Sunland Park, NM– Las redadas realizadas por agentes federales en busca de indocumentados en los condados de El Paso (Texas) y Doña Ana (Nuevo México) han sembrado temor y ansiedad entre la comunidad migrante, residentes legales e incluso ciudadanos estadounidenses, quienes afirman haber sido víctimas de intimidación y discriminación por su aspecto “hispano”.
Según residentes de Sunland Park, la presencia de agentes de ICE, FBI y DEA se ha acercado cada vez más a vecindarios, negocios y a los alrededores de escuelas e iglesias.
“La propiedad privada no se respeta en estos operativos”, declaró Efrén Aguilar, ciudadano estadounidense y estilista de profesión. Aguilar, junto con su hermano y tres compañeros, fue interceptado por agentes federales fuera de su vivienda, ubicada en el Centro de Entrenamiento para Caballos Frontera, en el 1040 Frontera Road, Sunland Park, NM, en el Condado de Doña Ana.
“Nos percatamos de la presencia de los agentes en el lugar y, al vernos, se nos acercaron de inmediato; creo que por nuestra apariencia hispana, e intentaron interrogarnos y que les mostráramos nuestros documentos, pero no lo hicimos”, relató el joven de 24 años, nacido y criado en El Paso, Texas, junto con sus compañeros de vivienda.
Ante la irrupción, activó la cámara de video de su celular para documentar lo sucedido, lo que molestó a los oficiales de ICE y de la Patrulla Fronteriza, quienes pretendían interrogarlo para conocer su estatus migratorio. En la grabación se escucha: “Soy ciudadano estadounidense, nacido y criado en El Paso, Texas”.
“Consciente de los derechos que tenemos como ciudadanos y de que estábamos en nuestra residencia, y que no hicimos nada malo ni cometimos ningún delito, rechazamos darles esa información y se molestaron”, explicó Aguilar, quien en segundos se vio rodeado por más de una docena de agentes encapuchados y armados que sitiaron el granero.
Aguilar consideró ilegal la actuación de los agentes, ya que ingresaron a una propiedad privada sin identificarse y con el rostro cubierto. “¿Cómo quieren que me identifique si ellos mismos no se identifican?”, exclamó, mostrando su enojo, al igual que entrenadores, cuidadores y peluqueros de caballos que laboran en el Centro de Entrenamiento Frontera.
El incidente causó indignación cuando, al negarse a identificarse, uno de los agentes levantó su celular para enfocar el rostro de Aguilar y tomarle una fotografía. De inmediato, apareció una ficha con toda su información personal. “¡Cuánta tecnología!”, comentó asombrado.
Aguilar indicó que, al no lograr su objetivo, los agentes se retiraron de su vivienda, pero recorrieron varias cuadras del centro de entrenamiento. Observó que, al menos, se llevaron a una persona que atiende a los equinos; otros aseguraron que hubo más detenidos.
“Es algo que uno no se imagina hasta que te sucede en la vida real. Lo que está ocurriendo es triste, porque, así como dicen que están limpiando el país de inmigrantes, se está afectando a mucha gente trabajadora e inocente que lleva décadas laborando aquí”, afirmó Aguilar, exigiendo que se actúe con mayor cuidado y sensibilidad en cada operativo.
Al mismo tiempo, envió un mensaje a la comunidad: “A la raza mexicana les digo que no le tengan miedo, no se dejen intimidar. Es nuestro derecho no mostrar documentos, no hablar con ellos ni permitirles la entrada si no se ha hecho nada malo. Les recuerdo que no tienen por qué abrirles la puerta de sus casas, a menos que cuenten con una orden de cateo o arresto”.
‘Todos somos blanco de agentes’
“Ahora todos somos blanco de estos agentes, que piensan que por ser morenita, chaparrita y de pelo negro somos ilegales. No deben actuar en contra de nosotros por nuestro perfil racial”, manifestó, visiblemente molesta, la señora Irma, ciudadana estadounidense e hija de padres originarios de la ciudad de Puebla, México.
Ella, al igual que decenas de estadounidenses y residentes legales, declaró haber sufrido recientemente la revisión de un par de agentes que le exigieron documentos que acreditaran su estancia legal en el país mientras se encontraba en el estacionamiento de un centro comercial en la ciudad de Socorro.
“Me disponía a abrir la puerta de mi carro cuando se me acercaron los agentes de la agencia de Servicios y Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza para pedirme papeles de residencia. Fue una experiencia muy mala, porque me sentí intimidada y vulnerada en mis derechos”, relató la mujer, quien en ese momento sólo portaba su licencia de conducir.
Mencionó que, como nativa y criada en Estados Unidos, nunca había sufrido un ataque racial por parte de quienes se supone deben cumplir y hacer respetar las leyes. “Lo abordan a uno como si fuera un criminal. Ahora entiendo el miedo que sienten los extranjeros indefensos que viven en este país”, concluyó.
Desconcierto en la barbería
Otro incidente similar ocurrió en la barbería Oscar’s, ubicada en el 3123 Cypress, en la zona Sur de El Paso, generando miedo y desconcierto entre clientes, personal y el propio propietario del establecimiento. A pesar de solicitar a los agentes que abandonaran el lugar por carecer de orden judicial, éstos no atendieron su súplica e interrogaron a la clientela con apariencia de latinos mexicanos.
“Les preguntaron si estaban legalmente en Estados Unidos y si tenían permiso para estar aquí, y ellos no quisieron contestar nada, dada la manera prepotente con la que ingresaron al negocio”, denunció Oscar al reportero Josué Esquivel, de Telemundo 48 El Paso.
Al igual que otros comerciantes de la ciudad, temió que este tipo de irrupciones en su local afecte la imagen y la economía de su negocio. “Toda mi vida he luchado por mantener mi negocio con esmero y ofrecer un buen servicio, y que situaciones como ésta, y lo que está haciendo ICE, afecten mi economía, no es justo”, afirmó el empresario, quien también documentó en video la intervención.
Tanto autoridades de la Ciudad y del Condado como organizaciones defensoras de los derechos civiles han recomendado a la comunidad migrante asistir a talleres organizados por ellos, para informarse sobre materia legal y así hacer valer sus derechos constitucionales en caso de ser abordados por agentes federales, sin importar su situación migratoria.
