Colectivos comunitarios del área del Chamizal intensificaron su movilización para impedir que líderes empresariales y funcionarios gubernamentales de ambos lados de la frontera reviertan la decisión federal de retirar la carga comercial del Puente Internacional de las Américas (BOTA), una medida que fue avalada por autoridades de Estados Unidos al considerar que el tránsito de camiones representa una amenaza directa a la salud pública por los altos niveles de contaminación.

Familias Unidas del Chamizal y la Coalición Sembrando Esperanza denunciaron que, pese a años de estudios científicos y análisis ambientales, sectores de la industria maquiladora y algunos representantes políticos han emprendido una ofensiva para presionar al Departamento de Estado y a otras instancias federales con el objetivo de mantener los camiones en el cruce internacional. Ante ello, las organizaciones reiteraron su exigencia: “¡Fuera las trocas del puente!”

“Nuestra comunidad luchó durante generaciones para sacar estos camiones del centro de la ciudad. Nunca debieron haber estado aquí”, afirmó Cemelli de Aztlán, de Familias Unidas del Chamizal.

Y agregó: “El Puente de las Américas no fue diseñado para soportar camiones tan pesados. Es un puente comunitario, otorgado por el Tratado del Chamizal en 1963, para la gente, no para que las maquiladoras crucen gratis y contaminen nuestros vecindarios”.

De acuerdo con los activistas, dicha resolución se basó en evidencia que demuestra los beneficios ambientales, económicos y de salud pública de sacar los camiones del centro de la ciudad, particularmente de una zona densamente poblada y rodeada de escuelas y viviendas.

Impacto en la salud pública

Las organizaciones señalaron que los camiones diésel, al permanecer detenidos con el motor encendido, generan emisiones contaminantes como partículas PM2.5 y ozono, sustancias para las que El Paso no cumple con los estándares federales de calidad del aire.

Indicaron que estos contaminantes han impactado de manera desproporcionada a comunidades de bajos ingresos, donde se registran mayores índices de asma, enfermedades respiratorias y padecimientos crónicos.

“Estos beneficios son particularmente importantes porque este es el único puerto comercial en la región que se encuentra cerca de cientos de miles de residentes que ya se ven afectados de manera desproporcionada por la contaminación de diversas fuentes y que, debido a sus bajos ingresos, son los menos capaces de afrontar su impacto perjudicial en su salud”, denunciaron.

El borrador del Estudio de Impacto Ambiental (EIS) concluye que, a diferencia de las otras dos opciones, la eliminación del tráfico de camiones resultará en beneficios “moderados a significativos a largo plazo” en cuanto a tráfico, seguridad, contaminación del aire, contaminación acústica y “salud pública/comunitaria u otros impactos ambientales relacionados”.

Oposición binacional

Mientras tanto, del lado mexicano, asociaciones empresariales como la ANIERM enviaron cartas a organismos internacionales, incluida la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), para oponerse a la eliminación del cruce comercial en BOTA.

Argumentaron que el traslado de los camiones podría desplazar la contaminación a otros puntos de la región fronteriza. Sin embargo, organizaciones locales calificaron estas acciones como un intento de proteger intereses económicos a costa de la salud comunitaria.

“La industria del lado mexicano nunca ha cumplido plenamente con sus obligaciones ambientales, y ahora pretenden hablar de tratados binacionales como si les importara el medio ambiente”, sostuvo de Aztlán. “Eso es doble moral”.

Fallo histórico bajo amenaza

Familias Unidas del Chamizal y la Coalición Sembrando Esperanza confirmaron que la Administración de Servicios Generales (GSA, siglas en inglés) emitió un fallo histórico para retirar los camiones comerciales del llamado Puente Libre.

Sin embargo, advirtieron que ese avance se encuentra nuevamente bajo amenaza debido a cartas y gestiones impulsadas por sectores de la industria maquiladora y algunos representantes políticos ante el Departamento de Estado.

Hilda Villegas, integrante de Familias Unidas del Chamizal, expresó que la oposición a la remoción de los camiones refleja una desconexión entre los intereses económicos y la vida humana.

“Estamos en estado de incredulidad ante el desprecio por la vida. La agenda de la industria maquiladora se basa en obtener ganancias explotando la tierra y la mano de obra, mientras ponen precio a la salud de nuestros hijos”, señaló. “Desde el TLCAN vimos un aumento exponencial del tráfico y hoy seguimos pagando las consecuencias con enfermedades respiratorias, asma y otros padecimientos”.

Protestas y movilización

La protesta del pasado 12 de diciembre, en la que participaron activistas de diversas organizaciones comunitarias, incluyó una vigilia y marchas simbólicas desde la Preparatoria Bowie hasta el Puente Libre, con mensajes centrados en la justicia ambiental y la protección de la niñez.

Las organizaciones celebraron que la GSA haya publicado una Declaración de Impacto Ambiental en la que se concluye que retirar los camiones traerá beneficios “moderados a significativos” a largo plazo en materia de tráfico, seguridad, ruido, calidad del aire y salud pública.

Afirmaron que esta victoria fue posible gracias a la presión constante de residentes de barrios históricamente afectados, quienes —aseguraron— demostraron que la organización comunitaria puede cambiar decisiones que parecían inamovibles.

“La industria maquiladora ha evadido el pago de peajes en el Puente Libre. No podemos seguir subsidiando sus ganancias corporativas ni las consecuencias de su contaminación, el daño a nuestras calles y los embotellamientos de tráfico en la I-10”, subrayaron los activistas.

De acuerdo con los manifestantes, la economía local ha sufrido las consecuencias de la contaminación, el tráfico, los accidentes, el almacenamiento de mercancías, el efecto de isla de calor y la interrupción general causada por los camiones de carga detenidos con el motor encendido en el centro de la ciudad.

Llamado a la acción

Ante tal situación, lanzaron un llamado y una invitación a la comunidad para que llame o envíe un correo electrónico al representante John Cornyn y a la GSA para exigirles que respeten el Acta de Decisión: Financiar la Alternativa de Acción Viable 4.

Finalmente, los colectivos reiteraron su llamado a la ciudadanía para mantenerse vigilante y participar activamente, al considerar que la resolución final marcará un precedente para la defensa de la salud y el medio ambiente en comunidades fronterizas. “La lucha no es solo por hoy, sino por las generaciones futuras”, concluyeron.