Una intensa discusión en el Ayuntamiento de El Paso terminó este martes con la decisión del alcalde Renard Johnson de romper el empate y frenar una moción que buscaba revisar los acuerdos con la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), luego de la polémica por un video con contenido político que se proyecta en el Aeropuerto Internacional de El Paso.
El video, producido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y protagonizado por la secretaria Kristi Noem, culpa a los demócratas en el Congreso por el cierre del Gobierno federal y destaca que muchos empleados de la TSA trabajan “sin salario” debido a esa situación.
El mensaje se transmite en un área controlada por la TSA dentro del aeropuerto, lo que ha generado indignación entre varios funcionarios locales, quienes consideran que se trata de propaganda partidista en un espacio público.
Durante la sesión, la moción presentada ante el Cabildo proponía instruir al administrador y al abogado de la Ciudad a revisar los contratos y memorandos de entendimiento con la TSA, con el fin de determinar si el contenido del video violaba las políticas de neutralidad política de la Ciudad o sus acuerdos de operación con agencias federales.
Sin embargo, la propuesta quedó empatada en votos y fue detenida por el “no” del alcalde Johnson, quien justificó su decisión argumentando que la Ciudad no tiene autoridad sobre las áreas controladas por la TSA.
“Envié una carta al director de la TSA solicitando que se quitara el video, y obtuve la misma respuesta que el gerente de la Ciudad y el abogado de la Ciudad: está en un área bajo control federal”, explicó Johnson.
Y remató: “No creo que sea prudente gastar dinero de los contribuyentes en algo que ya sabemos que no cambiará. Prefiero usar esos recursos para arreglar baches y arrancar malas hierbas”.
A pesar de ello, la representante Lily Limón expresó su inconformidad con la decisión del alcalde y pidió que se insista ante las autoridades federales para que el video sea retirado. “No podemos permitir que un espacio de nuestra ciudad, aunque esté bajo control federal, se use para fines políticos. Esto envía un mensaje equivocado a los viajeros y a la comunidad”, afirmó Limón tras la votación.
Otros concejales compartieron su preocupación por el precedente que sienta este tipo de mensajes. “Si permitimos que una agencia federal use instalaciones públicas para difundir propaganda partidista, mañana podríamos ver cualquier tipo de contenido sin control local”, señaló otro miembro del Cabildo que apoyó la moción.
La controversia tiene su origen a mediados de octubre, cuando el DHS comenzó a difundir el video en aeropuertos de todo el país como parte de una campaña informativa sobre el impacto del cierre del Gobierno federal. Sin embargo, la aparición de mensajes políticos atribuyendo la responsabilidad exclusivamente a un partido encendió las alarmas entre representantes locales y defensores de la neutralidad gubernamental.
En respuesta a las críticas, la Ciudad de El Paso colocó la semana pasada un cartel en el aeropuerto aclarando que no apoya ni controla el contenido del video proyectado en el área de la TSA.
La TSA no ha respondido a diversas solicitudes locales para retirar o modificar el material audiovisual, que continúa exhibiéndose ante miles de pasajeros cada día.
Mientras tanto, el tema seguirá generando debate entre quienes defienden la autonomía federal y quienes consideran que la Ciudad debe ejercer su voz moral y política para garantizar que los espacios públicos se mantengan libres de propaganda partidista, especialmente en tiempos de polarización nacional.
Ante las denuncias por una presunta violación a la Ley Hatch por la transmisión de un video político en el Aeropuerto Internacional de El Paso, el alcalde Renard Johnson aclaró que dicha ley no aplica al presidente, al vicepresidente, a los miembros del Gabinete ni al Congreso, ni tampoco a empleados o agencias como la CIA, el FBI o el Consejo de Seguridad Nacional en funciones específicas, lo que —dijo— limita la capacidad de la Ciudad para intervenir.
Johnson subrayó que no considera prudente destinar recursos públicos para insistir en la remoción del video, el cual se encuentra en una zona bajo control federal, dejando en claro que el Ayuntamiento no tiene jurisdicción directa sobre las áreas administradas por la TSA.
