Washington— La estrategia contra las drogas de la Administración Trump comenzó con planes para atacar a los cárteles mexicanos, pero terminó en una campaña militar sin precedentes de ataques letales contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico oriental, según reveló The Washington Post en un extenso reportaje publicado el martes.
Stephen Miller, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump y arquitecto de sus políticas migratorias, encabezó durante los primeros meses de la administración discusiones para iniciar una “nueva guerra contra las drogas” mediante ataques contra cárteles y presuntos traficantes en México, informó el diario con base en fuentes de funcionarios actuales y anteriores del Gobierno.
Sin embargo, cuando las operaciones militares mexicanas comenzaron a contener la actividad de los cárteles al Sur de la frontera, Miller y su equipo tuvieron que buscar otro objetivo. “Cuando esperas y confías en que algo se desarrolle y no sucede, empiezas a mirar países al Sur de México”, dijo al Post un funcionario actual que habló bajo condición de anonimato.
La campaña que emergió ha resultado en al menos 26 ataques contra embarcaciones, con un saldo de al menos 99 personas muertas desde el 2 de septiembre, según el reporte. El Pentágono no ha identificado públicamente a las víctimas, y no está claro si ha recopilado la inteligencia necesaria para hacerlo.
Un marco legal cuestionado
La operación se sustenta en tres documentos clave: una directiva presidencial clasificada firmada el 25 de julio que autorizó el uso de fuerza letal contra dos docenas de grupos criminales extranjeros; una “orden de ejecución” emitida por el secretario de Defensa Pete Hegseth el 5 de agosto con criterios de selección de objetivos; y un memorando de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia firmado hasta el 5 de septiembre –tres días después del primer ataque.
El memorando legal, según el senador Mark Kelly, demócrata por Arizona y miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, argumenta que los grupos de narcotráfico representan una amenaza para Estados Unidos similar a la de una nación extranjera intentando invadir el país.
La orden de ejecución adopta criterios de selección de objetivos del lenguaje usado en la campaña anti-terrorista contra al-Qaeda y el Estado Islámico. Requiere “certeza razonable” de que hombres adultos son miembros o están afiliados con una “organización terrorista designada”, en lugar de la identificación positiva requerida tradicionalmente. Para mitigar daño a civiles, exige “casi certeza” de que no hay mujeres, niños o civiles presentes.
“La administración parece haber autorizado una campaña contra civiles y presuntos criminales que ahora está estirando los límites del derecho internacional de tal manera que ahora es totalmente irreconocible”, dijo al Post Todd Huntley, ex abogado militar que asesoró a las Fuerzas de Operaciones Especiales durante siete años.
De México a Venezuela
El cambio de enfoque coincidió con el objetivo de larga data del secretario de Estado, Marco Rubio, de forzar la salida del poder del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien Trump ha acusado de supervisar “narco-terroristas” que atacan a Estados Unidos.
En agosto, Rubio y el Departamento de Justicia duplicaron a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, citando una acusación por corrupción y narcotráfico de la primera Administración Trump.
Trump afirmó en redes sociales el día del primer ataque que las fuerzas militares estadounidenses habían eliminado a 11 miembros “positivamente identificados” de la organización venezolana ‘Tren de Aragua’. Sin embargo, el almirante Frank M. Bradley, comandante a cargo de esa operación, informó esta semana a legisladores que el Ejército sabía que uno de los 11 era miembro de ‘Tren de Aragua’ y los otros 10 eran “afiliados”, según tres funcionarios estadounidenses citados por el Post.
Diferencias con operaciones anti-terroristas previas
A diferencia de las campañas contra al-Qaeda y el Estado Islámico, que contaban con autorización explícita del Congreso tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, la actual operación carece de dicha aprobación legislativa.
Expertos consultados por el Post señalaron que las operaciones anti-terroristas anteriores típicamente requerían confirmación mediante dos fuentes de inteligencia y una “identificación positiva del individuo” antes de autorizar ataques letales. En contraste, la evaluación de “afiliación” en la campaña actual se basa en factores como la presencia de drogas a bordo, la ruta de la embarcación e interceptaciones de comunicaciones.
“La idea de que un Gobierno mataría personas con base en ‘certeza razonable’ de que son miembros de un cártel de drogas está más allá de lo aceptable. Cualquier organismo de la ONU encontraría que es una violación grave de los derechos humanos”, dijo Ryan Goodman, ex asesor especial del Pentágono que trabajó en temas de selección de objetivos anti-terroristas durante la administración Obama.
El presidente Trump ha sugerido esta semana que la campaña se está ampliando. “Eliminamos el 96 por ciento de las drogas que entraban por agua”, dijo el viernes en la Oficina Oval. “Y ahora estamos comenzando por tierra, y por tierra es mucho más fácil, y eso va a empezar a suceder”.
