-Acá “quieren” a “El Flaco” por delincuencia organizada
-Mala justificación del PT para suspender evento
-El derrumbe de un escudo corralista
-Lo caro de la permanencia en el CCE
Según esto, agentes de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) han blindado toda la frontera en espera de que sea deportado acaso el máximo jefe del Cártel de Sinaloa en el estado de Chihuahua durante la etapa de la guerra 2007-2011, Noel “El Flaco” Salgueiro.
Es un hecho que el líder delictivo concluyó su condena en los Estados Unidos y que dejó una prisión de Florida, donde estuvo por algo así como seis años. Sus seguidores en Juárez y el resto del estado afirman que regresó al estado y ha empezado a retomar el control que tenía depositado en manos de su amplia parentela; hermanos, sobrinos, tíos...que han mantenido una gran influencia para el Cártel de Sinaloa desde la capital del estado hasta las colindancias con Durango y Sinaloa.
Pero en la FEMDO tienen otros datos. Aseguran que es mercadotecnia para despistar al enemigo eso de que Salgueiro está de regreso en Chihuahua, y hasta en Juárez, pues el gobierno de Estados Unidos debe entregarlo a la FGR cuya FEMDO debe continuar los procesos penales que quedaron pendientes en México al ser extraditado con los vecinos.
Presumiblemente tiene varios expedientes abiertos en materia de delincuencia organizada, incluido uno que contempla el asesinato de Mario González, hermano de la exprocuradora de Justicia 2004-2010, Patricia González.
Ese dato sobre su real estatus es sustancial para la entidad, debiera la federación transparentarlo, pues no hay duda que su regreso marcará una nueva etapa en el ambiente delictivo de la entidad y no será precisamente para su disminución.
Complica más ese regreso ahora con el Cártel de Juárez denominado como organización terrorista por los Estados Unidos.
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Muy malita la salida de la diputada federal del PT, Lilia Aguilar, para justificar la suspensión del evento apoteósico de apoyo que tenía programado para apoyar este fin de semana en Juárez a la senadora, Andrea Chávez.
Colmaría de seguidores el centro de la ciudad pero ayer echó marcha atrás para “no interferir” con el primer levantamiento de la encuesta de Morena que “definirá” la candidatura a gobernador(a).
Primero, fue una mentirilla, Chihuahua no está en período de encuesta porque no hay más de cinco precandidatos; y dos, hubiera sido al contrario, pues precisamente un centro rebosante ayudaría a fortalecer el proyecto de su precandidata.
La realidad es que el PT de Lilia no trae gente en Juárez ni para llenar la sala de una vivienda del Infonavit, así que prefirió no exponer a su abanderada. Con otra, el plan era traer gente del PT-CDP de otros municipios pero sus líderes dijeron nanay, con Lilia ni a la esquina...
Ya veremos en Chihuahua capital, parece que allá sí trae un poquitín más de seguidores. Ya veremos.
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La renuncia de Ulises Lara al pretencioso cargo de “fiscal de Asuntos Relevantes” de la FGR fue de esas dimisiones que obligan a leer entrelíneas. Obviamente no fue por meros “motivos personales” como él dijo.
Es relevante nacional y localmente no porque se trate de un jurista brillante, sino porque se convirtió en uno de los principales operadores políticos de las fiscalías controladas por la 4T. Su salida de la Fiscalía General de la República fue sorpresiva, aunque en medio de un escándalo que explicaría el corte de otras tantas cabezas.
Distintas versiones apuntan al manejo del caso de Mauro Alberto Núñez Ojeda, “El Jando”, el piloto relacionado con el traslado ilegal de Ismael "El Mayo" Zambada a Estados Unidos.
El expediente terminó convirtiéndose en un nuevo ejemplo de la incapacidad institucional para explicar cómo uno de los episodios más delicados en materia de seguridad escapó por completo del control mexicano.
Pero reducir la salida de Lara a ese episodio sería perder de vista el fondo. Nunca destacó por construir grandes investigaciones ni por consolidar una carrera ministerial ejemplar. Su peso estuvo en el terreno político.
En Chihuahua ese nombre difícilmente puede pasar inadvertido. Fue Lara quien intervino para impedir que agentes de la Fiscalía Anticorrupción detuvieran en 2024 al exgobernador Javier Corral en la Ciudad de México, un episodio cuestionable, como muchos, de la procuración de justicia.
Después vendrían otros expedientes sensibles en los que su presencia volvió a hacerse visible: la captura de César Duarte apenas iniciada la gestión de Ernestina Godoy al frente de la FGR, las investigaciones relacionadas con Rubén Rocha Moya y las investigaciones inconclusas y sesgadas tras la muerte de agentes estadounidenses en territorio chihuahuense.
Más que fiscal, Lara fue un puente entre las decisiones jurídicas y las conveniencias políticas; por eso su renuncia tiene una dimensión distinta, no la de una simple salida, sino la de una desaparición de una pieza dentro de un esquema donde la operación política y la procuración de justicia van de la mano.
Difícilmente desaparecerá de la administración pública, alguna protección tendrá el cuidador de Corral, pero el senador morenista de negra memoria en Chihuahua pierde a uno de los personajes que, en el momento más delicado de su situación jurídica, demostró que las decisiones políticas podían imponerse incluso sobre los procedimientos ministeriales.
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Detrás de la salida de organismos del Centro Coordinador Empresarial (CCE), además de las naturales diferencias que se presentan ahí, también está el factor económico y la dificultad de los socios por pagar la membresía.
La permanencia en el CCE no es gratuita. Cada uno de los asociados debe pagar 12 mil pesos mensuales que, al año, suman 144 mil pesos, solo por el lugar que ocupan en la mesa.
Considerando que algunas asociaciones y cámaras batallan por dinero para sostenerse a sí mismas, pues les resultaba complicado destinar 12 mil pesos al mes para sostener al Consejo Coordinador.
Así que no es fácil estar gastando tal cantidad de dinero, si cada uno en lo individual no lograba sus objetivos gremiales o de sus representados. Quizá y hasta sea más sano que el CCE adelgace y los que se fueron, trabajen por fuera de manera independiente con metas que no se frenen con peso muerto.
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Lo que se respira en estos momentos en tribunales es ansiedad por el período vacacional, que en algunos de ellos ya empezaron, y en otros solo restan unos días para que luzcan más muertos que panteón.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, TFJA, desde el lunes ya está de vacaciones y regresan el tres de agosto; también del ámbito federal, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje junto con los juzgados federales y colegiados, salen hoy y regresan ese primer lunes del próximo mes.
En lo local, de lo que investigamos, el Tribunal Superior de Justicia, con sus juzgados y salas, inician vacaciones hasta el próximo lunes, para regresar también al arrancar agosto, prácticamente junto con todo el aparato del gobierno del estado.
El ministerio público local y federal saldrá de manera escalonada, en función de que siempre hay guardias, igual que en juzgados de amparo y tribunales penales y familiares.
