-Urgente investigar pedofilia en guarderías

-Disidencia toma protesta por su cuenta

-Resulta que nadie pagó por El Punto

-Hasta con diputados, Brighitte

Ninguna previsión está por demás. Las autoridades que corresponda deben investigar la nada remota posibilidad de la pedofilia en las guarderías y estancias de esta frontera.

Es un tema que lastima profundamente a la sociedad, en extremo delicado, pero debe ser abordado de manera urgente en bien de los niños, de las niñas, de su familia y de toda la comunidad fronteriza.

Las sospechas de una red de pedofilia en esta ciudad vinculada con grupos delictivos nacionales e internacionales, han quedado justificadas con los casos ocurridos en el ISSSTE que, desafortunadamente, tratan de ser escondidos por distintas áreas de gobierno.

Hasta el viernes habían sido revisados 25 niñas y niños de ahí mismo, y fueron iniciadas ocho investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado ante indicios de agresión.

Algunos padres y/o madres de los niños presumiblemente agredidos han recibido información sobre la posible existencia de una red de pedofilia en las guarderías de la ciudad.

Ese dato estaría soportado tanto en lo ocurrido en la estancia del ISSSTE, así como lo acontecido en las guarderías mi Mundo de Colores, Techo Comunitario y hasta en colegios particulares (Montessori, Colegio Americano).

La recurrencia de hechos y el hermético manejo posterior en las investigaciones, así como hoy lo dicho ahora por familiares de víctimas justifican esas sospechas y la conclusión de que deben ir las indagatorias hasta ese punto del crimen organizado en la materia.

En Techo Comunitario y Mi Mundo de Colores fueron decenas de investigaciones y más de 20 las judicializaciones. Y es lo que conocemos públicamente.

Los casos del ISSSTE son investigados por la Fiscalía General del Estado, pero serán declinados a la Fiscalía General de la República por tratarse de organismo federal y empleados federales.

Nada bueno le espera a la justicia para las víctimas en esa instancia federal muda e inmóvil. Esperemos equivocarnos, pero ya ha pasado justo con los abusos y violaciones cometidas en las estancias subrogadas por el Seguro Social (IMSS) en las partes que le correspondió atender a FGR.

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Aunque todavía no surge un grupo juarense con fuerza para meterse a la batalla por el control de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al menos dos equipos políticos dentro del gremio ya empezaron a tender lazos a la frontera.

La coyuntura es el reclamo magisterial por el mal servicio de Pensiones Civiles del Estado, que con poco éxito tratan de justificar el director de la institución, Marco Herrera y el dirigente de la Sección 42, Manuel Quiroz Carbajal, cuyos esfuerzos de contener la crisis han sido insuficientes.

Otra parte del reclamo es la incertidumbre en la que se encuentran más de mil maestros de toda la entidad, la mayoría en Chihuahua y la frontera, que entraron al servicio después de la reforma de 2014 y ahora ven que en el futuro, si llegan, habrán de jubilarse en condiciones muy desventajosas.

Pues bien, esos factores son aprovechados por una disidencia que por un lado, muestra la cara del profesor Alonso Alvarado, mientras que, por otro, agitan las aguas dos viejos rivales del dirigente del SNTE, Gabriel Faudoa y Édgar Ramos, frustrados en su proyecto de llegar a la Secretaría General en la elección pasada.

Es claro que los dos últimos -antes rivales y hoy aliados contra Quiroz Carbajal- respiran por la herida desde la repasada que les dio el líder actual, por quien nadie apostaba un cacahuate en el pasado proceso electoral sindical; no obstante, ya olvidaron cualquier institucionalidad y buscan debilitarlo políticamente, más.

Esa disidencia es la que anda buscando aliados por todo el estado, con claro interés en las dos principales ciudades dado su peso sindical y político, por lo que si no hay intento serio de contención, quién sabe hasta dónde puedan escalar las protestas en los meses que vienen.

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La ausencia institucional de Chihuahua en el arranque de la construcción de la carretera Bavispe-Janos-Nuevo Casas Grandes; o respectivamente Sonora-Chihuahua- debió ser cobrada por la Cuarta Transformación y su actual jefa, la presidenta, Claudia Sheinbaum, a su ahora compañero de partido, el neomorenista exgobernador, Javier Corral Jurado, y no la actual administración que encabeza Maru Campos.

El evento de arranque fue el domingo. Estuvieron Sheinbaum y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño. Ninguna autoridad de Chihuahua fue invitada a pesar que los tramos mayores corren por el lado chihuahuense.

Esa obra fue convertida en un reclamo esencial a partir de la masacre de mormones chihuahuenses ocurrida en Bavispe en noviembre del 2019.

Hubo cuestionamientos al gobierno de Chihuahua porque no facilitó helicópteros para la búsqueda de desaparecidos, traslado de heridos y pesquisa de los asesinos pero el gobernador en turno era el hoy senador de Morena, Javier Corral Jurado, quien personalmente negó ese apoyo.

Si por aquella conducta del entonces régimen estatal no fue convocado al arranque el gobierno liderado por Campos, al que deben reclamar ahora es a quien convirtieron en senador palero. Ahí lo tienen a tiro de piedra.

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Desde que arrancó la edificación del albergue en El Punto, que primero no iba a ser tal, pero que terminó siéndolo, al menos de nombre, sin migrantes qué atender, por la disminución drástica del flujo por militarización del control migratorio, hay sospechas sobre el manejo del dinero para construcción.

Hay varios contratos desde el 2022 hasta la fecha para una empresa favorecida con la edificación de albergues a nivel nacional por el Instituto Nacional de Migración (INM), todos ellos otorgados bajo adjudicación directa, por un total dos mil 353 millones de pesos.

La empresa CAUFI SA de CV, a través de su representante, Carlos Eduardo Caudillo Figueroa, recibió el último contrato mediante comunicación del INM el pasado 30 de enero del 2025, mediante oficio 766/2025, firmado por Jesús Manuel de la O. Pacheco, Director de Recursos Materiales de la dependencia federal.

Pero resulta que la edificación del macro albergue en El Punto inició cuando menos 10 días antes, como consta en archivos periodísticos, por lo que pensamos que podría entonces haber sido financiado con recursos del último contrato, el del 2024 que venció en diciembre por 387 millones de pesos.

Pues mediante respuesta a solicitudes de transparencia, el INM ha negado inclusive el conocimiento de tal albergue y por supuesto la existencia de contratos al respecto.

La secretaría del Bienestar incluso deslizó en su respuesta que podría ser el gobierno del Estado.

Tenemos las contestaciones de la administración estatal, desde Hacienda hasta Fiscalía, la COESPO, la Secretaría de Seguridad e incluso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estatal; nadie acepta haber invertido en dicha edificación, que ha resultado carísima, por subutilizada.

No es solo la edificación de El Punto, sino también los gastos erogados en el suspendido albergue del exgalgodromo, cuando el gobierno federal, temeroso, esperaba el arribo de miles de migrantes mexicanos y extranjeros, lo cual no ha resultado ni siquiera cercanamente cierto.

Si esconden celosamente los datos de edificación de albergues, imaginemos qué harán con las compensaciones millonarias supuestamente pagadas en lo oscurito a deudos de migrantes por el 27M, y la transparencia del procedimiento judicial de indagación donde el director nacional Francisco Garduño.

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La dirigente estatal de Morena, Brighitte Granados, fiel a su característica de reserva extrema, sin entrevistas, oculta como mejor puede de los medios, opta por el ostracismo, pero de pronto da luces no de ingenio sino de radicalismo, común en las tribus del partido guinda del centro del país, odioso en estas latitudes.

Resulta que los miembros de la bancada de Morena en el Congreso local, participarían en la sesión del domingo para hablar de sus participaciones en tribuna, sobre todo aquella polémica suscitada por el diputado, Óscar Avitia, donde habría votado en contra de la línea morenista.

Pero el grupo de Brighitte, por cierto, el más disminuido en el Consejo Estatal, pegó el grito en el cielo, cuando exigieron ingresar a la sesión, -no son consejeros-, y los dejaron afuera, aunque bien pudo la presidenta solicitar una dispensa para escucharlos.

Son los diputados de Morena el contrapeso del PAN y el PRI en la legislatura, defensa permanente del partido guinda y de la mismita 4T, y su presidenta Claudia Sheinbaum.

Los consejeros afines a Cruz Pérez Cuéllar, Mayra Chávez y Ariadna Montiel, estuvieron de acuerdo, pero los primeros se opusieron rotundamente.

Los diputados se fueron indignados y lo que le sigue, quedándose solo Cuauhtémoc Estrada y Óscar Avitia, quienes sí son consejeros estatales.

Para rematar, Brighitte Granados, por sus pistolas, decidió mandar un comunicado donde advertía que toda la sesión había salido tersa, en unidad, firmando el boletín, como si fuera la presidenta del Comité Estatal y del Consejo, cuando solo encabeza el primero.