Catalina “Xóchitl” Santiago, beneficiaria de DACA en El Paso y quien ha estado bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante casi dos meses, fue liberada el miércoles por la tarde después de que una jueza federal ordenara su liberación.

La jueza federal de Distrito Kathleen Cardone concedió la petición de liberación de Santiago el miércoles, alegando que su arresto y detención continua violan sus derechos bajo la Cuarta y Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Cardone escribió en su orden que el único interés declarado del Gobierno en mantener a Santiago detenida era solicitar su deportación, aunque el Gobierno también admitió que su deportación es “inejecutable” porque está protegida por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

“Estaba muy contenta” cuando se enteró de la orden de liberación, según Christopher Benoit, abogado que representa a Santiago en el caso federal, quien la vio hoy.

Cardone ordenó la liberación de Santiago “a la mayor brevedad posible”, pero no después de las 4 p.m. del jueves 2 de octubre, y ordenó al Gobierno informar al tribunal la fecha y hora de su liberación. Fue liberada alrededor de las 5 p. m. del miércoles.

“Xóchitl es una organizadora comunitaria que representa lo mejor de El Paso y se encuentra detenida únicamente por haber sido traída a este país de niña”, declaró Benoit en un comunicado. “El Gobierno le hizo una promesa que les ha hecho a cientos de miles de otros beneficiarios de DACA: si salen de las sombras y se someten a una investigación exhaustiva durante los últimos trece años, pueden estar seguros de que no los detendremos solo por su estatus migratorio.

“El Gobierno rompió esta promesa con Xóchitl. Y el tribunal dejó claro hoy, basándose en los hechos, que no existe un ‘interés legítimo en su detención’ y, por lo tanto, es inconstitucional. Agradecemos la opinión razonada del tribunal, nos enorgullece representar a nuestra amiga y miembro de la comunidad, y esperamos con ansias finalmente traerla de regreso a casa”, afirma el comunicado.

El Departamento de Seguridad Nacional, que incluye a ICE, no ha respondido a una solicitud de comentarios de El Paso Matters.

La orden establece que la liberación es apropiada porque no ha habido ningún cambio en las circunstancias de Santiago desde su última renovación de DACA hasta abril de 2026 que indique que representa un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad.

Implementado en 2012 mediante una orden ejecutiva del entonces presidente Barack Obama, DACA brinda protección temporal contra la deportación a las personas que fueron traídas a Estados Unidos cuando eran niñas.

“Los demandados no presentaron ninguna prueba que indicara que Santiago haya puesto en peligro a nadie durante sus 20 años en libertad, incluidos sus 13 años bajo DACA”, escribió Cardone.

La semana pasada, Cardone extendió hasta el 7 de octubre una orden de restricción temporal que había emitido, la cual prohibía al Gobierno deportarla o expulsarla del Distrito Oeste de Texas. El 9 de septiembre, un juez de inmigración dio por terminado el proceso de deportación contra Santiago, y el Gobierno afirmó que apelaría la decisión.

Santiago, de 28 años, había sido recluida en el Centro de Procesamiento de Servicios de ICE El Paso, ubicado en la Avenida Montana, tras ser detenida el 3 de agosto por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza en el Aeropuerto Internacional de El Paso.

Originaria de México, Santiago reside en Estados Unidos desde los 8 años y obtuvo la protección de DACA en 2012. Es organizadora comunitaria y ha trabajado con varias organizaciones sin fines de lucro, incluyendo La Mujer Obrera. A principios de este año, se casó con una ciudadana estadounidense e inició un proceso que podría derivar en la ciudadanía. Para justificar la detención de Santiago, las autoridades citaron antecedentes penales por allanamiento de morada, narcóticos y parafernalia de drogas, aunque sus abogados señalan que muchos de esos cargos no resultaron en condenas o fueron desestimados, y no impidieron la renovación de su estatus de DACA.

Su detención provocó protestas públicas y demandas de su liberación.

Santiago es la segunda beneficiaria de DACA del área de El Paso en los últimos días a la que se le ordenó su liberación de la custodia de ICE.

Paulo Cesar Gamez Lira, beneficiario de DACA y padre de cuatro hijos ciudadanos estadounidenses, fue arrestado el 13 de agosto en Horizon City, y liberado de un centro de detención de Nuevo México el 24 de septiembre.

Según los documentos legales, acababa de entrar a su casa, con dos de sus hijos en el auto, cuando tres vehículos sin identificación le bloquearon el paso y siete hombres vestidos de civil, algunos enmascarados y armados, lo sacaron a la fuerza del auto. Resultó herido en el proceso. Antes de este arresto, Gamez Lira mantenía un estatus de DACA válido y había vivido en Estados Unidos desde su infancia.

Tras su arresto, Gamez Lira permaneció recluido en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero en Chaparral, Nuevo México, bajo custodia de ICE. Su equipo legal, que incluía a la ACLU de Nuevo México y al bufete Singleton Schreiber, presentó una petición de hábeas corpus impugnando la legalidad de su detención. La petición argumentaba que su detención era ilegal dadas las protecciones que le otorgaba DACA, y exigía su liberación inmediata.

En el tribunal, el Gobierno federal finalmente se negó a oponerse a su liberación. El juez federal de Distrito William P. Johnson en Albuquerque concedió la petición de hábeas corpus y ordenó la liberación de Gamez Lira tras 42 días bajo custodia de ICE.

Además de los argumentos legales, la justificación pública del Gobierno para su detención incluyó un arresto previo por posesión de mariguana, aunque sus abogados señalaron que los cargos se habían reducido a alteración del orden público y que estos asuntos no habían impedido sus anteriores renovaciones de DACA.