-El "no me doblo" lo pone entre Almoloya y Aquiles

-¿Coordinadas o confrontadas FGE y la FGR?

--Cancela Bonilla asistencia al maratón juarense

-Pone Arias a Cruz con 44 puntos a favor

En la cronología reciente de la casi sangrienta lucha interna panista, el martes de la semana pasada hubo rebelión de militantes en una junta del Comité Municipal de Chihuahua, tras la cual se soltaron los demonios albiazules hasta derivar en el sabadazo jurídico y político para el exfiscal general del Estado, César Jáuregui.

Tras la protesta de los panistas en la capital, el miércoles desapareció de los escenarios el aspirante a la candidatura para la alcaldía capitalina bendecido por Palacio de Gobierno, Santiago de la Peña, al tiempo que surgían amenazas cada vez más directas para Jáuregui Moreno, quien el jueves salió a decir en video que no lo doblarían y le daría hasta donde topara.

Y topó el sábado en la mañana: en la avenida La Cantera de Chihuahua fue detenido por ministeriales estatales, los que antes eran sus tropas; de forma previa a la audiencia ante el juzgador requirente, Luis Alberto Simental Ortega, el ingeniero encargado de la Fiscalía del Estado, Gilberto Loya, salió a dar los detalles técnicos de la detención, como si fueran suficientes para ocultar la pesadísima carga política.

La aplicada a Jáuregui fue una medida drástica, de mano pesada, como si el exfiscal no hubiera andado todos los días en reuniones en la capital y de casa en casa; como si no hubiera sido más fácil mandarle un simple citatorio para, primero, llamarlo a declarar, como lo hizo la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado mes de mayo, dándole oportunidad de defenderse, aunque lo cambió de testigo a imputado sin avisarle.

Eso lleva a pensar que no había caído en gracia el activismo de Jáuregui y de todo su equipo, ni a nivel federal, donde había iniciado con la causa; ni a nivel estatal, donde la que manda en Palacio de Gobierno, Maru Campos, debió emitir el fuerte mensaje de autoridad que representó la detención de Jáuregui.

Previo al sábado, el viernes, la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez y el secretario nacional de Elecciones, Luis Olmedo, soltaron el dato de que estaba por salir la convocatoria para elegir candidatos a alcaldes y, por el tono del anuncio, fue tomado como una señal de que el albiazul sería forzado a ir con De la Peña desde una imposición o ya habría una tercera vía en esa nominación por la capital, pero Jáuregui estaba descartado.

Por ese contexto y la relevancia del caso Chihuahua en la elección estatal -en la que va por delante la cara de Marco Bonilla como candidato- la detención fue un bombazo para el panismo de toda la entidad, al que le preocupa cómo podría fracturar el proyecto 2027 esa pugna en la sede del poder político.

Ese fue el primer manotazo casi mortal para Jáuregui, con un sesgo político azul imposible de ocultar.

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La idea de un acuerdo político de la cúpula blanquiazul con la 4T se fortalece porque, precisamente por la noche del mismo sábado, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, le hizo el uno-dos al aspirante a fiscal estatal autónomo, Gilberto Loya Chávez.

Godoy Ramos anunció que también el Ministerio Público Federal le había ejecutado orden de aprehensión a Jáuregui, nada más y nada menos que por el delito de traición a la patria.

Así, tan grave como suena, por lo del mundialmente conocido caso del narcolaboratorio del municipio de Morelos con intromisión de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

Los agentes de la FGR acudieron a la Ciudad Judicial de Chihuahua, como si se hubieran sincronizado con los agentes de la FGE. Por ello la audiencia de control a la que fue llevado el exfiscal se retrasó poco a poco, de las dos a las tres de la tarde, luego a las cinco, a las seis y hasta la siete y media, cuando por fin comenzó, para luego declararse en receso hasta ayer domingo, cuando reinició pasadas las 10 de la mañana.

Abona a la idea del acuerdo político el hecho de que los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos, de los que acusó la FGE a Jáuregui, serían insuficientes para mandarlo a prisión preventiva (e impedirle participar por la candidatura para presidente municipal), pero ya sumándole traición a la patria el exfiscal quedó con un pie en Aquiles Serdán y el otro en el Cefereso del Altiplano.

Porque si los panistas, pesaditos y todo como son, primero se pusieron a pelear con Morena para defender las acciones contra el narcolaboratorio y luego contradictoriamente le pusieron la cazadora a Jáuregui para sacarlo del camino; los morenistas no van a tentarse el corazón para enviarlo a una prisión federal, haciéndole penales infracciones que, posiblemente, para un aliado de la 4T no pasarían de ser meras bronquitas administrativas.

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En medio de la crisis panista que representó el proceso contra Jáuregui, el virtual candidato a la gubernatura por el PAN, Marco Bonilla, canceló su participación en el Maratón Internacional de Juárez realizado ayer, que correría para empaparse de sudor juarense.

El alcalde de la capital con licencia, dicen, no fue avisado por canales oficiales del golpe contra exfiscal de estado, como tampoco había sido notificado previamente, hace días, de la designación de Gilberto Loya como encargado de la Fiscalía General del Estado.

Llama la atención el dato de la falta de engranajes del Palacio de Gobierno con el proyecto panista estatal de Bonilla. Ciertamente los temas jurídicos, en lo formal no deben mezclarse con coyunturas políticas, pero en la realidad es imposible separar ambas agendas, hasta para los más ingenuos.

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Luis Octavio Arias, director de la encuestadora Arias Consultores, debió dedicarle un capítulo aparte al caso de Chihuahua, en una presentación de sus primeros levantamientos de opinión de los 17 estados en los que hay elecciones en 2027.

En la presentación oficial en redes del arrancadero electoral del país, mostró los números que dan ventaja en su mayoría a Morena, con ciertos estados en los que destaca el PAN y el Partido Verde, pero específicamente dejó el caso estatal para un análisis más completo por separado.

En su medición, Arias da a Cruz Pérez Cuéllar un 44.3 por ciento y a Marco Bonilla un 25.2 por ciento; también mide al diputado federal Tony Meléndez por el PRI, con menos de ocho puntos y Alfredo “El Caballo” Lozoya, de Movimiento Ciudadano, con menos de cuatro por ciento.

Según el estudio, también hay un 19 por ciento de indecisos, una cifra alta que puede volver determinante a este factor conforme avance la contienda electoral, una vez que acabe el ruido dentro de los partidos y los principales contendientes puedan arrancar, con unidad o facturas en sus respectivas casas.

Con esos números, el morenista podría alcanzar cerca del 50 por ciento de las preferencias efectivas, con la suma de los puntitos del Verde y del Partido del Trabajo, si es que este último acaba por alinearse a un proyecto estatal de la 4T, a pesar de los berrinches que sus líderes han hecho por la designación de Morena.

En tanto, el panista Bonilla Mendoza podría crecer hasta los 33 puntos, de concretarse la alianza con el tricolor, posibilidad que se da por un hecho dado que Meléndez no quiere ser candidato y los priistas saben que necesitan coaligarse con el PAN para subsistir.

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Hay ahora una apuesta importante de obra pública que puede dejar infraestructura necesaria, pero también encierra un riesgo: que las molestias de hoy terminen pesando más que los beneficios prometidos para mañana.

En Ciudad Juárez donde el tráfico ya es un problema cotidiano, más cierres, desviaciones, retrasos y trabajos mal coordinados pueden convertir una buena intención en un dolor de cabeza para miles de ciudadanos.

Ahí está el antecedente de Jorge Ramos Hernández, quien como alcalde de Tijuana impulsó el Programa Integral de Repavimentación (PIRE). Las obras fueron de gran escala, pero también provocaron molestias entre automovilistas.

En 2010, el PAN perdió la alcaldía frente al PRI. Sería aventurado atribuir aquella derrota exclusivamente al caos vial, pero la experiencia deja una advertencia: la obra pública también tiene un costo político cuando la ejecución afecta demasiado la vida diaria de la población.

Por eso, el Fideicomiso de Puentes Fronterizos no tiene margen de error: no basta con inaugurar obras ni presumir metros de pavimento; hay que terminarlas a tiempo, coordinar los frentes de trabajo, señalizar correctamente y mantener informada a la ciudadanía.

En política, el beneficio de una obra puede tardar en sentirse, pero el enojo por quedar atrapado en el tráfico aparece desde el primer día. Y ese sí se acumula rápido.