- Nomás aventó culpas al juez el MP de “El Nike

- Nuevo modelo de informes del Poder Judicial

- Requieren un consejo empresarial más técnico

- Rocha Moya: el daño ya está hecho.

Ante la polémica no vinculación a proceso de Juan Roberto C.M, alias “El Nike”, dictada por el juez Antonio Riestra Ramos, dicen expertos penalistas muy cercanos a las investigaciones que el Ministerio Público también debe hacer una revisión muy a fondo de la resolución judicial, quitándose de complejos y prejuicios,

El batazo que dio el juzgador a los persecutores del delito, adscritos a la Fiscalía de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, fue interpretado como señal de posible colusión o de amenazas recibidas por Riestra Ramos, pero tiene fundamentos que deberían motivar también cierto ejercicio de autocrítica de los agentes del MP.

“Los antecedentes de investigación expuestos sí permiten establecer provisionalmente que Héctor H. (la víctima) fue privado de la libertad el 31 de julio de 2026, mantenido contra su voluntad bajo control de diversas personas, sometido a violencia y posteriormente privado de la vida, siendo localizado su cadáver durante las primeras horas del primero de agosto”, fue lo que asentó el juez. El delito existió, plenamente demostrado.

Sin embargo, quienes revisaron el contenido de la audiencia señalan que el juzgador expuso sin tapujos que no fueron aportados datos suficientes para establecer la probabilidad razonable de que “El Nike”, haya cometido o participado en ese hecho “en la forma fáctica concreta asentada en la formulación de imputación”.

“No existe testigo que lo coloque materialmente en la interceptación; no existe reconocimiento que lo ubique en los vehículos; no existe testigo que lo coloque dentro del inmueble ejecutando el cautiverio o la violencia; no existe dato que lo coloque materialmente trasladando el cadáver”.

Claro que no, estaba en el Cereso. Y, como suponen las investigaciones, “El Nike” actuó como coordinador de un plagio ejecutado en el exterior del penal por varias personas, entre ellas su padre, Rubén C.R, pero ni el mínimo elemento para alcanzar el estándar requerido en esta parte del proceso aportó el MP.

Ni modo que los investigadores desconozcan que, con los elementos aportados, no se satisface el segundo componente exigido por el artículo 316, fracción III y 311 (la forma de intervención en el delito) del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Sería gravísimo que lo desconocieran y por ello pretendieran quemar al juez en leña verde sin reparar en la escasa calidad de sus investigaciones.

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En la nueva composición del Poder Judicial, traída por la reforma que cobró vigencia hace más de un año, cada órgano que lo integra presentó su informe de labores de este primer periodo de gestión, el cual se cumple exactamente el primero de septiembre.

Primero arrancó la semana pasada el Órgano de Administración Judicial, encabezado por la exmagistrada Karla Esmeralda Reyes Orozco e integrado por los comisionados Luisa Fernanda Márquez, Eduardo Zacarías Gómez, Minerva Correa y Judith Ávila Burciaga.

Le siguió después, sin hacer ruido, el Tribunal de Disciplina Judicial, que preside Francisco Acosta Molina e integran además el magistrado Luis Daniel Meza y las magistradas Jazmín Alanís Reza, Yadira Gramer Quiñónez y Nancy Escárcega Valenzuela.

Esta semana, el miércoles, toca el turno del informe general al Tribunal Superior de Justicia del Estado, que sesionará en pleno encabezado por la magistrada Marcela Herrera Sandoval, en el Centro de Exposiciones y Convenciones, a donde se espera la asistencia de la gobernadora Maru Campos y de la representación del Legislativo.

En este nuevo modelo, en apariencia son tres poderes dentro del Poder Judicial, pero cada uno tiene sus funciones y atribuciones que, políticamente, giran en torno a las decisiones colegiadas del pleno de los magistrados del TSJE. De ahí su relevancia como la cabeza principal.

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Entre otras razones por las cuales hubo cierto desencanto con el Consejo Coordinador Empresarial, fue que algunas decisiones como dar el aval a decisiones de obra pública, no eran consensadas entre la membresía.

El resultado fue que varios organismos decidieron salir, como ya se estableció anteriormente. Es más, hoy se sabe que eran por lo menos dos quizá tres personajes los que cocinaban por fuera las cosas y al interior ya nomás eran llevadas para darles el “Sí”.

Los ejemplos de esas decisiones sobran, pero el tema viene al caso porque ahora se comenta entre algunos líderes, que Ciudad Juárez requiere una unión empresarial con enfoque más técnico que dé el “Sí”, pero con información profesional y no sacada del corazón o de un interés particular.

El planteamiento, entonces, no parece ser desaparecer la representación empresarial, sino profesionalizarla. Ciudad Juárez necesita un organismo que pueda decir “sí” cuando los proyectos tengan sustento, pero también que pueda decir “no” cuando los números, los estudios técnicos o el impacto económico indiquen lo contrario.

Un consejo empresarial con capacidad para analizar, cuestionar y proponer, donde las decisiones no se cocinen primero entre unos cuantos, para después buscarles el aval, sino que se construyan con información, especialistas y consenso.

Ello en virtud de que para aplaudir decisiones ya tomadas no hace falta un consejo empresarial; hace falta una porra.

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No completó ni un día Rubén Rocha Moya en su auto regreso a la gubernatura de Sinaloa, porque todo el sistema de la 4T, incluida la propia Presidenta, Morena y los gobernadores guindas manifestaron públicamente su repudio al intento restauracionista.

Sin embargo el daño ya estaba hecho: por una parte resucita la exigencia del gobierno de Estados Unidos de que se le extradite por sus supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa, a la vez que evidencia una pugna cada vez más evidente en la cúpula del poder, entre los seguidores de Claudia Sheinbaum y los de su padrino Andrés Manuel López Obrador.

Es, adicionalmente, un tema que la oposición no dejará pasar en la antesala de las elecciones del 2027: la de un régimen, el morenista, que protege a sus narcopoliticos.

En el caso de Estados Unidos, el mismo sábado que Rocha Moya ya andaba encabezando actos públicos, el exdirector de la DEA, Derek Mark, exigió a Omar García Harfuch, la aprehensión y traslado del gobernador sinaloense.

A nivel interno de Morena hubo reacciones interesantes que denotan el cisma interno que se padece y que es más evidente entre sus legisladores.

Es el caso del senador, Gerardo Fernández Noroña, que se le fue a la yugular al coordinador de los diputados, Ricardo Monreal, por conminar a Rocha Moya a solicitar licencia para no perjudicar la imagen de la Presidenta Sheinbaum.

A su vez, una vez que el imputado solicitó licencia, el coordinador de los senadores, Ignacio Mier, declaró que con esta decisión, el sinaloense “honra su trayectoria”. Para colmo, Enrique Insunza, también con la exigencia norteamericana de ser extraditado, anuncia que regresará al Senado.

Dos hechos podrían estar relacionados: la desaforada carta de Andy López Beltrán a Donald Trump, tras el retiro de su visa. Y el intento fallido de Rubén Rocha: en ninguno de los dos casos la presidenta había sido informada previamente, o por lo menos eso declaró.

Luego entonces surge la especulación: ¿ambas fueron ideadas por el fundador de la 4T desde su rancho en La Chingada? ¿Lo hace porque ya siente pasos en la azotea? Sobran especulaciones de este tipo.

A nivel local, por cierto, Cruz Pérez Cuéllar calificó como una "imprudencia muy grande y un error" el intento de regreso de Rocha Moya.