Tenemos en la edición de La Columna de este domingo una fotografía de Eduardo Guerrero Durán aparentemente detenido en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México.

Fue fiscal de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el estado de Chihuahua hasta el 2015 (régimen de César Duarte); es decir, manejador de todos los penales del estado.

De ahí pasó a titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) del gobierno de Enrique Peña Nieto. Fue el jefe de todos los reclusorios federales.

Estuvo muy poco tiempo ahí, quizá año y medio solamente, hasta que fue descubierto metiendo mano a la caja por su entonces jefe mayor, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

En mayo de 2023, el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló en una de las mañaneras que el exfuncionario federal, sonorense, cometió multimillonarios actos de corrupción utilizando empresas ligadas al exsecretario de Seguridad del régimen calderonista, Genaro García Luna. Fueron liberadas órdenes de aprehensión en su contra por el juez federal, Iván Arón Zeferín Hernández.

Fue acusado Guerrero Durán por el desvío de más de tres mil millones de pesos manejados a través de empresas fantasmas, en las que también están involucrados la conductora-artista Inés Gómez Mont y su marido, Víctor Álvarez Puga, quienes desde aquella fecha han resistido la intención del gobierno mexicano por traerlos de Estados Unidos a México. En abril de este año seguían ganándole al régimen de la 4T; les fueron descongeladas todas sus cuentas bancarias en tierra azteca.

Guerrero Durán habría huido hacia Centroamérica apenas supo de la orden de arresto. Junto con él estuvo involucrado otro chihuahuense, el exfiscal de la zona norte, Jorge Nava López, quien rápidamente tomó rumbo a Estados Unidos. Allá está o estuvo todos estos años.

Libraron las broncas otros dos operadores llevados de Chihuahua: Arturo Zuany y Jesús Soto Silva, quienes antes le habían auxiliado en el control de los penales en esta entidad. Soto libró muchísimas broncas, entre ellas la masacre de custodios y fuga de reos en el Cereso estatal 3, del primero de enero del 2023.

Junto con esos nombres apareció también el de otro chihuahuense, Luis Carlos Cordero Camarillo, gente de las confianzas de Guerrero desde que estaba en Chihuahua. Era quien hacía sonar la caja.

Cordero continúa al frente del área de administración de la Fiscalía Zona Norte; inclusive, en las investigaciones periodísticas llevadas a cabo por El Diario sobre los más de 380 cadáveres abandonados por los dueños del crematorio Plenitud aparecieron los nombres de Guerrero y Cordero como socios de una empresa de seguridad llamada “Vigila” de Juárez de la que era accionista también el propietario del crematorio, detenido y procesado, Luis Arturo A. C.

Justo debido a las empresas de seguridad diseminadas por distintas partes del país, incluido Nuevo León, -allá fue asesor de seguridad del exgobernador, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”-, pasó el grueso del dinero público “lavado”.

Bueno, Eduardo Guerrero Durán, huyó de México hacia varios países de Centroamérica hasta que fue detenido el tres de abril del 2025 en El Salvador. Extraoficialmente se supo que intentó hacer negocios similares a México, o los hizo pero frustrados, con el presidente de aquel país, Nayib Bukele.

Fue apresado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República.

Su arresto no fue manejado públicamente por la FGR ni por la Presidencia de la República, inclusive hasta el momento no ha aparecido su nombre en el registro del Centro Nacional de Detenciones, una herramienta informativa cada vez con mayores deficiencias, tanto o peor que la “renovada” Plataforma Nacional de Transparencia.

De manera extraoficial obtuvimos acceso a la fotografía que le fue tomada en instalaciones con los logotipos de la Fiscalía General de la República. Aparece en la imagen considerablemente más delgado que cuando fue funcionario de los gobiernos de Chihuahua y de la federación. Entendemos que anduvo a salto de mata.

En la foto usa tenis grises, pantalón de mezclilla, una chamarra delgada, camisa a cuadros, lentes; sus brazos cruzados hacia abajo, con la mano derecha tomando su muñeca izquierda y entre los dedos de la mano izquierda unas hojas dobladas.

Es completamente distintas su figura al Eduardo Guerrero robusto, colorado, que llegaba a fiestas privadas en jet y portando ropa y calzado de alta gama. Así ha sido descrito por gran cantidad de empresarios, políticos y funcionarios policiacos que tenían relación frecuente con él.

Analistas en seguridad calculan que solo de los penales estatales durante los períodos del 2010-2016 y 2016-2021 eran colectados entre 15 y 20 millones de pesos mensuales solo por algunos privilegios otorgados a los grupos delictivos, entre ellos el uso de celulares, venta interna de drogas y trata de mujeres. Obvio dispersaba para un lado y para otro.

Hasta el momento, pues, no hay más datos sobre su aprehensión que un par de fotos obtenidas por El Diario, una de ellas que publicamos hoy, los datos extraoficiales sobre el operativo de detención en El Salvador y su traída sigilosa a México.

También de manera extraoficial sabemos que ha tenido mucho qué ver con ese proceso justo uno de los administradores de Guerrero en el manejo de los penales federales, el exfiscal, Jorge Nava, quien propició en La Columna esta investigación.

Nava, jefe y tutor entre 2016-2021 del también entonces titular de la Agencia Estatal de Investigaciones en la zona norte, a la postre director en el estado de la propia agencia y desde hace un par de semanas Fiscal Especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestros, Arturo Zuany Portillo, reapareció públicamente en Chihuahua hace unos días.

Estuvo en un programa de radio el pasado 17 de septiembre en su tierra natal, Delicias. Habló de su especialidad, seguridad y de su libro sobre secuestros (“No hay Arreglos”), también una de sus especialidades; de hecho, en esa vertiente inició su carrera como ministerio público.

Con esa entrevista reabrió su cuenta de Face. Luis Orozco, uno de sus seguidores, pidió: “que nos diga cómo le hizo para que cesara la orden de aprehensión que había en su contra...”. No obtuvo respuesta.

En septiembre del 2021, Nava dijo en su Face que la situación en la que fue involucrado le resultaba “sorprendente. Veo una carga política en todos sus ángulos”.

“Niego rotundamente cualquier señalamiento de corrupción o mala práctica en el servicio público durante mi carrera... De manera formal, por medio de un juzgado de distrito, he solicitado información a las autoridades correspondientes para saber si existe esa investigación en mi contra... Mi función en el órgano desconcentrado fue por escasos siete meses en los que participé en la creación de un centro de inteligencia en donde firmé un contrato para la construcción de dicho centro”.

Aseguraba ahí que si bien firmó ese documento, no tuvo acceso al manejo y administración de los recursos.

Prometió que estaría compartiendo “de manera directa” sus posicionamientos y avances a través de sus redes sociales, pero desde entonces se desapareció del mapa justo por la presumible orden de aprehensión.

Volvió a su cuenta de Face y a la vida pública cuatro años después, casualmente meses después que fue aprehendido su exjefe, Guerrero Durán, quien habría sido el artífice de asentar los reales de operadores sonorenses en los penales de Chihuahua prácticamente hasta la sangrienta fuga del Cereso estatal 3, entre el 31 de diciembre del 2022 y el primero de enero del 2023.

Parece lógico que en los próximos días o semanas tenga el país información detallada sobre el caso, uno de tantos similares priorizados por la Cuarta Transformación.