-“El Tin” Azteca, licenciatura y especialidad

-Encarrerada Olivia a presidir la Corte

-Aviadores o qué en Secretaría de Seguridad?

-Mayo será un mes complicado

A menos que alguien muy cercano a “El Tin” describa en el presente o en el futuro su vida con ángulo positivo, para las corporaciones policiacas y sus áreas de inteligencia no dejará de ser un exlíder “criminal” perteneciente a la pandilla Aztecas, de la vieja escuela.

Martín Alonso Bustos Rodríguez fue cazado por sicarios el pasado fin de semana entre las calles Camperos y Gómez Morín mientras transitaba en un vehículo KIA, acompañado de una hija y un hijo suyos, de 13 y 18 años de edad, respectivamente.

En su historial aparecen antecedentes policiacos entre 2012 y 2013 por faltas menores como “escándalos” en lugar público; y contra la salud en el 2022, mismo año en que fue objeto de otro ataque junto a su exabogada y exfiscal de Mujeres, Sully Ponce, quien murió en la escena.

Aunque de solo nombrar a los Aztecas y ese entorno es dable concluir su pertenencia al mundo delictivo, también accedimos a su cédula profesional de licenciatura en cirujano dentista obtenida en el 2019 de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Ahí aparece el número de cédula en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, lo cual significa que debió “El Tin” quemar pestañas al menos cinco años en Ciencias Biomédicas para sacar la carrera adelante.

Podrá refutarse que hay títulos patito, y es cierto, abundan, pero no hemos sabido de un solo caso en universidades con el prestigio de la Autónoma de Juárez.

El caso de “El Tin” nos lleva, entonces, no solo al reducido análisis delictivo, sino también a la parte de la superación educativa; era alumno, además, de una especialidad en su materia.

Son datos estos para el estudio de fondo, no solo superficial.

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En una complicada carrera por ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ayer la candidata juarense, Olivia Aguirre Bonilla, recibió una tremenda sorpresa, con la encuesta de Enkoll encargada por el periódico El Universal de la Ciudad de México.

En la centralizada competencia que pareciera beneficiar a los candidatos de la capital del país o de los estados más cercanos, Aguirre Bonilla salió en el segundo lugar de las preferencias electorales, lo que le dio un impulso a su equipo que tiene meses dando el plus para promover a la catedrática de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Pero si antes Aguirre Bonilla se había colado a las encuestas de preferencias electorales para ser ministra de la Corte, ahora está en la carrera por presidir el máximo tribunal del país.

De acuerdo con la encuesta publicada ayer, el primer lugar lo lleva Lenia Batres Guadarrama, ministra en funciones, obviamente la de mayor foco por su polémica actividad realizada desde su elección durante la administración de Andrés Manuel López Obrador; su preferencia efectiva es del 25 por ciento.

El segundo lugar es para la maestra universitaria juarense, quien sin tener los recursos de otros aspirantes y no ser de la CDMX, suma un 18 por ciento de las menciones, a la par de otra ministra en funciones, Yasmín Esquivel Mossa, otra carta de la 4T.

Detrás aparecen otras también conocidas como la exprocuradora general de la República del calderonismo, Marisela Morañes Ibáñez; Natalia Téllez Torres y Loretta Ortiz, otra ministra en funciones, para completar el cuadro de seis posibles integrantes de la SCJN por el lado de las mujeres.

En el carril de los hombres, aparecen Hugo Aguilar Ortiz; el reconocido abogado pro4T, César Gutiérrez Priego y otros cuatro más, casi todos desconocidos en comparación con las candidatas a ministras.

El camino cuesta arriba de la juarense, claro está, no acaba hasta el día de la elección y el cómputo de los votos casi en lo oscurito que habrá de realizar el Instituto Nacional Electoral, pero el pulso de su campaña medido en las encuestas y ese número mágico que le tocó en la boleta, el 01, dan señales de que puede lograr la proeza.

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Los efectos negativos de la guerra económica de Trump se están extendiendo como pólvora en los propios Estados Unidos.

Dos sectores están alertando sobre las fechas fatales. Se trata de la industria agroalimentaria y la de logística.

Existe toda una cronología que permite ver a partir de cuándo, las cosas se van a poner color de hormiga en la economía, se decida lo que se decida, porque el daño ya está hecho. Simple. Veamos:

La aplicación de aranceles comenzó el 2 de abril, y considerando que los contenedores tardan de 20 a 40 días en llegar de China al puerto de Los Ángeles, las últimas cargas que iban en camino, se espera concluyan su destino en los primeros ocho días de mayo.

De ahí en adelante, se ha cronometrado lo siguiente: los últimos contenedores serán llevados en tráiler a sus destinos, y para mediados de mayo, se paralizarán cientos de esos camiones.

Ahí comenzará la escasez en anaqueles, y con ello los despidos de personal de tiendas y de choferes para la primera semana de junio.

La recesión se espera para el verano, pase lo que pase, toda vez que suponiendo un arreglo con China, las cosas tomarían otro mes y medio en regularizarse, pero lo que viene de escasez y paro laboral, es inevitable.

Del sector agroalimentario, ni qué decir, ya está en plena crisis con inventario no desplazado.

Los efectos de todo ello ya se sienten en la fronteriza Ciudad Juárez; ayer el aguacate andaba en las nubes de 121 pesos.

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Para el Día del Trabajo de este año, al que llegamos justamente en esta semana, es posible el anuncio desde Palacio Nacional de las reformas pendientes en materia laboral, pero solo rondarán entre las iniciativas facilonas; ninguna de fondo.

Desde que dejó Morena la exdiputada federal, juarense Susana Prieto, promotora de la reducción de 48 a 40 horas de la jornada laboral, el tema ha sido escondido por la mayoría morenista en San Lázaro y en prácticamente cualquier instancia federal.

La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de las posibilidades de que esta reforma de las 40 horas avance paulatinamente a partir de este año, de común acuerdo entre gobiernos, sector privado y organizaciones de trabajadores.

Sin embargo, con el primero de mayo en puerta, nos aseguran que dicha reforma, ya dictaminada a favor en la pasada legislatura y enviada a la congeladora por órdenes de Andrés Manuel López Obrador, no será de las prioritarias, por más anuncios que se hagan de que están analizándose alternativas.

La realidad es que el sector privado ha cedido para analizar una reducción a 44 o 42 horas, pero no hay una visión clara de que la ley pueda sacarse tal como fue planteada y dictaminada en su oportunidad.

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Revisamos la página la Plataforma Nacional de Transparencia para conocer cuánto personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal está comisionada al estado de Chihuahua y comprobar si por casualidad existía el dato por municipio.

El estado de Chihuahua ocupa uno de los primeros lugares en homicidios, el cuarto lugar en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum con mil 49 asesinatos de los 15 mil 834 computados.

Dicha Plataforma permite bajar una base de datos en Excel donde viene el personal de la Secretaría, pero muy lejos está de ofrecer la información por estado y mucho menos por municipio.

El dato interesante es que son mil 600 los empleados de dicha Secretaría a nivel nacional, nada desde que pasó la Guardia Nacional con sus más de 100 mil efectivos a la Sedena.

Una cuarta parte de dicho personal está adscrito a la oficina del secretario, Omar García Harfuch, sin funciones claras, porque en el reglamento interior no existe la descripción de las tareas que deben realizar quienes están comisionados en dicha área.

Pero más aún, 331 burócratas tienen bajo su reserva su nombre, es decir, por un acuerdo de dicha secretaría, del área de transparencia, permanece oculta la información.

Esos burócratas sin nombre están adscritos al Centro Nacional de Información Plataforma México (143), Dirección General de Análisis Criminal (24), Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas Zona 1 (17), Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas Zona 2 (12), Dirección General de Coordinación Estratégica (27), Dirección General de Gestión de Servicios, Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico (58), Dirección General de Política Criminal (21), Dirección General de Vinculación Interinstitucional (26), Secretaría Técnica de las Conferencias Nacionales de Secretarios de Seguridad Pública y del Sistema Penitenciario (1) y Unidad de Información, Infraestructura, Informática y Vinculación Tecnológica (2).

Es la quinta parte de empleados de los cuales no se conoce su nombre, soportado esto en el mencionado acuerdo del Comité de Transparencia.

Son fantasmas, aviadores o personal esforzado que realiza quién sabe qué tareas, pero ahí están cobrando cada quincena.