El caso indignante de los abusos y agresiones sexuales cometidos en Ciudad Juárez contra niños derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es una muestra inobjetable de que la justicia ni es pronta ni es expedita y, frecuentemente, marcha en el sentido del cangrejo.

Han transcurrido casi dos largos meses que los padres de las víctimas recurrieron primero con especialistas ante indicios de agresiones contra los menores, después buscaron asesorías en amigos(as) y estos los condujeron a la Fiscalía Especializada de las Mujeres (FEM) del Gobierno estatal cuyos peritos desarrollaron rápidamente sus análisis y concluyeron que los niños estaban siendo objeto de abuso.

De uno en uno han sumado casi 20 carpetas de investigación tras las respectivas comprobaciones. Todos los casos empezaron con características similares: niños retraídos, a la defensiva, sin ánimos de jugar, ni platicar, ni comer, ni asistir a esa guardería del ISSSTE de la avenida de las Américas donde eran sujetos de actos aberrantes.

Las actuaciones ministeriales del fuero común marcharon correctamente hasta topar en la frontera del Gobierno federal. Las casi 20 carpetas, específicamente 19, sumada una durante los últimos días, fueron reducidas a dos por la Fiscalía Especial de Delitos Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), subordinada a la Fiscalía General de la República (FGR).

Los expedientes debieron ser turnados a FEVIMTRA por tratarse la guardería de una instancia del Gobierno federal que bien pudo dar su visto bueno a la FEM para seguir adelante con sus procesos y no retrasar más las investigaciones y la justicia exigida por los padres de los niños, pero no, sus funcionarios resolvieron tomar el asunto, o los asuntos, y continuar por su cuenta las respectivas causas, solamente dos hasta ahora.

Dejaron fuera 17 debidamente solventadas en datos aportados por los papás, las mamás y los propios menores a los psicólogos especialistas, a los médicos que llevaron a cabo los análisis físicos; y por supuesto, a los agentes del Ministerio Público encargados de armar los expedientes y consignarlos al Poder Judicial del fuero común que, en este caso, no llegaron hasta esta última etapa por ser transferidos a manos de FEVIMTRA; aquí están atorados, ni siquiera los dos admitidos han sido judicializados en el orden federal. Entendemos que harán su propio trabajo... desde cero.

Esa decisión exhibió falta de confianza de la FGR a la autoridad estatal no tanto por la probada calidad en las indagatorias llevadas a cabo por la FEM, todas sustentadas en rigurosa metodología científica, sino por las miserables sospechas de manejo político exhibidas por el desastroso manejo organizacional del ISSSTE en el estado.

Debió el Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, ordenar el cierre de la guardería frente a la sucesión de denuncias presentadas casi todos los días desde mediados de marzo y a la clara resistencia de los directivos del ISSSTE por tomar ellos la decisión. Ni por aludidos se daban tratándose de un asunto completamente bajo su responsabilidad.

El titular nacional de la institución, Martí Batres, no salió ni ha salido a responder por esos graves hechos. Desconocemos cuál es su prioridad porque tampoco ha respondido a la crisis hospitalaria y médica que sufre el ISSSTE y que ha derivado en múltiples protestas y manifestaciones por los usuarios afectados, mayormente profes de la Sección Octava del SNTE en el caso de Chihuahua y trabajadores de todas las delegaciones federales.

Resultaba increíble, por no decir desesperante, que el organismo federal mantuviera la estancia abierta mientras avanzaba la integración de los expedientes y la indagatoria misma sobre la parte fundamental de la horrenda trama, el ó las culpables de las agresiones que seguían laborando normalmente.

Solo una modesta organización de los padres de familia en varias protestas afuera de la guardería, manifestaciones en las instalaciones del gobierno estatal y el apoyo de los medios de comunicación consiguió jalar la atención del Fiscal General.

De plano no pudieron con el ISSSTE; no lograron sensibilizar a los funcionarios sobre la vulnerabilidad de los niños en semejantes condiciones de potencial mayor peligro en la estancia. Su sistema interno de vigilancia era prácticamente nulo.

Insistimos, quedó en lo obvio que los funcionarios del instituto no mostraron ningún interés y menos disposición de colaboración ni con las autoridades ministeriales ni con los padres de familia a pesar de todas las evidencias acumuladas en conductas de los infantes, pruebas periciales y testimonios diversos.

Si no tomaron en cuenta todo ese cúmulo de información menos repararían en el antecedente inmediato que inclusive había dado rienda suelta a las especulaciones de una organizada red de pedofilia en las guarderías de la ciudad.

Nos referimos a las decenas de abusos cometidos contra niñas y niños en grandes y pequeñas estancias infantiles de la ciudad, Techo Comunitario a mediados de 2023; y apenas entre finales de abril y principio de marzo de este año, Mi Mundo de Colores, con más de 30 investigaciones abiertas.

Hubo los otros casos de menor cuantía pero igual de graves en los colegios privados Montessori y Americano. Todos estos antecedentes debieron ser seguidos de muy cerca por los manejadores de todas las guarderías de la ciudad y las autoridades relacionadas con la protección de las niñas y niños... pero siguió el ISSSTE como si nada.

Y no debe ser pasado por alto tampoco el cierre sorpresivo por idénticas razones de la otra guardería subrogada al IMSS, Mi Pequeño Tambor, cuyas investigaciones iniciaron a mediados de marzo; fue cerrada a finales de ese mismo mes y detenida Teresa Johana T. E. durante la primera semana de abril.

La cuidadora, de 21 años de edad, utilizaba un accesorio de cocina para lastimar a una niña. Fue vinculada a proceso la tarde del pasado martes por la jueza de control Brisa Yadira Meraz Mendoza. Habrá cinco meses de investigación complementaria hacia la sentencia.

La FEM ha llevado a cabo en Mi Pequeño Tambor ocho revisiones médicas y psicológicas, de las cuales han sido desprendidas dos carpetas de investigación con una primera judicializada, la que involucra a Teresa.

En medio de todo ese terrible entorno tomó la Fiscalía General de la República solo dos expedientes relacionados con la estancia del ISSSTE en Juárez y es hora que no judicializa ninguno; o desconocemos si lo ha hecho porque ha ocurrido lo que padres de los niños y medios de comunicación temían desde que la FEM dio a conocer que debía declinar los expedientes por las razones ya dichas, el completo silencio sobre el proceso, llamémoslo conveniente opacidad.

Los padres de familia lloran, se lamentan, mantienen viva la dolorosa indignación, pero hasta ahí pueden llegar. La justicia será como se le acomode a los jueces y parte, ISSSTE-FGR.

Hay dos cuidadoras de la guardería señaladas como responsables. Libres hasta el momento.