Chihuahua— El establecer el origen de los recursos por los que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH) acusó al exgobernador Javier Corral Jurado de peculado será determinante para definir qué autoridad es competente para conocer del asunto, comentó el abogado y catedrático en Derecho Gustavo Silva.

El jurista añadió que la autoridad estatal tiene la posibilidad de retener por la vía judicial el caso bajo su competencia; sin embargo, si una parte de los recursos, aunque sea mínima, es del orden federal, sería suficiente para que la Federación lo atraiga.

El sábado, el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, sostuvo que la determinación del Tribunal Colegiado de que sea una autoridad federal la que atraiga el proceso contra el exgobernador no obliga a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua a entregar la carpeta de investigación.

Agregó que no tienen por qué entregar la carpeta a la Fiscalía General de la República (FGR), ya que continúa vigente una suspensión definitiva concedida por un juzgado federal, la cual protege los intereses de la sociedad chihuahuense como víctima del presunto desvío de 98.6 millones de pesos de recursos estatales.

Al respecto, el catedrático expuso que la Fiscalía Anticorrupción está en la posibilidad de interponer recursos legales en una instancia superior para mantener el asunto bajo sus facultades, pero en esto el tema del origen de los 98.6 millones de pesos objeto de la acusación será determinante.

Apuntó que el Gobierno del Estado recibe la mayoría de los recursos de la Federación como parte de las participaciones y aportaciones, convirtiéndose en administrador y responsable del ejercicio de los mismos, por lo que un mal uso quedaría bajo investigación de la autoridad local.

No obstante, hay presupuestos concurrentes, es decir que hay una combinación de fondos de los estados y la Federación; de ser este el caso, la autoridad federal podría ejercer su autoridad superior. “En esto influye también el criterio del juzgador, ya que puede resultar un tema un tanto ambiguo en lo que respecta a quién tiene la facultad de investigar y sancionar”, señaló.

El fiscal Valenzuela dijo en días pasados que la determinación es una aberración jurídica, al fallar en favor del juez penal federal en el conflicto competencial relacionado con la investigación por peculado agravado que siguen contra el exgobernador, el exsecretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez y el despacho López Elías.

Enfatizó que la resolución únicamente abordó un conflicto entre autoridades judiciales y no el fondo del asunto, por lo que anunció que agotarán todos los recursos legales, incluido el de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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