Según documentos judiciales, a Coronel-Fernandez se le imputa un cargo por colaborar en la introducción de personas sin autorización en Estados Unidos con fines de lucro, así como un cargo por conspiración para incitar y atraer a personas a ingresar a Estados Unidos con fines económicos. Los hechos que motivaron la investigación habrían ocurrido entre julio de 2015 y agosto de 2016.
El acusado fue procesado por un gran jurado federal en El Paso el 20 de noviembre de 2019. En caso de ser condenado, enfrentaría entre tres y diez años de prisión federal por el cargo de cooperación, y hasta diez años adicionales por el cargo de conspiración. La sentencia final quedará a cargo de un juez de distrito, quien evaluará las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
La Fiscal de Distrito en funciones para el Distrito Oeste de Texas, Margaret Leachman, anunció la extradición y destacó la colaboración de las autoridades mexicanas, quienes jugaron un papel crucial en la detención y entrega del acusado. La investigación ha sido conducida por el Departamento de Seguridad Nacional, en conjunto con la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, mientras que el Fiscal Asistente Richard Watts lidera la acusación.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos agradeció a sus socios en México por la cooperación prestada en esta operación, reiterando su compromiso en la lucha contra el tráfico de personas y otras actividades delictivas que afectan la seguridad de ambos países.
