Activistas pro derechos de los migrantes, políticos y distritos escolares se encuentran a la expectativa de las primeras acciones de Donald Trump, una vez que asuma la Presidencia de Estados Unidos, con respecto a sus amenazas de deportaciones masivas de indocumentados.
Esta incertidumbre ha generado un clima de tensión entre comunidades y organizaciones que buscan prepararse ante posibles cambios drásticos en la política migratoria.
En El Paso la organización Casa Anunciación, liderada por Rubén García, mantiene su compromiso de ofrecer hospitalidad a migrantes, inmigrantes y refugiados. García expresó que, aunque aún no está claro el rumbo que tomará la administración Trump, Casa Anunciación seguirá enfocada en su misión de atender a los migrantes liberados por la Patrulla Fronteriza.
“Vamos a tener que esperar”, señaló García, enfatizando que las leyes actuales limitan lo que un presidente puede hacer y subrayando la carga de trabajo que enfrentan las agencias federales involucradas en el procesamiento migratorio.
Donald Trump ha anunciado que planea firmar cerca de 100 órdenes ejecutivas en su primer día de mandato, incluyendo nuevas listas de deportaciones masivas y la cancelación de programas como los Estatus de Protección Temporal (TPS) y el Parole Humanitario.
Estas medidas han generado preocupación en los albergues locales, que temen una saturación si los deportados son llevados a sus instalaciones mientras se resuelve su situación migratoria. Actualmente, el Condado de El Paso cuenta con siete albergues destinados a la atención de migrantes.
García mencionó que ante esta situación es importante recordar dos cosas: Las leyes que limitan a un presidente de lo que puede y no hacer y el cúmulo de trabajo que tienen las diferentes agencias federales que procesan los casos y expedientes de migración.
Apuntó que como ha ocurrido en el pasado con los ex presidentes Obama, Bush y el propio Trump –y actualmente con Biden–, entre otros, que por mucho que intentaron o quisieron hacer no pudieron porque hay leyes que les impidieron hacer lo que pretendían y, no lo lograron.
“Ahora el presidente Trump puede tener la iniciativa de ir con el Congreso a pedirles que ellos pasen esta ley u otra ley, o que cambien esta ley o la otra, para que él pudiera tener más libertad en las acciones que él toma como presidente acerca de migración, pero hay leyes que van a limitar lo que él puede, o no puede hacer, así es que tenemos que mantener eso en mente”, detalló García.
Mencionó que otro aspecto es la carga de trabajo que tiene el personal de la Patrulla Fronteriza, Aduanas y Protección Fronteriza, el Departamento de Seguridad Nacional o del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) como para saturarlos aún más de tareas a cumplir.
“Todos estos departamentos no es como que han estado sentados allí haciendo nada, todos están muy ocupados”, expresó quien durante años ha participado en la defensa y la educación en torno a cuestiones de inmigración. “Ellos van a tener entonces que parar de hacer algo para tener el tiempo de enfocarse con el fin de realizar otra actividad”, añadió al referirse a las funciones de los agentes federales.
Consideran acciones legales
Por otro lado, los distritos escolares cercanos a la frontera, como el Distrito Escolar Independiente de Canutillo, se están preparando para posibles incursiones de las autoridades migratorias en los campus. Pedro Galaviz, superintendente del Distrito, destacó la política de protección hacia los estudiantes, indicando que recurrirán a acciones legales si fuera necesario.
Gustavo Reveles, miembro demócrata de la Junta Estatal de Educación, reiteró el compromiso del Distrito con la defensa de los derechos de los niños, independientemente de las circunstancias.
Trump ha dicho que sus prioridades para su segundo mandato incluyen poner fin a la ciudadanía garantizada para los hijos de padres indocumentados. Su administración tiene la intención de recortar una política que ha impedido durante mucho tiempo que las autoridades de inmigración realicen arrestos en los campus escolares. Con el respaldo de estados liderados por republicanos como Texas, el presidente entrante planea llamar a los soldados de la Guardia Nacional y a la Policía local para que ayuden a su administración con redadas radicales. Los representantes estatales locales también planean ayudar.
Alrededor de 1.6 millones de personas indocumentadas viven en Texas, cifra sólo superada por California, según Pew Research. De los aproximadamente 620 mil estudiantes indocumentados de escuelas públicas que viven en los Estados Unidos, alrededor de 111 mil consideran a Texas su hogar, según muestran los datos de la organización de defensa de la inmigración FWD.us.
Protestan vs nueva administración
En paralelo, cientos de personas se reunieron en El Paso para participar en la Marcha de las Mujeres, un evento nacional que se replicó en la Plaza San Jacinto el sábado previo a la toma de posesión de Trump. La manifestación, denominada localmente como “El Paso People’s Rally”, fue un espacio para que líderes comunitarios y ciudadanos expresaran su oposición a las políticas prometidas por la nueva administración.
La representante federal Verónica Escobar fue una de las oradoras destacadas, advirtiendo sobre los posibles efectos negativos de las decisiones de política pública de Trump en la comunidad de El Paso. “Todos en este país tienen ciertos derechos civiles, humanos y constitucionales, y debemos conocerlos, entenderlos y utilizarlos para protegernos a nosotros mismos y a quienes nos importan”, afirmó Escobar. También subrayó la importancia de estar preparados y organizados frente a los desafíos que puedan surgir.
El evento contó con la participación de varios líderes comunitarios, incluyendo al juez del Condado de El Paso, Ricardo Samaniego, quien enfatizó los valores de dignidad y solidaridad que caracterizan a la región. “En El Paso hacemos las cosas de manera muy diferente a la nueva administración. Queremos fronteras seguras, pero también dignidad para las personas”, declaró Samaniego.
La marcha, que culminó en la Plaza San Jacinto, también incluyó discursos sobre derechos de las mujeres, derechos de los inmigrantes y trabajadores, derechos LGBTQ, y el acceso al voto, entre otros temas.
Participantes como Charles Maddox y Diana Durón manifestaron su compromiso con la resistencia activa contra las políticas que consideran perjudiciales. “No nos rendiremos. Seguiremos luchando, participando y defendiendo los derechos de las personas”, declaró Durón, miembro del Comité Demócrata del Eastside.
El ambiente de la marcha estuvo marcado por la solidaridad y la determinación de las comunidades locales para enfrentar los retos que podrían presentarse durante el mandato de Trump.
