¿A quién le debe lealtad un representante electo? La respuesta tendría que ser sencilla: a la ciudadanía. Sin embargo, basta observar cómo se toman muchas decisiones públicas para advertir que las prioridades suelen acomodarse de otra manera. Primero aparece la dirigencia, después el cálculo electoral y, cuando queda espacio, las necesidades de quienes hicieron posible llegar al cargo.

El pasado 21 de septiembre, Alejandro Jiménez renunció a su partido político y se declaró “regidor ciudadano”. Su decisión merece reconocimiento porque reivindica una responsabilidad que debería orientar a todo representante: servir a la ciudadanía por encima de los intereses partidistas.

Los partidos tienen una función legítima: organizar propuestas, impulsar candidaturas y ofrecer proyectos de gobierno. Quien vota también elige ideas y compromisos. Pero una plataforma electoral no equivale a un permiso para que las dirigencias dispongan de cada voto en el Cabildo o en el Congreso. La afinidad política puede orientar una decisión; nunca debería sustituir el análisis de sus consecuencias para la población.

Cuando un dirigente exige que sus regidores o legisladores voten como él dispone, trata la representación pública como una propiedad del partido. Y cuando el representante obedece sin explicar ni discutir, acepta esa apropiación. Resulta un descaro pedir confianza ciudadana durante la campaña para después justificar las decisiones con una instrucción partidista. ¿Dónde queda entonces el compromiso con los electores?

La distancia se vuelve visible cuando terminan las campañas. Se cierran las puertas que antes tocaban, las llamadas dejan de responderse y las colonias desaparecen de la agenda, salvo cuando ofrecen una fotografía conveniente. El ciudadano pasa de ser indispensable para conseguir el puesto a convertirse en una molestia cuando exige resultados.

Quien ocupa un cargo representa también a quienes votaron por otra opción, anularon su voto o no acudieron a las urnas. Juárez reúne convicciones distintas y necesidades compartidas. El alumbrado, la seguridad y el uso responsable del presupuesto afectan a todos. Nadie tendría que demostrar simpatía partidista para ser escuchado, ni aceptar que su colonia espere porque no resulta electoralmente rentable.

Necesitamos regidores y legisladores que mantengan una relación efectiva con las comunidades que representan. Que regresen a sus distritos, escuchen objeciones y expliquen sus votos con argumentos que podamos evaluar. Aquí el reto esta en que llamarse ciudadano, independiente o cercano a la gente no basta. Tampoco renunciar a un partido garantiza autonomía: esta se demuestra al defender una decisión razonada, incluso cuando incomoda a los propios aliados.

A nosotros nos corresponde dejar de premiar la obediencia cuando favorece al partido que preferimos y condenarla solamente cuando beneficia al adversario. Podemos revisar votaciones, solicitar información, acudir a sesiones públicas y organizarnos con nuestros vecinos para exigir respuestas. Conviene preguntar qué problema atiende cada decisión, a quién beneficia y cuánto cuesta.

El voto otorga poder, pero también establece una responsabilidad que dura todo el encargo. No tenemos por qué esperar a la siguiente campaña para reclamarla. Si aceptamos que los partidos sean dueños de los cargos, terminaremos siendo espectadores de decisiones que afectan nuestra vida. Exijamos representantes capaces de responder ante la ciudadanía. La confianza que reciben no les pertenece, tienen que honrarla todos los días.