-Ahí vienen ya los Notarios del Bienestar

-Inhabilitada corralista estaba en la capital

-Esperan apertura de Morenos en Congreso

-Más candidatos a decir adiós a Cruz

No tiene prisa, pero tampoco quiere dejar pasar mucho tiempo la presidenta Claudia Sheinbaum con una reforma que trae con el pendiente a los notarios, como parte de un plan para reestructurar el sistema de fe pública a nivel nacional.

Desde la campaña presidencial, Sheinbaum Pardo anunció entre sus propuestas de combate a la corrupción lo que fue la sacudida al gremio.

Políticamente, la presidenta del Colegio Nacional de Notarios de México, Guadalupe Díaz Carranza, dio la bienvenida a la iniciativa, con el mensaje de que toda acción tendiente a combatir la corrupción sería apoyada por el gremio, como lo haría cualquier otro sector de la sociedad.

Sin embargo, desde el plano nacional hasta el local, abunda la incertidumbre sobre el contenido de la eventual reforma de la que ya comienzan a hablar legisladores y funcionarios, pues hay quienes sostienen que el sistema apunta a una centralización federal, con el argumento de que los gobernadores históricamente han usado esas posiciones para premiar a sus amigos.

Si bien es cierto que los servicios notariales son caros, poco accesibles y menos comprendidos en su totalidad, pese a que son imprescindibles para darle certeza jurídica a los ciudadanos, esto obedece en gran medida a la especialización que demanda cada trámite, escritura y hasta sellado documental.

Abaratar los servicios, con esa idea del posible surgimiento de las Notarías del Bienestar, y centralizarlos al servicio público del que son una extensión, cargaría su costo al presupuesto, al considerarlos plenamente funcionarios gubernamentales.

Podría ser una locura, como otras propuestas de reformas que han salido, pero hasta el momento la incertidumbre es la marca porque bien a bien no es conocida la iniciativa, ni sus argumentos o su finalidad.

Sin lugar a dudas, hay excesos en el manejo de las notarías en los estados. Así como en el Poder Judicial está lleno de nepotismo y corrupción, también el sistema de fe pública adolece de lo mismo, pero generalizar tampoco parece lo más acertado.

Sea como sea, nos adelantan del gremio que es de los temas que habrán de agendarse en el debate público en los próximos días, sin muchas esperanzas de diálogo o foros para enriquecer la eventual reforma, dada la aplanadora que conduce la nueva cabeza formal de la 4T.

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Por cierto, en medio de los debates con los que comenzó la gestión de Sheinbaum, Buendía & Márquez presentó una de las primeras encuestas del comienzo de su desempeño público como presidenta.

Una de las preguntas del estudio demoscópico fue en torno a si las declaraciones de la jefa del Ejecutivo, con las que inició la semana pasada, ayudan a unir o sirven para dividir a los mexicanos.

El gráfico que presentamos en versión digital de La Columna muestra que el 73 por ciento de los encuestados, representativos de todo el país, consideran que Sheinbaum Pardo une a los mexicanos con sus palabras; el 18 por ciento considera que divide y el nueve por ciento no opinó.

El dato viene a cuento porque, además del alto porcentaje que ve favorable el arranque de su gobierno, hay localidades que salen del rango con muchísimos puntos arriba. Zonas de la Ciudad de México, otras de Oaxaca, Veracruz y Tabasco, ven a la presidenta muy bien en sus primeros comentarios públicos, hasta cerca del 95 por ciento.

Por esos niveles también andan algunas zonas extensas de Chihuahua, puntos específicos como Juárez y localidades serranas, le dan más o menos ese mismo aval superior al de tres cuartas partes de la población.

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Estuvo bien puesto el coscorrón que le dio el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, por denuncia de la Auditoría Superior del Estado, a la que fuera directora de Programación, Control de Pagos y Seguimiento Financiero de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, Adriana Mireya Reaza Suárez.

El tribunal ordenó la destitución e inhabilitación de la servidora pública que durante el ejercicio de la cuenta pública 2020, en la administración de Javier Corral, omitió la transferencia de 364 millones de pesos de recursos fiscales a la Cruz Roja, el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) y el Fideicomiso Fondo Social del Empresariado Chihuahuense.

Esos recursos fueron jineteados por el tesorero de Corral Jurado, Arturo Fuentes Vélez, prófugo de la justicia por otras causas -hasta ahora-, aunque Reaza Suárez era finalmente la encargada de materializar transferencias contempladas en la ley.

Tenemos evidencia desde junio 2021 de la denuncia que congeló la Fiscalía General del Estado, de la misma administración, cuando los empresarios debieron hacer pública la retención de esos recursos que por norma debían entregarse a las organizaciones sociales.

No eran recursos del gobierno, eran recursos fiscales por sobretasas y acuerdos voluntarios de aportaciones del sector privado para tributarlos con el fin específico de servir a la Cruz Roja y a los otros fondos ciudadanizados, de los que Corral y Fuentes Vélez se apropiaron en su loco, tramposo y desordenado manejo de las finanzas estatales.

Pues bien, la inhabilitación dictada fue de tres meses, y la destitución terminó pegándole a la administración municipal, donde estaba ahora refugiada como administradora de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología.

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Además de la aprobación de la reforma que pasó a la Guardia Nacional como una comandancia de la Secretaría de la Defensa, la semana pasada la bancada panista del Congreso del Estado, encabezada por Alfredo Chávez, dejó pasar sin broncas la solicitud de comparecencia que hizo Morena del secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya.

Lejos de generar polémica y también de intentar tapar el sol con un dedo, los legisladores panistas dieron su respaldo a la petición de que acuda el responsable de la seguridad estatal al Legislativo, para informar sobre los hechos delictivos y de violencia extrema registrados en la entidad.

La morenista Magdalena Rentería fue la que inició la propuesta, mientras que por el PAN fue Nancy “La China” Frías quien únicamente pidió también invitar a los titulares federales del ramo de la seguridad, para que acudan a reunirse con los diputados.

Esa segunda muestra de apertura de los panistas, que no se pusieron a rasgarse las vestiduras ni a defender la indefendible realidad de que siguen los picos de violencia en el estado, seguramente es parte de la apuesta albiazul por recibir un trato recíproco de los morenistas.

Vendrán decisiones importantes en el Congreso que requerirán del acuerdo y la concertación colaborativa de todas las bancadas.

Es de suponer que esa mano tendida por la bancada panista, con el obvio aval del Palacio de Gobierno, tiene como finalidad recibir el mismo trato cuando sea necesario, para discutir responsablemente las problemáticas de Chihuahua que le competen tanto a la administración estatal como a la federal.

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Además de la salida de Karen Mora y José Luis Anaya de la Coordinadora Suroriente y la Contraloría Municipal de Juárez, dicen que hay más candidatos a dejar su cargo en este arranque del segundo periodo del alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Entre los funcionarios municipales andan con todo las apuestas de que están por salir Raúl Fajardo Zaldívar, del Instituto Municipal de la Juventud; y Luis Hasan Ortiz, del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo cambio está más que cantado.

Dicen que los ajustes realizados desde septiembre están orientados a hacer más eficiente el aparato municipal, puntal del proyecto político siguiente, lo que demanda también cumplir compromisos adquiridos y acelerar la entrega de resultados favorables.

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