.

Esta reforma, en particular, es una gran oportunidad para que todas y todos entendamos que la política fiscal debe tener un propósito ético. El aumento en las tasas impositivas a artículos como las bebidas azucaradas, el tabaco, las apuestas y los videojuegos con contenido violento tiene un impacto directo en la vida social y en la salud pública. Es importante recordar que, según la Organización Mundial de la Salud, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil. Además, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2022 arrojó datos realmente preocupantes: en México, el 18% de la población adulta padece diabetes, lo que provoca que nuestro país tenga una mortalidad por esa causa tres veces superior al promedio de la región.

Los impuestos especiales, tienen origen en las Islas Británicas y en los Países Bajos entre 1650 y 1660. Son gravámenes aplicados a bienes o servicios que generan efectos negativos en la sociedad o en el medio ambiente. Esto no ocurre solo en México; este tipo de impuestos se aplica a nivel mundial. A diferencia del ISR o del IVA, los impuestos especiales tienen un propósito correctivo más que recaudatorio. Se trata de una práctica ampliamente utilizada.

Según la OMS, al menos 148 países tienen impuestos especiales a nivel nacional sobre bebidas alcohólicas; más de 100 países han implementado gravámenes de este tipo para bebidas azucaradas y refrescos. Es necesario que el Estado mexicano asuma la rectoría en la estrategia de reducir el impacto social de productos como, por ejemplo, el tabaco está asociado directamente con enfermedades respiratorias y cardiovasculares; el alcohol con accidentes, violencia y gasto sanitario; los combustibles a la contaminación y el cambio climático y los refrescos erstán directamente relacionados con la obesidad y la diabetes.

Es natural que algunos opositores planteen dudas sobre el objetivo de la reforma a la Ley del IEPS; sin embargo, los datos sobre su impacto en la vida nacional son contundentes. Aquí algunos: el costo médico anual atribuible al consumo de tabaco asciende a 116,151 millones de pesos; el 9.2% de los accidentes viales y el 23% de las muertes viales están asociados al consumo de alcohol; el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, publicado en enero de 2025, indica que en México la contaminación derivada de combustibles fósiles, las emisiones industriales y la quema de residuos provocó 36 mil muertes, de las cuales 2,400 están directamente relacionadas con el ozono.

Un caso particular es el de los refrescos. En 2024, el gasto sanitario relacionado con la diabetes llegó a 351 mil millones de pesos. Solamente el IMSS destinó 106 millones de pesos diarios para atender a personas con diabetes. Considerando datos generales —es decir, la atención privada y los servicios de salud pública—, las personas con diabetes deben erogar aproximadamente 1,500 dólares al año para atender su condición médica.

Ante esta situación, el Estado no puede permanecer neutral. El IEPS es una herramienta correctiva que se utiliza, al menos, en la mitad de los países del mundo para desincentivar el consumo de productos nocivos que afectan la salud pública y la economía. Debemos trabajar ahora en evaluar los resultados de estos cambios.

No se trata de una reforma contra alguien en particular; más bien, es una reforma a favor de todas y todos, porque la transformación también se mide en vidas más sanas.