-Voló “El Águila” tras el ataque mortal a policías

-Presupuesto 2026: Juárez paga, el centro cobra

-Senadoras Nora y Andrea frente a la Ley Aduanera

-Nobel de la Paz disgusta a Trump… y a Sheinbaum

La sierra que une y divide a Chihuahua y Sonora es, desde hace años, una frontera sin Estado: la única ley que impera allí es la del crimen. Es otra frontera violenta, en este caso interestatal, también olvidada por las autoridades.

En esas cañadas, donde los caminos se enroscan como serpientes y las antenas apenas dan señal, los límites entre un gobierno y otro se desdibujan igual que los de la ley. La semana pasada, tres policías estatales fueron abatidos y cuatro más resultaron heridos en una emboscada entre Moris y Ocampo, atribuida al grupo criminal La Línea, que opera con un ejército de alcance interestatal.

El saldo volvió a poner de luto a las corporaciones y a evidenciar que la delincuencia organizada no conoce fronteras, mientras los gobiernos estatales luchan por construir una coordinación que lleva años rezagada.

El episodio también exhibe la narcopolítica local: la detención de Diego C., esposo de la exalcaldesa priista Perla Gacela López —quien dejó un sucesor morenista a modo, Lot Abel Rivera Martínez—, vuelve a poner sobre la mesa los enredos políticos y criminales que atraviesan la región.

El fiscal general, César Jáuregui Moreno, anunció reuniones con su contraparte sonorense para reforzar trabajos conjuntos contra las bandas que cruzan de un estado a otro sin mayor obstáculo. Pero el gobierno del vecino estado, encabezado por Alfonso Durazo, parece mirar hacia otro lado.

Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, bajo la instrucción de su titular Gilberto Loya, desplegó un operativo con su subsecretario de Despliegue Policial, Ricardo Realivázquez, que permitió la detención de nueve presuntos integrantes de La Línea.

Sin embargo, enterado de la intervención, Ever José González Bournes, alias “El Águila” -jefe del grupo criminal y quizá acompañado de su hermano Noé, “El 500”- huyó en avioneta de Moris hacia algún punto del estado vecino, donde, según versiones, nadie notó la salida ni la llegada.

Más allá del parte oficial, el trasfondo es claro: la línea que debería separar a las instituciones del crimen ha sido borrada por la geografía, la impunidad y la falta de estrategia común en aquella zona.

En los últimos años, los ataques en la franja serrana han mostrado un patrón: agresiones contra policías, retenes de “soldados con tenis”, fugas por caminos de brecha y el repliegue de los cuerpos estatales a zonas más accesibles. Mientras tanto, las comunidades viven entre dos jurisdicciones que, la mayor parte del tiempo, no llegan ni por auxilio ni por justicia.

De ahí la importancia del verdadero reto que representa la coordinación interestatal. No basta con reuniones y comunicados, hace falta presencia sostenida, inteligencia compartida y resultados visibles. De lo contrario, la sierra seguirá siendo una frontera sin ley, donde las bandas criminales conocen mejor los caminos que las propias autoridades.

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El Gobierno federal presume un presupuesto histórico de 10.19 billones de pesos para 2026, pero en Juárez la historia se cuenta diferente. Mientras el centro del país recibe recursos para megaproyectos, la frontera sigue esperando lo prometido, a pesar de la bondad que el electorado ha mostrado a la 4T.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 contempla 30 mil 783 millones 801 mil 303 pesos en materia de aportaciones para Chihuahua y sus municipios a través del Ramo 33. Aunque esta cifra es similar a la de 2025, no refleja un aumento real que compense la inflación ni las crecientes necesidades de la frontera.

A pesar de ser la segunda ciudad más importante del estado, Juárez no cuenta con proyectos de infraestructura significativos.

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) asigna a Juárez mil 487 millones 219 mil 150 pesos, mientras que a Chihuahua capital le corresponden 922 millones 31 mil 623 pesos. Aunque Juárez recibe una mayor proporción, esta diferencia no se traduce en una mejora significativa en los servicios públicos ni en la infraestructura urbana, dado el tamaño de la población y la ciudad.

Mientras Chihuahua, como estado, recibe una asignación menor en comparación con otros estados, como Chiapas, que obtiene 68 mil 893 millones 844 mil 303 pesos, la diferencia en proporción a la población y contribución fiscal es evidente. Esta disparidad refleja una política fiscal que favorece al centro del país en detrimento de las regiones fronterizas.

El presupuesto federal 2026 presenta cifras récord, pero en Juárez y en toda la frontera, la realidad es otra. La falta de proyectos significativos, la distribución desigual de recursos y la ausencia de una política fiscal equitativa dejan claro que, para el Gobierno Federal, la frontera sigue siendo algo secundario, no prioritario.

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La discusión sobre la reforma a la Ley Aduanera, ahora en la cancha del Senado de la República, puede ser vista desde la posición de un aparato oficial decidido a cerrar brechas de contrabando y aumentar recaudación, pero también desde la visión de un sector, el de los agentes aduanales, que percibe un cambio de reglas orientado a desplazarlo, sobre fiscalizarlo, responsabilizarlo de más y penalizarlo, en niveles inéditos.

Esa tensión se siente en Ciudad Juárez con la misma intensidad que en otras aduanas fronterizas del país, según lo que comentan los agazapados dueños de patente aduanal, a la espera que los senadores no validen sin ver las más de 100 modificaciones aprobadas por los diputados federales.

La reforma propone varios cambios estructurales: patentes con vigencia ampliada (se habla de 20 años con certificaciones periódicas), la creación de un Consejo Aduanero con mayor protagonismo del Estado, reglas más estrictas sobre la certificación de recintos fiscales y, sobre todo, un reforzamiento de la responsabilidad solidaria de agentes y agencias aduanales, así como nuevas causales de suspensión o cancelación de patentes.

En la retórica del Ejecutivo se vende como modernización y blindaje contra el “huachicol fiscal”; en la práctica, implica una mayor exposición legal y operativa para quien firma y representa el despacho.

En Ciudad Juárez, que funciona como una arteria comercial hacia Estados Unidos (puentes, maquiladoras, flujo cross-border en general), las consecuencias no son solo legales, también son económicas y políticas.

Los agentes aduanales localmente temen que la mayor fiscalización y la eliminación de ciertas excluyentes reduzcan competitividad, encarezcan trámites y trasladen costos a las empresas que dependen del cruce rápido de insumos y mercancías.

Frente a este debate estarán dos figuras morenistas clave para entender la conversación juarense: la senadora suplente Nora Elena Yu y la senadora titular, Andrea Chávez. Especialmente la primera, con larga trayectoria en el ámbito aduanal, político y empresarial.

Las legisladoras juarenses están frente a un claro ejemplo clásico de política pública en el que la intención (cerrar fugas y modernizar) choca con la realidad operativa (quién paga y quién se responsabiliza cuando algo sale mal).

Ellas pueden llevar una voz importante para modular o contener la reforma en las partes más duras.

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El otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a la excandidata presidencial de Venezuela, María Corina Machado, le amargó la semana a Donald Trump, fue celebrado por la mayor parte del denominado mundo libre, y no le gustó ni tantito tampoco a la Presidenta, Claudia Sheinbaum, ni a Morena en general.

Por un lado, el codiciado premio, siempre tan polémico, exhibió al régimen dictatorial populista de Venezuela, tanto de Hugo Chávez como ahora de Nicolás Maduro, acusado de haber realizado un fraude electoral sin precedentes en enero de este año.

En el antecedente inmediato, María Corina Machado fue inhabilitada por el régimen de Maduro para representar a la oposición, por lo cual, de manera simbólica fue reemplazada por Edmundo González Urrutia, quien terminó exiliándose en España.

La activista ha permanecido en Venezuela, en una férrea resistencia, hasta que la madrugada del jueves la sorprendió una llamada telefónica desde Oslo, Suecia, para notificarle lo del premio, que ella atribuye al valor del pueblo venezolano.

Consultada en La Mañanera, la Presidenta Sheinbaum declinó opinar sobre el Premio, con el argumento de la no injerencia en los asuntos de otros países, pero en cambio se dejó caer, como dicen luego, cuando declaró que Pedro Castillo debiera ser repuesto como presidente del Perú, tras el desafuero de la conservadora Dina Boluarte.

Por su parte, Trump agradeció que la activista reconociera en un tuit su apoyo a la democracia venezolana. El presidente republicano confesó ante la prensa que en su fuero interno pensó en voz alta “pues entonces pásamelo”.

Si bien es cierto que Trump logró el cese al fuego en Gaza, mérito nada menor, recibió grandes críticas porque dejó pasar demasiado tiempo con el frío cálculo de obtener esa “estatuilla”.

Total, que la paz que simboliza el Nobel, solo trajo más agarrones, o por ideología o por vanidad.