La administración Trump vuelve a la carga en su cruzada contra la ciudadanía por nacimiento. El Departamento de Estado elaboró una propuesta que obligaría a los padres que soliciten pasaportes para sus hijos a demostrar su propio estatus migratorio o ciudadanía, en el más reciente intento del presidente Donald Trump por limitar un derecho constitucional que la Corte Suprema ya le rechazó una vez.
La guía borrador, revisada por la agencia Reuters, ofrece el primer vistazo detallado de cómo el Departamento de Estado podría hacer cumplir la orden ejecutiva del 6 de agosto de Trump, que apunta específicamente a lo que la Casa Blanca denomina "turismo de nacimiento" y que amplía las excepciones históricas a la ciudadanía automática por nacimiento en suelo estadounidense.
Según el borrador, la propuesta requeriría que todos los padres o tutores legales presenten prueba de su ciudadanía —como un pasaporte estadounidense válido o un acta de nacimiento— o evidencia de su estatus migratorio, como un formulario I-94 o una tarjeta de residencia permanente, al momento de solicitar un pasaporte para sus hijos.
El gobierno utilizaría esa información para determinar si el menor califica para la ciudadanía bajo la nueva orden ejecutiva.
Actualmente, los padres cuyos hijos nacieron en Estados Unidos solo necesitan probar su parentesco y presentar una identificación con fotografía durante el proceso. También se les pide que marquen una casilla en el formulario de solicitud indicando si son ciudadanos estadounidenses, pero no están obligados a adjuntar documentación de respaldo.
La Casa Blanca remitió las preguntas de Reuters al Departamento de Estado. En un comunicado, el portavoz de la dependencia, Tommy Pigott, dijo que "el presidente Trump ha sido inequívoco en que esta administración protegerá el significado y valor de la ciudadanía americana, punto final, y eso incluye asegurarse de que nuestro proceso de adjudicación de pasaportes refleje completamente ese estándar".
Más acotada, igualmente impugnada
Limitar la ciudadanía por nacimiento ha sido una de las principales prioridades del presidente en su amplia ofensiva migratoria. La Corte Suprema de Estados Unidos ya rechazó su primer intento al determinar que violaba la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, en una votación de 6-3 que encontró a dos magistrados nombrados por el propio Trump —Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh— votando en contra de la orden.
La nueva orden ejecutiva del 6 de agosto es más acotada que la anterior. En lugar de restringir la ciudadanía automática a todos los hijos de padres indocumentados o con estatus temporal, esta medida apunta específicamente al "turismo de nacimiento" y establece excepciones para casos en que uno de los padres trabaje para un gobierno extranjero en Estados Unidos, esté involucrado en fraude o una transacción comercial para obtener la ciudadanía, o sea clasificado como "enemigo extranjero".
Abogados que presentaron demandas colectivas en nombre de bebés que serían privados de la ciudadanía bajo la primera orden de Trump han pedido a dos jueces federales distintos que impidan que la nueva orden entre en vigor.
Una de esas demandas está ante la jueza federal Deborah Boardman, designada por el expresidente demócrata Joe Biden. En una audiencia celebrada el viernes en Greenbelt, Maryland, Boardman expresó escepticismo ante lo que llamó la orden "sin precedentes" de Trump y permitió a los demandantes revisar su demanda para que ella pudiera considerar si bloquearla.
Los abogados del Departamento de Justicia han argumentado que una orden de restricción sería inapropiada y que el desafío legal era prematuro, ya que las agencias federales aún no habían emitido orientación pública sobre cómo se implementaría la directiva del presidente.
La cruzada trumpista
La ciudadanía por nacimiento está consagrada en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución desde 1868, adoptada en respuesta al infame fallo Dred Scott que negó la ciudadanía a los descendientes de esclavos. La enmienda establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos".
Trump ha calificado reiteradamente la ciudadanía por nacimiento como una práctica "estúpida" y ha buscado eliminarla desde su primer mandato. En su segundo término, convirtió el tema en una de las primeras acciones ejecutivas de su presidencia, firmando la primera orden el 20 de enero de 2025, su primer día de regreso en la Casa Blanca.
La Corte Suprema, en un fallo del 30 de junio, ratificó por 6-3 el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento. Trump respondió declarando que la decisión era "muy mala para nuestro país" y pidió al Congreso aprobar legislación que limite la ciudadanía automática.
La nueva orden ejecutiva del 6 de agosto representa su siguiente movimiento en ese tablero, buscando rodear la decisión judicial mediante un enfoque más acotado. La propuesta del Departamento de Estado, si se implementa, marcaría un cambio histórico en el proceso de solicitud de pasaportes para menores nacidos en suelo estadounidense.
