Una ciudadana estadounidense y un ciudadano venezolano en situación migratoria irregular fueron acusados en una corte federal de El Paso por su presunta participación en una operación de tráfico de personas, en la que 13 personas —10 adultos y tres menores— se encontraban presuntamente hacinadas en una vivienda, informó el fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons.

De acuerdo con documentos judiciales, agentes de la U.S. Border Patrol ejecutaron una orden federal de cateo el pasado 20 de abril en una vivienda de El Paso. Antes de ingresar al domicilio, los agentes que realizaban labores de vigilancia siguieron a dos personas que salieron del lugar y las detuvieron para una investigación adicional. Una de ellas fue identificada como Edith Marie Domínguez, ciudadana estadounidense, mientras que la otra, Gregory José Daniel Martínez-Tovar, es un ciudadano venezolano sin estatus legal en el país.

Posteriormente, los agentes regresaron a la residencia ubicada en Bon Aire Drive junto con otras agencias para ejecutar la orden de cateo.

Durante la inspección, las autoridades encontraron condiciones de vida deplorables, incluyendo basura dispersa y ventanas cubiertas, características que, según los investigadores, son consistentes con la operación de una “casa de seguridad” utilizada para ocultar migrantes. En el lugar fueron localizados 10 adultos y tres menores de edad en distintas habitaciones. Todos los adultos y uno de los menores no acompañados fueron confirmados como personas en el país sin autorización legal.

Según documentos del caso y testimonios presentados durante una audiencia de detención el lunes, los agentes también hallaron evidencia adicional relacionada con el tráfico de personas, incluyendo libretas de registros, teléfonos celulares, dinero en efectivo y múltiples armas de fuego.

Domínguez y Martínez-Tovar, quienes inicialmente solo habían sido detenidos, fueron posteriormente arrestados y acusados de un cargo de tráfico de personas. La denuncia penal señala que Domínguez habría participado en la operación durante aproximadamente un año y que presuntamente colaboraba con un traficante para transportar migrantes dentro del área de El Paso y hacia Albuquerque, además de ayudar a evadir la detección en retenes migratorios en Nuevo México. Ambos acusados habrían admitido actuar como encargados de la vivienda.

La fiscal federal adjunta Erin Van Pelt está a cargo del caso.

La investigación forma parte de un esfuerzo conjunto de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional, una iniciativa encabezada por el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional en el marco de la operación “Take Back America”, orientada a combatir la inmigración irregular, desmantelar organizaciones criminales transnacionales y reducir delitos violentos, de acuerdo con las autoridades.