-Nada qué ver “La Diabla” con el Cártel de “El Mencho”

-Exsíndico metido en la transa inmobiliaria

-Va Xóchitl contra uso criminal de adolescentes

-Ni una palabra sobre retrasos en la Aduana

De acuerdo en que corporaciones de los Estados Unidos pudieron colaborar en el arresto de la secuestradora y traficante de bebés, Martha Alicia Méndez Aguilar, alias “La Diabla”, pero nada cerca que su aportación haya sido definitiva en dicha aprehensión y menos en la otra extraña aseveración, que pertenece a una “red de tráfico de bebés” afiliada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Inclusive los órganos estadunidenses de mayor jerarquía en materia de seguridad, más que la DEA, el FBI y Seguridad Interna, siguen buscando rastros del NCJG en el estado y nada; hallaron aportación de armas, solo de armas, no de sicarios, al grupo del Cártel de Sinaloa derrotado por el Nuevo Cártel de Juárez en el triángulo dorado de Chihuahua (Guadalupe y Calvo) pero hasta ahí.

Fue verdaderamente rara la afirmación del Centro Nacional de Contraterrorismo, dicha el pasado jueves, a través de su funcionario, Joe Kent, en el sentido de que el grupo de Martha Alicia pertenece al cártel dirigido por el mochoacano Nemesio Oseguera “El Mencho”, con centro de operaciones en Jalisco.

La detención de “La Diabla” fue un trabajo casi exclusivo de las Fiscalías Especial de las Mujeres (FEM) y la Especializada en Operaciones Estratégicas y Antisecuestros de Chihuahua que , desde hace más de un año, han logrado detectar que el grueso de los secuestros es organizado desde el interior del Cereso estatal 3 por líderes del grupo delictivo “La Empresa”, vinculado a “La Línea”, brazo armado del Nuevo Cártel de Juárez.

Los dos secuestros atribuidos a La Diabla: el de Leslie, a la que extrajeron a su bebé y después la asesinaron; y Dayana Camila, adolescente oriunda de Nuevo México, a la que sacaron el corazón, está probado en audiencias judiciales que fueron urdidos por un hijo de Martha Alicia recluido en el Cereso.

Quizá hay alguna presencia del CJNG sobre todo en el Valle de Juárez y entre los “Doblados” que pertenecen al Cártel de Sinaloa pero nada qué ver con La Diabla.

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Por alguna razón, al polémico y desaparecido exsíndico de Juárez, Aarón Yáñez, volvieron a revivirle un escándalo del año pasado, cuando lo acusaron de estafador junto con la inmobiliaria Bierati (Bienes Raíces El Tigre), una de tantas que abundan en la frontera.

A finales del año pasado, de acuerdo con imágenes archivadas en las nada olvidadizas redes sociales, habían circulado alertas en las que era señalado su nombre completo, Héctor Aaron Yáñez Limas, “para que pasen a pagar todo lo que estafaron”.

“Son millones de pesos lo que robaron. Si sabes donde vive este señor favor de enviarme un mensaje se le dará recompensa $$$ en efectivo al que ayude a encontrarlo. En la fiscalía ya se encuentran varias demandas en contra de este señor y la inmobiliaria. Señor #Aaron y #Bierati este es su primer avisó (sic)”, eran las publicaciones en algunos grupos virtuales.

Ahora, nos reportan, en los alrededores de uno de los complejos Walmart-Sam´s de la ciudad, comenzaron a ser colocados anuncios impresos en los postes (pueden verse en la edición digital de La Columna), con el mismo mensaje orientado a localizarlo, sin especificar el asunto por el que es buscado por presuntas víctimas.

Para los inmobiliarios profesionales de la frontera, hay muchísimos casos de estafas en este negocio, que involucran a funcionarios del Registro Público de la Propiedad del Estado y de Catastro Municipal, además de notarios, abogados y agentes de las corporaciones de seguridad que hacen sus chambitas por fuera, para despojar a personas humildes de sus pocos bienes.

El nombre de Yáñez Limas, más conocido por sus escándalos como último priista con algo de poder cuando fue síndico durante el gobierno de Armando Cabada, surge de manera recurrente en el sector, ligado a transas grandes y chiquitas, para variar.

Así, no es tampoco extraño que sea blanco de esos quemones como el que ahora le pusieron en los postes de la vía pública.

Acostumbra pedir de fiado y no pagar, además. ¿Qué tipo de clases dará a sus alumnos en la Universidad Autónoma de Chihuahua? ¿Por qué esta casa de estudios mantiene en su nómina a maestros con semejante pésimo historial?

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Fue bien recibida en el gremio de los juristas una iniciativa de la diputada panista Xóchitl Contreras, orientada a agravar las penas para los delitos en los que sean utilizados menores de edad para cometerlos, orientados por criminales adultos.

El uso criminal de niños, niñas y adolescentes lleva una tendencia al alza desde hace varios años, al grado que algunos cálculos nacionales -con validez en el estado y la frontera, seguramente, por sus altas tasas de violencia- apuntan a que los grupos del crimen organizado tienen en sus filas a casi 40 mil menores de edad.

Aprovechan su estatus social, generalmente pobre, su inmadurez, necesidad e inocencia para enrolarlos en la comisión de diversos delitos, tanto del fuero común como del fuero federal, con la idea de que son juzgados de forma menos severa, aunque en realidad delinquir y ser o no atrapados, echa a perder sus vidas.

Los estudios indican que los menores de edad inicialmente ejecutan delitos menores como robos, pero luego escalan a otros más graves como el secuestro, homicidio, extorsión y demás. Son la carne de cañón, pues, de estos grupos delincuenciales.

De ahí parte la propuesta de la legisladora juarense, la cual pretende agregar el uso criminal de menores de edad a las hipótesis que permiten calificar el delito de homicidio y lesiones y por ende aumentar la pena de prisión contra los responsables.

Estos delitos se consideran calificados cuando “se sirva como instrumento para perpetuar el hecho a una persona menor de 12 años”, sin embargo, la propuesta plantea que dicha fracción debe de considerar no solamente a quienes pertenecen al grupo etario referido, sino que debe contemplar a adolescentes menores de dieciocho años.

Así, si un homicidio simple tiene una penalidad mínima de doce años para un adulto, con este planteamiento podría considerase calificado si un adolescente es involucrado, independientemente del grado de su autoría o participación, por un mayor de edad, a quien se le elevaría la sanción de prisión a cincuenta años como mínimo.

Por ello, la propuesta es vista como una de esas posibles soluciones de fondo a problemáticas graves relacionadas con la justicia penal, la seguridad y la violencia.

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Ni una referencia hubo en la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al problema de la Aduana, dependencia que mantiene atrapada a la frontera en el eterno embudo de sus fallas.

Algunos empresarios de Juárez esperaban atención a este reclamo revivido en días pasados, cuando volvió a colapsar el traslado de mercancías a Estados Unidos por los cruces internacionales. De este ramo hay cero respuestas pese a las constantes molestias que ocasiona.

No son hechos aislados, sino un patrón recurrente que en los últimos tres años ha golpeado a transportistas, maquiladoras y exportadores con demoras, pérdidas millonarias y una creciente sensación de vulnerabilidad en una de las fronteras más dinámicas de México.

En 2023 comenzaron a hacerse evidentes los estragos de la obsolescencia tecnológica. Los tres puentes internacionales -Zaragoza-Ysleta, Córdoba-Américas y Jerónimo-Santa Teresa- operaban con plataformas viejas, incapaces de responder a la demanda.

El resultado fueron filas interminables y retrasos en la validación de pedimentos. La crisis se agudizó en octubre de ese año, cuando las medidas de seguridad impuestas por Texas generaron un cuello de botella monumental: más de mil 500 millones de dólares en mercancías varadas y hasta 20 kilómetros de camiones detenidos.

Juárez lo sufre. Cada camión detenido es un reloj en cuenta regresiva para la maquila, un costo adicional para el transportista y una cadena de retrasos que golpea a los mercados en ambos lados de la frontera. Las fallas aduaneras ya no son accidentes sino síntomas de un sistema que necesita una cirugía mayor. Mientras no se atienda, el comercio seguirá rehén de los apagones y las pantallas en negro.

De esto, ni una sola palabra de la autoridad federal que las mantiene bajo su control.