La detención de la esposa de un militar en activo durante una cita migratoria en El Paso ha desatado preocupación sobre los alcances de la política migratoria en casos vinculados a familias del Ejército. Deisy Fidelina Rivera Ortega fue arrestada el 14 de abril mientras acudía a una entrevista rutinaria con autoridades federales, en un caso que ahora la coloca en riesgo de deportación.
Rivera Ortega está casada con José Serrano, sargento de primera clase del Ejército de Estados Unidos asignado a Fort Bliss, quien ha sido desplegado en Afganistán en tres ocasiones durante sus 27 años de servicio. La cita a la que acudieron formaba parte del programa “Parole in Place”, diseñado para permitir que familiares indocumentados de personal militar permanezcan legalmente en el país.
Según relató Serrano, la detención ocurrió de manera repentina dentro de las instalaciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). “Al final del pasillo, mi esposa fue detenida… le pusieron esposas y se la llevaron”, dijo. “Nadie me dijo nada, incluso cuando preguntaba qué estaba pasando”.
Un caso con estatus migratorio en disputa
De acuerdo con documentos legales, Rivera Ortega contaba con un permiso de trabajo vigente hasta 2030 y previamente había recibido protección contra la deportación hacia su país de origen, El Salvador. Actualmente trabaja en un hotel dentro de la base militar.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostiene que la mujer ingresó al país de manera irregular y que existe una orden final de deportación en su contra, por lo que permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
El abogado de la familia, Matthew Kozik, disputa esa versión y afirma que su clienta no está sujeta a una deportación inmediata. Según explicó, la protección otorgada en 2019 le permite impugnar cualquier intento de remoción, especialmente si se pretende enviarla a un “tercer país”, en este caso México, con el que no tiene vínculos.
“Ella tiene derecho a impugnar estas decisiones… estamos completamente a oscuras, por eso tuvimos que acudir a una corte federal”, señaló el abogado.
Impacto familiar y restricciones militares
Rivera Ortega se encuentra detenida en el centro de procesamiento migratorio de El Paso, donde su esposo solo puede comunicarse con ella por breves periodos mediante llamadas pagadas. Serrano indicó que también pudo visitarla por cerca de una hora.
El militar advirtió que, en caso de deportación a México, no podría viajar a ese país debido a restricciones impuestas por el Ejército, lo que complicaría gravemente la reunificación familiar. “No podría ni siquiera ir a verla”, explicó su abogado.
La situación ha tenido además un impacto en la salud del sargento, quien indicó que recibe tratamiento por trastorno de estrés postraumático. “No puedo dormir, ni siquiera con medicación… es muy doloroso no poder hacer nada”, expresó.
Falta de claridad en el proceso
Uno de los elementos que más inquietud ha generado es la falta de información sobre las razones específicas de la detención. Según Serrano, la pareja acudió a la cita migratoria con sus identificaciones militares y había cumplido con todos los requisitos establecidos en años anteriores.
“Desde 2017 ha tenido permiso de trabajo… siempre acudió a sus citas con inmigración”, afirmó.
El DHS, por su parte, calificó a Rivera Ortega como una “inmigrante indocumentada con antecedentes”, aunque no detalló públicamente cuáles serían esos antecedentes. También reiteró que el permiso de trabajo no equivale a un estatus migratorio legal permanente.
Un caso que reabre el debate
El caso ha reavivado el debate sobre la situación migratoria de familiares de militares en servicio activo, particularmente en regiones fronterizas como El Paso, donde la relación entre comunidad, Ejército y políticas migratorias es estrecha.
Mientras el proceso legal continúa, la defensa busca frenar cualquier intento de deportación y lograr la liberación de Rivera Ortega, en un caso que pone en evidencia las tensiones entre las políticas de control migratorio y la protección de familias vinculadas al servicio militar.
