Washington— La Corte Suprema falló el viernes que el presidente Donald Trump se extralimitó en su autoridad cuando impuso aranceles generalizados a las importaciones de casi todos los socios comerciales de Estados Unidos, un importante revés para la agenda de su segundo mandato.

La decisión de la Corte por 6 votos a 3 tiene implicaciones significativas para la economía de Estados Unidos, los consumidores y la política comercial del presidente. La Administración Trump había dicho que una derrota ante la Corte Suprema podría obligar al Gobierno a desmantelar acuerdos comerciales con otros países y potencialmente pagar cuantiosos reembolsos a los importadores.

Trump es el primer presidente en sostener que una ley de emergencia de los años 70, que no menciona la palabra “aranceles”, le permitía imponer los gravámenes de manera unilateral sin la aprobación del Congreso.

En su redacción del fallo de la mayoría, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dijo que la ley no autoriza al presidente a imponer aranceles.

“El presidente reclama el poder extraordinario de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados. A la luz de la amplitud, la historia y el contexto constitucional de esa autoridad reclamada, debe identificar una autorización congresional clara para ejercerla”, escribió el presidente del tribunal.

Los magistrados Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh presentaron votos disidentes.

El fallo del viernes dejó sin resolver en qué medida quienes pagaron los aranceles podrían obtener reembolsos, con Kavanaugh advirtiendo que cualquier proceso de reembolso podría convertirse en un considerable “desastre”.

Estados Unidos “podría verse obligado a reembolsar miles de millones de dólares a los importadores que pagaron” los aranceles, escribió, “aunque algunos importadores ya podrían haber trasladado los costos a los consumidores u otros”.

El fallo del tribunal, respaldado por magistrados de todo el espectro ideológico, fue un ejemplo poco frecuente y significativo de la Corte Suprema frenando la agenda de Trump. Desde que regresó a la Casa Blanca, la mayoría conservadora del tribunal había emitido de manera abrumadora órdenes de emergencia que permitían al presidente llevar a cabo sus políticas de forma temporal. Pero el fallo del viernes tendrá un impacto más duradero.

Dos de los nombramientos de Trump –los magistrados Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett– votaron con Roberts y los tres magistrados liberales.

En respuesta al fallo durante una extensa conferencia de prensa, Trump dijo estar profundamente decepcionado, calificándolo de “decisión terrible”. Elogió por su nombre a los magistrados disidentes y arremetió contra quienes votaron en su contra: “Me avergüenzo de ciertos miembros del tribunal, absolutamente avergonzado de que no hayan tenido el valor de hacer lo correcto para nuestro país”.

Trump dijo que firmaría órdenes para intentar restablecer los aranceles bajo una variedad de otras autoridades.

A principios del año pasado, Trump invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para establecer aranceles sobre los bienes importados de más de 100 países. Dijo que su objetivo era reducir el déficit comercial e impulsar más manufactura en Estados Unidos. Desde entonces, ha utilizado los aranceles para recaudar ingresos que compensen los costos de algunas de sus políticas y para presionar a otros países en las negociaciones comerciales.

Una docena de estados y un grupo de pequeñas empresas, entre ellas un fabricante de juguetes educativos y un importador de vinos, demandaron por los aranceles, alegando que el presidente había infringido ilegalmente el poder del Congreso bajo la Constitución para imponer impuestos. Las empresas, que dependen de bienes importados, argumentaron en sus escritos judiciales que los aranceles habían perturbado sus operaciones y llevado a precios más altos para los consumidores y recortes de personal.

Pratik Shah, el abogado principal de la empresa de juguetes, dijo en un comunicado que los magistrados habían “defendido el principio fundamental de separación de poderes por el que nuestro cliente, una pequeña empresa, ha estado luchando: ningún presidente tiene un poder ilimitado para gravar impuestos a los estadounidenses”.

La respuesta de los principales socios comerciales de Estados Unidos fue moderada, con líderes mundiales desde Canadá hasta India reconociendo que la decisión no significaba el fin de los aranceles del presidente. En el Capitolio, un pequeño grupo de republicanos se unió a los demócratas para elogiar el fallo del tribunal.

El senador Mitch McConnell, republicano por Kentucky, dijo en un comunicado: “En materia de autoridad constitucional, ya no hay lugar a dudas: el uso de la IEEPA para eludir al Congreso en la imposición de aranceles –ya de por sí sin precedentes– es también ilegal”.

En documentos judiciales y publicaciones en redes sociales, el presidente y sus asesores calificaron el resultado del caso ante La Corte Suprema como algo crítico para sus políticas comercial y exterior, dejando en claro que vería una derrota como un repudio personal. Sin el poder de emergencia, el procurador general había advertido a los magistrados, habría una ruina económica similar a la Gran Depresión, además de una interrupción de las negociaciones comerciales y una vergüenza diplomática.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha recaudado aproximadamente $240,000’000,000 en ingresos arancelarios desde el 2 de abril de 2025, día al que Trump denominó “Día de la Liberación”. La firma de investigación Capital Economics estimó que si el Tesoro se ve obligado a emitir reembolsos, el costo ascendería a aproximadamente $120,000’000,000, o el 0.5% del Producto Interno Bruto.

Pero incluso mientras libraba la batalla en los tribunales, el presidente comenzó a explorar alternativas a la ley de 1977. El principal negociador comercial de Trump, Jamieson Greer, dijo el mes pasado que la administración actuaría con rapidez para reemplazar cualquier arancel de emergencia invalidado por el tribunal con otros gravámenes. El presidente ya ha utilizado otros estatutos para establecer aranceles, incluidos los relacionados con la seguridad nacional sobre ciertos bienes e industrias. Sin embargo, otras leyes que otorgan más claramente al presidente el poder de imponer aranceles son más limitadas y menos flexibles que la ley de emergencia.

Trump inicialmente estableció aranceles sobre los bienes importados a Estados Unidos desde China, Canadá y México, alegando que los gravámenes eran un castigo por no detener el flujo de fentanilo. En abril, amplió los aranceles a las importaciones de bienes de casi todos los socios comerciales, alegando que eran necesarios para abordar los déficits comerciales con el resto del mundo.

Bajo la ley de la década de 1970, el presidente tiene la autoridad de tomar ciertas medidas en respuesta a una emergencia nacional para “hacer frente a cualquier amenaza inusual y extraordinaria” a “la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos”. Esto incluye el poder de “regular” la “importación” de propiedad extranjera. Presidentes anteriores se habían apoyado en ese lenguaje para imponer sanciones o embargos a otros países, pero no para imponer impuestos. Sin embargo, la administración ha argumentado que esa frase también le otorga a Trump el poder de fijar aranceles.

Las empresas afectadas rebatieron que la palabra “regular” no abarcaba la imposición de aranceles. El estatuto no incluye las palabras “aranceles”, “impuestos” ni “derechos”.

Durante los argumentos orales en noviembre, varios magistrados conservadores cuestionaron con dureza al abogado de la Administración Trump sobre si el Congreso había delegado intencionalmente al presidente amplios poderes tributarios, que la Constitución reserva en general a los legisladores.

En su opinión de 21 páginas, la mayoría señaló que era revelador que durante medio siglo, ningún otro presidente hubiera invocado el estatuto para imponer “ningún arancel –y mucho menos aranceles de esta magnitud y alcance”.

Las dos palabras “regular” e “importación”, dijo la Corte, no otorgan al presidente el poder de “imponer aranceles a las importaciones de cualquier país, de cualquier producto, a cualquier tasa, por cualquier período de tiempo”.