El descubrimiento de un sofisticado narcotúnel que conectaba Ciudad Juárez con el sistema de drenaje pluvial de El Paso, Texas, el 10 de enero de 2025, marcó un punto de inflexión en la estrategia binacional contra el crimen organizado transfronterizo. El hallazgo, producto de denuncias ciudadanas y un operativo conjunto entre autoridades mexicanas y estadounidenses, reveló la creciente sofisticación de las organizaciones criminales que operan en la región más transitada de la frontera entre México y Estados Unidos.

La estructura clandestina, con aproximadamente 40 metros de longitud, 1.8 metros de alto y 1.2 metros de ancho, estaba equipada con iluminación eléctrica, sistema de ventilación y vigas de madera para reforzar su estabilidad. Su entrada, oculta bajo una placa metálica en el boulevard IV Siglos de Juárez, desembocaba directamente en el alcantarillado de El Paso a través del cauce del Río Grande –conocido como Bravo en México–, a la altura del marcador internacional 28, detrás de la Plaza de la Mexicanidad.

Las investigaciones señalan que el túnel era utilizado para transportar cocaína y metanfetaminas, además de trasladar personas hacia Estados Unidos, con cobros que alcanzaban hasta 6,000 dólares por persona. Según las autoridades, el pasadizo permitía el tránsito de drogas, armas, dinero y migrantes sin ser detectados por los sistemas de vigilancia fronteriza, representando una amenaza directa a la seguridad nacional de ambos países.

Combate al tráfico

El descubrimiento del túnel desencadenó una respuesta inmediata y coordinada de múltiples agencias de seguridad. Del lado mexicano participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua. Por parte estadounidense, se involucraron la Patrulla Fronteriza, el FBI, la Administración de Control de Drogas y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional.

La investigación reveló que el túnel formaba parte de las operaciones de una Organización Criminal Transnacional adherida a “La Nueva Generación de la Empresa”, dedicada al tráfico de personas indocumentadas, que incluía logística completa desde el abordaje en Juárez hasta el transporte al destino final en Estados Unidos, coordinando casas de seguridad en ambos lados de la frontera.

La sofisticación de la estructura sugiere que su construcción no fue reciente. Expertos como Víctor Manjarrez, ex jefe de agentes de la Patrulla Fronteriza, señalaron que tal infraestructura requiere maquinaria pesada y tiempo considerable de trabajo en una zona de alto tránsito vehicular.

El análisis indica que el túnel probablemente era utilizado para transportar migrantes de alto valor que podían pagar entre 25,000 y 30,000 dólares, personas provenientes de China, Sudeste asiático o Europa, además del tráfico regular de narcóticos.

Este hallazgo trastocó significativamente la dinámica de operación de las bandas criminales en la región. Las autoridades intensificaron los operativos de búsqueda, implementando el modelo “Centinela-Chihuahua”, un esquema de colaboración interinstitucional y binacional diseñado para combatir el tráfico de sustancias y personas.

En febrero de 2025, agentes de la DEA, FBI y autoridades estatales mexicanas desplegaron operativos adicionales buscando un segundo túnel en la zona, lo que evidenció la magnitud del problema y la necesidad de mantener una vigilancia constante en toda la franja fronteriza.

Para junio de 2025, la investigación del túnel ya había resultado en la presentación de cargos formales contra dos personas en Cortes estadounidenses. Jason T. Stevens, agente especial de HSI en El Paso, confirmó durante una audiencia del Comité Judicial del Senado que el paso subterráneo permitía el tránsito clandestino de personas, armas, drogas y dinero sin ser detectados por las autoridades, destacando que dos personas podían caminar lado a lado dentro de la estructura.

Sellado binacional

El proceso de clausura del narcotúnel comenzó inmediatamente después de su descubrimiento y se extendió por varios meses, requiriendo coordinación meticulosa entre ambos países. El 27 de enero de 2025, la Dirección General de Obras Públicas de Ciudad Juárez informó que los trabajos de relleno tardarían aproximadamente cinco días, aunque el proceso completo resultó más complejo de lo anticipado.

Con apoyo de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, se utilizó maquinaria especializada para vaciar concreto desde el bordo mexicano, mientras las autoridades estadounidenses continuaron el proceso del otro lado del río. Los trabajos, realizados a la altura del marcador internacional 28, fueron encabezados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense y la Fiscalía General de la República mexicana.

Personal de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso indicó que el sellado consistió en múltiples etapas, comenzando con el análisis detallado y mapeo de toda la zona para asegurar que no existieran ramificaciones adicionales. El equipo especializado de Entrada a Espacios Confinados de la Patrulla Fronteriza fue fundamental en la inspección exhaustiva de la estructura antes de proceder con su clausura definitiva.

El hallazgo y posterior sellado del túnel marcó un precedente en la cooperación binacional contra el crimen organizado. Las autoridades mexicanas mantuvieron elementos de la Policía y el Ejército vigilando la entrada en Ciudad Juárez durante todo el proceso de clausura, mientras que del lado estadounidense se reforzó la vigilancia del sistema de drenaje pluvial para detectar cualquier intento de reapertura o construcción de nuevas estructuras similares.

Este descubrimiento subrayó la urgente necesidad de reforzar la seguridad en una región que enfrenta creciente presión por el control de actividades ilícitas. Ciudad Juárez, como una de las principales rutas migratorias y de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, requiere vigilancia constante y cooperación efectiva entre ambas naciones para inhibir el tráfico ilegal de personas y proteger a quienes intentan cruzar la frontera de ser explotados por grupos criminales que, año tras año, cobran un número importante de víctimas mortales en sus intentos de cruce irregular.

El narcotúnel de enero de 2025 demostró que las organizaciones criminales transnacionales continúan innovando en sus métodos para evadir la detección, pero también evidenció que la cooperación binacional y la participación ciudadana son herramientas fundamentales para desmantelar estas redes delictivas y proteger la seguridad de ambas naciones.