El ex juez Joel Cano, de 67 años, detenido por autoridades migratorias bajo sospecha de haber albergado a presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, aseguró que nunca habría expuesto a sus nietos al peligro si hubiera tenido indicios de que los inmigrantes en su casa representaban una amenaza.
Cano, quien fue juez magistrado del Condado de Doña Ana, y su esposa, Nancy Cano, de 68 años, fueron arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) luego de que una denuncia anónima los señalara por dar refugio a inmigrantes indocumentados presuntamente ligados a la peligrosa banda criminal. Ambos enfrentan cargos por manipulación de evidencia, según los registros carcelarios.
En una carta de renuncia enviada tras el operativo federal realizado en su vivienda en Las Cruces, Cano se defendió enérgicamente: “La primera vez que escuché que los muchachos podían tener alguna relación con el Tren de Aragua fue cuando los agentes me lo dijeron el día del allanamiento”.
El ex juez explicó que todos los inmigrantes tenían papeles que indicaban que no eran sujetos a deportación y que tenían fechas asignadas para audiencias de asilo. Cano también señaló que jamás habría puesto en riesgo a su familia: “Tengo tres nietos a quienes amo profundamente. Tienen 15, 8 y 6 años. No hay forma en el mundo en que yo hubiera permitido que tuvieran contacto con los muchachos si hubiera percibido algún peligro”.
La investigación se remonta a enero de 2025, cuando ICE recibió un aviso de que un ciudadano venezolano indocumentado y presunto miembro de una pandilla estaba viviendo en la propiedad de los Cano y tenía acceso a armas de fuego. En un operativo realizado el 28 de febrero, las autoridades incautaron cuatro armas y detuvieron a tres inmigrantes.
Uno de ellos, Cristhian Ortega-López, trabajó instalando una puerta de vidrio para Nancy Cano en 2023 y posteriormente fue alojado en una pequeña casa (la casita) en la propiedad después de ser desalojado de su apartamento en 2024. Documentos judiciales indican que tuvo acceso a armas y publicó fotos armado en redes sociales. Además, ICE citó tatuajes, gestos de manos y vestimenta como indicios de presunta afiliación al Tren de Aragua.
Mientras el Gobierno federal sigue utilizando la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar deportaciones masivas de venezolanos, la defensa de Cano insiste en que el ex juez actuó de buena fe y que, de haber conocido algún vínculo criminal, jamás habría puesto en riesgo la seguridad de sus nietos.
