Cientos de agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han sido asignados a una intensiva búsqueda, de varias semanas, de personas no ciudadanas entre los votantes registrados del país, pese a la falta de evidencia de un fraude generalizado, de acuerdo con documentos y videos de capacitación revisados por The New York Times.

Los agentes están revisando a fondo los padrones electorales administrados por los estados, y están utilizando información de identificación personal sobre votantes individuales, como sus fechas de nacimiento y partes de sus números de Seguro Social, para buscarlos en esos padrones, de acuerdo con los documentos.

En algunos casos, los investigadores están, en la práctica, haciéndose pasar por votantes individuales, al ingresar sus nombres e información personal en sitios web de acceso público administrados por el máximo funcionario electoral de cada estado. Algunos de estos sitios declaran que están diseñados para uso individual, lo que podría generar preocupaciones de privacidad.

La extraordinaria operación revela hasta qué punto la administración Trump está buscando evidencia de fraude antes de las elecciones de noviembre. El gobierno, de manera interna, llama a este esfuerzo la Iniciativa contra el Voto Ilegal (Unlawful Voter Initiative), y está retirando a agentes de sus funciones habituales, las cuales incluyen investigar delitos graves como la trata de personas y el terrorismo.

Dada la evidencia acumulada durante décadas, que muestra qué tan poco común es el voto de personas no ciudadanas, no queda claro qué descubrirá la administración, qué tan verificables serán sus hallazgos, ni qué planea hacer el presidente Donald Trump o el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, con esos hallazgos. Una base de datos administrada por la conservadora Heritage Foundation identifica aproximadamente 100 casos de voto de personas no ciudadanas a lo largo de un cuarto de siglo. Más recientemente, alrededor de 400 personas no ciudadanas —una fracción minúscula del electorado— votaron en Nueva Jersey, después de que una falla de software provocara su registro indebido.

Trump ha afirmado falsamente, desde su derrota en 2020, que el fraude es una epidemia en las elecciones de Estados Unidos. Este año, se ha enfocado fuertemente en el voto de personas no ciudadanas, calificándolo de "crisis de seguridad electoral" en un discurso en julio, y haciendo con regularidad afirmaciones sin fundamento de que cientos de miles de residentes que no son ciudadanos se han registrado para votar o han emitido su voto.

El presidente ha utilizado sus afirmaciones para justificar amplias restricciones al voto que quiere que el Congreso apruebe, y otras que está intentando implementar mediante una orden ejecutiva que sigue atorada en una corte federal. También ha sugerido que las restricciones, como exigir prueba de ciudadanía para registrarse a votar, ayudarían a los republicanos a ganar elecciones, en lo que las encuestas sugieren podría ser, de otra manera, un año desfavorable para su partido.

El enfoque incansable de Trump en el voto de personas no ciudadanas ha preocupado a funcionarios electorales de ambos partidos. Hasta ahora, la administración no ha podido verificar sus afirmaciones, y en ocasiones prácticamente ha admitido que sus cifras han sido exageradas. Sin embargo, la repetición pública de falsedades sobre el fraude electoral ha continuado sembrando duda y desconfianza en el proceso electoral, antes de unas cargadas elecciones intermedias que definirán el control del Congreso.

Todo esto ha dejado a grupos defensores del derecho al voto y a los demócratas cada vez más preocupados de que el presidente intente interferir con la elección. Y ha alarmado a exfuncionarios del Departamento de Seguridad Nacional el hecho de que la agencia esté siendo utilizada como arma dentro de este esfuerzo.

"Esta es una expedición de pesca descaradamente política, que utiliza métodos cuestionables para intimidar a la gente y disuadirla de ejercer su derecho al voto", dijo Amanda Baran, exfuncionaria sénior del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) durante la administración Biden.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que el departamento "está comprometido a garantizar que solo los ciudadanos estadounidenses voten en las elecciones de Estados Unidos. El presidente Trump y el secretario Mullin han hecho de la integridad y la seguridad de nuestras elecciones una prioridad máxima".

Una búsqueda en los 50 estados

El núcleo de la operación es una recopilación de datos sobre cientos de miles de votantes de todo el país. No queda claro si se trata de los mismos datos que el departamento citó cuando anunció en julio que decenas de miles de personas no ciudadanas estaban registradas en cuatro estados, una afirmación que resultó estar enormemente exagerada. Tampoco queda claro cuáles fueron los criterios para recopilar los datos: exámenes iniciales revelaron que incluyen a algunos ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con una persona que habló bajo condición de anonimato para describir la delicada operación.

Los agentes han presentado más de 1,000 remisiones a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), de casos que se determinó ameritan una revisión más profunda, de acuerdo con un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional. Los agentes buscan a personas no ciudadanas que se hayan registrado para votar o que efectivamente hayan votado, o a ciudadanos naturalizados que se registraron antes de ser elegibles, de acuerdo con los documentos. Los casos después pasan a oficiales de Investigaciones de Seguridad Nacional que realizan entrevistas en campo, dijo el funcionario, quien pidió el anonimato para hablar sobre procesos internos.

De acuerdo con documentos de capacitación revisados por el Times, los agentes involucrados en la operación forman parte de la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional del USCIS. Recibieron un video de capacitación la semana pasada, y se les asignaron datos de votantes de la lista de los 50 estados para revisar, de acuerdo con una persona familiarizada con la capacitación.

Los documentos no señalan qué agencia elaboró la lista ni de dónde provienen los datos originales. Pero un video de capacitación visto por el Times señala que la mayor parte de los datos iniciales provino de archivos públicos de votantes, obtenidos de los estados a través de diversas agencias dentro del gobierno.

El primer paso del agente es verificar si los datos del votante coinciden con las bases de datos del DHS que incluyen información de ciudadanía, solicitudes y otros datos relacionados con el estatus migratorio. Después de encontrar una coincidencia, se les instruye entonces a examinar a fondo las bases de datos del departamento en busca del estatus de ciudadanía y las fechas de naturalización de un "posible votante ilegal". Esto podría incluir a personas no ciudadanas que hayan emitido su voto, a quienes se hayan registrado pero no hayan votado, o a quienes ahora son ciudadanos pero se registraron para votar antes de ser elegibles, de acuerdo con los documentos.

A los agentes se les instruye utilizar los sitios web públicos de registro de votantes, administrados por las secretarías de estado u otros altos funcionarios electorales de cada estado. Un sitio web interno para la Iniciativa contra el Voto Ilegal, cuyas capturas de pantalla fueron revisadas por el Times, incluye enlaces para cada estado, que dirigen a los agentes hacia estos sitios web, la mayoría de los cuales fueron diseñados para que los votantes verificaran su propio estatus de registro personal e historial de voto.

Una página introductoria en el sitio web interno señala que "realizar verificaciones en los sitios web de registro de votantes de acceso público de los estados" y en bases de datos comerciales "puede ofrecer evidencia de registro de votante o de voto".

Una de las diapositivas de la capacitación revisada por el Times incluye orientación de la oficina del asesor jurídico en jefe de Seguridad Nacional, que señala que "es permisible" para los agentes "utilizar estos sitios web estatales de votantes con el propósito de confirmar el estatus de registro de votante, en lo que se refiere a la elegibilidad de un extranjero para un beneficio migratorio". Durante el video de capacitación, se les dice a los agentes que la Oficina del Asesor Jurídico en Jefe "ha indicado que está perfectamente bien" que los agentes "utilicen esos sitios web para buscar registros, así que esos enlaces están ahí para ustedes".

Durante otra parte del video de capacitación, un funcionario del DHS ofrece un ejemplo utilizando el portal de votantes de Alabama.

"Tengo el de Alabama en la pantalla", dice el instructor. "Si les asignan casos, casos de Alabama, y quieren buscar en el sitio de registro estatal, necesitarían el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento de la persona, tal como se ingresaron al momento de su registro".

Algunos de estos sitios públicos de búsqueda de votantes están destinados únicamente al uso del propio votante. En Florida, el portal de estatus de votante incluye un aviso que señala: "Este sitio web está destinado a ser utilizado por un votante registrado, para determinar su propio estatus de registro y de votación". En Nueva York, el portal dice: "Para usar esta página, usted debe ser un votante registrado en el estado de Nueva York". En Virginia, los usuarios deben marcar una casilla que certifica: "Certifico y afirmo que la información proporcionada para acceder a mi registro de votante es la mía propia, o que estoy expresamente autorizado por el votante para acceder a esta información. Entiendo que es ilegal acceder al registro de cualquier otro votante".

Las protecciones de privacidad y los estatutos de información de votantes varían de un estado a otro, así que no queda claro en qué zona gris legal, si acaso alguna, podrían estar entrando los investigadores federales.

Nina Sheridan, vocera de la fiscal general de California, dijo que la oficina está "trabajando de manera enérgica para proteger los datos confidenciales de los votantes, y estamos listos para protegernos contra cualquier intento del gobierno federal de eludir las protecciones de larga data que tenemos establecidas". Agregó que la oficina estará "monitoreando de cerca".

Un desvío de recursos

Los agentes de la división de fraude que han sido retirados de sus funciones habituales para la Iniciativa contra el Voto Ilegal incluyen a un amplio rango de investigadores especializados en investigar toda una variedad de delitos, incluidas amenazas a la seguridad nacional y la aplicación de la ley migratoria.

Documentos revisados por el Times revelan que la investigación abarca múltiples divisiones dentro del DHS, lo que sugiere una operación amplia, a nivel de todo el departamento. Aunque la mayor parte del trabajo de investigación recae en agentes del USCIS, estos están enviando remisiones a Investigaciones de Seguridad Nacional y compartiendo datos con DHS Election and Integrity, una nueva división creada durante esta administración y una prioridad máxima para Trump y Mullin.

A principios de esta semana, a agentes de HSI se les informó sobre una "iniciativa de escalamiento contra el fraude electoral penal" (Criminal Voter Fraud surge initiative) que comenzaría esta semana, e implicaría entrevistas en campo y una "revisión oportuna para su procesamiento", de acuerdo con documentos revisados por el Times. CNN reportó primero esta iniciativa de escalamiento.

Sin embargo, durante la capacitación, funcionarios del DHS parecieron mostrarse cautelosos ante investigaciones excesivamente celosas, y recelosos de sus propios datos. Durante uno de los videos de capacitación, Paul Gleason, funcionario del DHS, exhortó a los capacitandos a evitar identificar erróneamente a ciudadanos como votantes no ciudadanos. Ese error ha ocurrido cuando los investigadores han identificado a personas no ciudadanas en registros gubernamentales, como los datos de licencias de conducir, sin investigar a fondo si desde entonces se han naturalizado.

"El propósito de este proceso es remitir a votantes ilegales y a votantes registrados de manera ilegal hacia HSI", dijo Gleason. "O sea, no es lo contrario. No estamos remitiendo a ciudadanos estadounidenses confirmados. Así que a lo que me refiero es que, si creen que alguien probablemente obtuvo la ciudadanía por derivación, deberíamos inclinarnos a no hacer la remisión. ¿Verdad? No queremos que HSI vaya a las puertas de ciudadanos estadounidenses y, ya saben, los esposen o los interroguen. Solo estamos remitiendo a personas que creemos que son votantes ilegales".