El Gobierno de Estados Unidos inició un nuevo cierre parcial tras el fracaso del Congreso en aprobar un acuerdo para financiar al país en el año fiscal 2026. La decisión se produjo después de que la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca advirtiera a las agencias federales que se prepararan para la parálisis administrativa, luego de que el Senado no lograra aprobar una resolución presupuestaria la noche del martes.
La falta de consenso entre republicanos y demócratas dejó a millones de trabajadores federales en la incertidumbre, incluidos los más de 18 mil empleados que laboran en El Paso y que se verán directamente afectados, según advirtió la congresista Veronica Escobar.
El martes, la representante demócrata por Texas calificó la postura de la mayoría republicana como una decisión irresponsable y sin precedentes.
“Lo que los republicanos han hecho esta vez es básicamente ignorar a los demócratas, y tienen una estrategia para actuar por su cuenta. Así que no ha habido ningún acuerdo. No ha habido negociaciones. Esto es muy inusual”, dijo Escobar.
La legisladora destacó que El Paso alberga miles de trabajadores esenciales, como agentes de la Patrulla Fronteriza, personal de la TSA en aeropuertos y empleados de los tribunales federales, quienes deberán seguir trabajando, pero sin recibir salario mientras dure el cierre.
“Muchos de ellos tendrán que cubrir gasolina, comida y cuidado infantil sin recibir ingresos. Esto generará una presión financiera inmediata en nuestras familias fronterizas”, añadió.
Su oficina anunció la coordinación con cooperativas de crédito locales para ofrecer préstamos sin interés y apoyo financiero a los afectados. Además, lanzó una convocatoria a la comunidad para compartir testimonios sobre los impactos del cierre, con el fin de visibilizar los efectos en el Congreso.
Antes del cierre, Escobar expresó su profunda preocupación por el impacto que tendrá el cierre del Gobierno federal en miles de familias de la frontera, al tiempo que lanzó un llamado a los residentes de su distrito para compartir sus experiencias y testimonios sobre cómo la crisis está afectando sus vidas.
“Quería contactarte para ver si tú o un ser querido se han visto afectados por el cierre del Gobierno. Mi equipo y yo estamos recopilando historias para hablar sobre los efectos reales y devastadores de este cierre”, señaló Escobar en un comunicado dirigido a su comunidad.
El representante demócrata Gabe Vasquez (NM-02) también criticó el fracaso legislativo, subrayando que la paralización golpeará con fuerza a comunidades rurales y familias trabajadoras en su estado.
“Este cierre perjudicará a millones de estadounidenses, pero en Nuevo México los daños serán aún más visibles si no se alcanza un consenso que proteja el acceso a la salud”, señaló.
Entre los impactos más preocupantes que mencionó destacan: Salud: Alrededor de 40 mil personas del distrito NM-02 podrían perder su cobertura médica. Además, ocho hospitales rurales están en riesgo de cerrar sus puertas, y los seguros familiares podrían enfrentar un incremento de casi 600 dólares al mes en sus primas.
Trabajadores y familias militares: Más de 22 mil empleados federales y otros 22 mil miembros del servicio activo y de reserva en el estado serían enviados a casa sin goce de sueldo o forzados a laborar sin pago.
Adultos mayores y veteranos: Programas esenciales como Medicare, Seguro Social y beneficios para veteranos enfrentarían retrasos en sus procesos, afectando a los más vulnerables.
Pequeños negocios y agricultores: Los préstamos de la Administración de Pequeños Negocios (SBA) y los programas de apoyo del USDA podrían detenerse, frenando proyectos y dejando en la incertidumbre al sector productivo.
Seguridad y transporte: El cierre obligaría a que controladores aéreos y agentes de TSA trabajen sin salario, lo que generaría retrasos en vuelos y pérdidas estimadas en mil millones de dólares por semana para la economía turística del país.
Familias en situación vulnerable: Miles de hogares que dependen del programa SNAP se verían expuestos a la inseguridad alimentaria si la crisis se prolonga.
Y finalmente el turismo: Parques nacionales emblemáticos como Carlsbad Caverns y White Sands cerrarían al público, golpeando la economía local que depende de la llegada de visitantes.
“No podemos permitir que se repita la historia de comunidades abandonadas y hospitales cerrados. Nuevo México merece estabilidad y acceso digno a la salud”, advirtió Vasquez.
Al mismo tiempo insistió en que los legisladores republicanos “se niegan a negociar y cancelan votos, poniendo en riesgo la estabilidad del país”, mientras que él reiteró su disposición para “trabajar de manera bipartidista en un presupuesto que funcione para los estadounidenses y proteja la salud de los neomexicanos”.
En paralelo al impacto económico y social, sindicatos nacionales presentaron una demanda contra la administración Trump-Vance, acusándola de utilizar el cierre para presionar a empleados federales.
La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE) y la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Condales y Municipales (AFSCME), representadas por Democracy Forward, argumentan que altos funcionarios del Ejecutivo violaron la ley al amenazar con despidos masivos.
“El presidente Trump está utilizando al servicio civil como moneda de cambio. Los trabajadores federales hacen el trabajo del pueblo, y manipular su sustento es cruel e ilegal”, declaró Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward.
Los sindicatos denunciaron que la llamada agenda del Proyecto 2025 representa un ataque directo contra programas comunitarios, organizaciones benéficas, universidades, jueces y empleados públicos que sostienen la seguridad y el bienestar del país.
El cierre del Gobierno, el décimo quinto en la historia de los Estados Unidos, se perfila como uno de los más complejos de los últimos años, con efectos que van desde retrasos en aeropuertos y cortes judiciales, hasta el riesgo de inseguridad alimentaria para miles de familias que dependen del programa SNAP.
Mientras tanto, las voces de legisladores como Escobar y Vasquez buscan visibilizar que, más allá del enfrentamiento político en Washington, la parálisis administrativa impacta de manera directa en los bolsillos, la salud y la estabilidad de comunidades fronterizas y rurales que dependen en gran medida de los recursos federales.
