Washington — Decenas de personas detenidas en unas amplias instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el este de El Paso afirman haber sido golpeadas por guardias, o haber presenciado cómo golpeaban a otras personas, de acuerdo con un nuevo reporte publicado por defensores legales y de derechos humanos.

El reporte, de 84 páginas y publicado de manera conjunta el miércoles por Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), también señala que hombres y mujeres detenidos en Camp East Montana, en Fort Bliss, relataron que se les negó atención médica necesaria, se les obligó a vivir en condiciones insalubres y se les dio comida en mal estado.

Los detenidos también dijeron que se les impidió comunicarse con sus abogados o familiares.

De los 71 detenidos contactados a lo largo de un periodo de cinco meses, 64 —alrededor del 90% de los entrevistados— dijeron haber sido agredidos personalmente por el personal, o haber visto a otras personas ser agredidas físicamente, de acuerdo con el reporte.

"Camp East Montana, del ICE, es un desastre de derechos humanos", dijo Angélica César.

César es investigadora de Human Rights Watch y la ACLU, quien encabezó la elaboración del reporte. "El gobierno de Estados Unidos debería cerrarlo, llevar a cabo investigaciones independientes sobre todos los abusos y muertes bajo custodia, y poner fin a las deportaciones masivas y a la detención migratoria obligatoria".

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que incluye al ICE, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La representante federal Verónica Escobar, demócrata por El Paso, reiteró el miércoles, en un comunicado, su llamado para el cierre permanente de las instalaciones, y dijo que, en sus casi 10 visitas a Camp East Montana, ha sido testigo de "la disfunción, el abandono y la incompetencia de contratistas a los que se les paga muy bien".

"Camp East Montana es central en la estrategia de deportación masiva de Trump, un purgatorio donde los inmigrantes —muchos de ellos con protecciones legales, permiso para estar en el país y sin antecedentes penales— son almacenados después de haber sido desaparecidos de sus comunidades", dijo en el comunicado.

Los nuevos testimonios de violencia y condiciones de vida deficientes dentro de Camp East Montana coinciden con reportes anteriores de The Associated Press y otros medios.

Al menos tres personas detenidas en las instalaciones desde su apertura en agosto han muerto, entre ellas un migrante cubano de 55 años que estaba esposado y dejó de respirar a principios de este año, después de que guardias lo sujetaran contra el suelo. Un médico forense local determinó posteriormente que esa muerte fue un homicidio, y un reporte federal publicado el mes pasado señaló que la evidencia en ese caso estaba "perdida o destruida". Ese reporte, elaborado por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), encontró que la mala gestión por parte del Departamento de Seguridad Nacional había generado condiciones inseguras que contribuyeron a muertes y sufrimiento de los detenidos, al mismo tiempo que millones de dólares de los contribuyentes, desperdiciados, enriquecían a los contratistas.

En marzo, el ICE sustituyó a Acquisition Logistics, LLC, el contratista principal al que se le había otorgado el año pasado un contrato de hasta $1,300 millones de dólares para construir y administrar el campamento. La empresa, con sede en Virginia, no contaba con experiencia previa en la operación de un centro de detención del ICE, nunca había ganado un contrato federal por más de $16 millones de dólares y carecía de un sitio web funcional.

El cambio se dio después de que una revisión interna del ICE documentara 49 deficiencias —definidas como violaciones a los estándares o políticas de detención— en áreas que incluyen el uso de la fuerza y de restricciones físicas, la seguridad y la atención médica.

Pese al cambio de contratistas, entrevistas realizadas por Human Rights Watch y la ACLU tan recientemente como el mes pasado encontraron que persisten graves problemas en el campamento.

Los detenidos relataron condiciones de vida degradantes e inhumanas, que incluían baños cubiertos de heces fecales, unidades de alojamiento inundadas y falta de acceso a jabón u otros insumos básicos de higiene, de acuerdo con el reporte. También reportaron haber permanecido encerrados durante semanas, sin acceso significativo a actividades recreativas, luz solar o aire fresco.

Las personas también describieron haber recibido alimentos en mal estado y horarios de comida inconsistentes, con demoras de hasta 12 horas entre una comida y otra.

El reporte recoge testimonios de detenidos que afirman que los guardias los golpeaban en respuesta a huelgas de hambre, solicitudes de atención médica y quejas relacionadas con las condiciones de detención. Varias personas dijeron que los guardias imponían castigos colectivos, golpeando o agrediendo a varias personas después de acusar a un detenido de violar las reglas, de acuerdo con el reporte.

Los investigadores encontraron que el personal presionaba y coaccionaba a las personas detenidas para que abandonaran sus solicitudes de inmigración y aceptaran ser removidas hacia terceros países, en caso de no poder ser enviadas de vuelta a su propio país. Los detenidos dijeron que se les amenazó con violencia, procesos penales y detención indefinida si se negaban a la deportación.

En algunos casos, concluyó el reporte, las circunstancias de la detención del ICE podrían constituir desapariciones forzadas, una posible violación al derecho internacional de los derechos humanos.

Human Rights Watch y la ACLU exhortaron a la administración Trump a cerrar Camp East Montana y a permitir investigaciones independientes sobre las muertes bajo custodia, el uso excesivo de la fuerza, el abandono médico y las desapariciones forzadas.

"Los abusos documentados en Fort Bliss son el resultado previsible de la agenda de deportación masiva de la administración Trump, de su brutal expansión de la detención migratoria y del deterioro de los mecanismos federales de vigilancia", dijo César, la investigadora principal. "Las personas en Camp East Montana son seres humanos que merecen ser tratados con dignidad y protegidos del daño".