El condado de Otero acordó pagar más de 2 millones de dólares para resolver una demanda federal interpuesta por la familia de un interno que se suicidó dentro del Centro de Detención de Otero, una cárcel operada bajo un esquema privado.

El caso involucra a Jacob Gutierrez, de 26 años, quien fue ingresado al centro de detención el 9 de junio de 2023 por cargos relacionados con violencia doméstica. Nueve días después, Gutierrez se quitó la vida utilizando el cable de un teléfono dentro de su celda.

La familia del hombre presentó una demanda contra el condado de Otero, la empresa Vital Core —proveedora de servicios médicos en la cárcel— y varios empleados del centro de detención.

“Es un caso muy trágico”, declaró Steven Robert Allen, del New Mexico Prison & Jail Project, organización que representó a la familia. Según Allen, el monto del acuerdo refleja la gravedad de las violaciones alegadas.

“Es una violación muy evidente de la Constitución de los Estados Unidos, y por eso la cantidad por la que llegamos a un acuerdo fue tan alta”, afirmó.

De acuerdo con Allen, Gutierrez había realizado múltiples intentos de hacerse daño mientras permanecía bajo custodia. En lugar de recibir atención adecuada de salud mental, sostuvo, fue colocado solo en una celda donde tenía acceso a un cable telefónico.

“El personal sabía que estaba tratando de lastimarse y aun así lo pusieron en una situación peligrosa”, señaló.

El acuerdo por más de 2 millones de dólares pone fin al litigio federal contra el condado. No se detalló si el convenio incluye admisión de responsabilidad por parte de las entidades demandadas.

El caso vuelve a colocar bajo escrutinio las condiciones y protocolos de salud mental dentro de centros de detención administrados por entidades privadas en Nuevo México.