-La Número 4 en peligrosa pseudo carrera

-Periodo ordinario será arena de candidatos

-"Alito" en privado de La Casona con empresarios

-Aprieta SAT con auditorías a maquilas

El sábado por la noche, alrededor de tres mil personas se dieron cita en una cantina, el antro La Número 4, de la Paseo Triunfo de la República para participar en una pseudo carrera vaquera.

Difícilmente se les puede llamar corredores en general a los asistentes, porque fueron pocos los que realmente pensaban que iban a correr.

El evento terminó saliéndose de control tanto para los organizadores como para los agentes de Vialidad que auxiliaron.

Para los organizadores pudo haber sido un éxito por la cantidad de personas, pero para la comunidad deportiva y para quienes fueron afectados por el tráfico detenido fue todo lo contrario. Fue un engaño para los deportistas.

No hubo puntos de hidratación; al contrario, les aventaban aguas minerales desde una camioneta y, además, calientes.

Las calles estaban oscuras, lo que aumentaba el riesgo de que algún participante fuera atropellado.

Más que un evento deportivo, aquello parecía una procesión para el santo de ya saben quién, Malverde, pues hubo amenizada con banda y corridos.

Durante un largo tiempo fueron cerradas las calles y avenidas Paseo Triunfo de la República, Plutarco Elías Calles, Hermanos Escobar y la Del Charro, lo que ahorcó el tráfico y aumentó la molestia entre los conductores.

Y la lista de faltantes fue larga: no hubo salida, tampoco meta; no hubo puntos de hidratación, registro previo, medallas ni números que identificaran a cada corredor. Eso sí, cerveza hubo bastante.

Al final, si hubo un ganador no fueron los corredores, ni la comunidad deportiva, ni los automovilistas. Fue el restaurante, que además cobraba 100 pesos por el valet parking.

Así que, más que una carrera, lo que quedó fue una fiesta que cerró calles, complicó el tráfico y dejó muchas dudas sobre la organización y la seguridad de un evento de esta magnitud.

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Nada terso sino más bien caliente es como anticipan los diputados que será el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado, el cual comienza mañana con la instalación de una nueva Mesa Directiva presidida por el PAN y el paso de la estafeta de la Junta de Coordinación Política, de Morena al PRI.

Según el acuerdo del fin de semana, el priista Guillermo Ramírez dejará su asiento a Joceline Vega, panista de la capital muy discretamente cercana a Palacio de Gobierno; y en la junta de coordinadores llevará la batuta el tricolor cacique ballezano, Roberto Arturo Medina, en lugar del juarense Cuauhtémoc Estrada.

La conformación directiva fue lo de menos. Lo de más es que a los legisladores ya no les dio tiempo para un periodo extraordinario, proyectado sin éxito para finales de este mes que culmina hoy.

La autonomía de la Fiscalía General del Estado y solicitudes de deuda del gobierno panista de la capital son los asuntos que mantienen bajo amenazas de división al bloque PAN-PRI-MC, pero también al de la 4T, conformado por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde.

Pero el año electoral 2027 comienza también en unos días, el 10 de septiembre, cuando el INElectoral declare abierto el proceso, así que las decisiones legislativas deberán tener el cariz de los candidatos a la gubernatura, aunque no sean llamados como tales por los partidos.

Así, las posturas políticas y legislativas que marcarán el periodo ordinario que arranca mañana tendrán que pasar por el alcalde de Chihuahua y virtual candidato del PAN a la gubernatura, Marco Bonilla; y por quien resulte vencedor del proceso interno morenista, entre los juarenses Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez Treviño.

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El líder nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, llegó el sábado por la noche para encabezar ayer el abanderamiento de cientos de priistas de Chihuahua que buscarán candidaturas en la batalla de 2027, denominados como "Defensores de México", para no llamarlos abierta y directamente como candidatos.

Pero antes del evento masivo en el PRI de la capital del estado, "Alito" acudió a una cena en privado en el restaurante La Casona, con empresarios reconocidos convocados por el exalcalde tricolor de Chihuahua, Alejandro Cano Ricaud.

No hubo registro gráfico porque, dicen, también al tricolor llegó la mala costumbrita de "desarmar" a los asistentes a ciertas reuniones, quitándoles los celulares.

Acudieron, entre otros, Luis Antonio Corral, Luis Enrique Terrazas, Álvaro Madero, Maurilio Ochoa, Álvaro Bustillos y Miguel Guerrero, ante quienes el priista explicó la necesidad de lograr una alianza con el PAN para frenar al morenismo.

Al líder tricolor lo acompañaron los diputados federales que mantienen el control del PRI en Chihuahua, Alejandro Domínguez y Graciela Ortiz González, además del diputado local José Luis Villalobos.

"Alito" aprovechó muy bien su gira por la capital porque también después del encuentro masivo aprovechó para reunirse con más tricolores en pugna por el sectarismo que priva desde la dirigencia y para visitar en corto a la gobernadora, Maru Campos, como parte de los esfuerzos de diálogo para amarrar la alianza anti Morena para 2027.

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El anuncio dominical de la gobernadora Maru Campos sobre la creación del Programa Estatal para la Atención a Víctimas de Desaparición abre una nueva etapa en la respuesta institucional a uno de los problemas más dolorosos y complejos que enfrenta Chihuahua.

El programa, que inicialmente contempla a 450 familias y que habrá de ampliarse conforme avance su implementación, parte de una realidad que durante demasiado tiempo ha quedado en segundo plano: la desaparición de una persona no solamente rompe a una familia en el momento en que ocurre, también modifica su vida cotidiana durante meses o años.

Hay traslados, búsquedas, trámites, diligencias, gastos, días de trabajo perdidos y una interminable necesidad de preguntar, insistir buscar respuestas.

En muchos casos, son las propias familias -y particularmente las madres- quienes terminan por asumir tareas que corresponden a las instituciones.

Por eso es importante que el Estado mexicano reconozca también esa dimensión económica y cotidiana del problema.

La propia gobernadora lo planteó con claridad al admitir que ningún recurso puede reparar la ausencia de un ser querido. El dinero puede ayudar a una familia a enfrentar los costos de la búsqueda, pero no resuelve aquello que realmente está en juego, el saber dónde está la persona desaparecida y qué ocurrió con ella.

Debe valorarse el reconocimiento de la propia gobernadora de que “no hemos hecho todo lo deseable, que no ha sido suficiente”.

Admitir una insuficiencia institucional no resuelve el problema, pero sí permite partir de la verdad, de que lo realizado hasta ahora no basta.

Campos Galván también puso sobre la mesa otro asunto importante al señalar que las desapariciones en México no pueden ser resueltas por un gobierno estatal en solitario.

La dimensión nacional del fenómeno exige coordinación con la Federación, particularmente en materia de inteligencia, investigación, búsqueda y persecución de delitos.

Pero también es acertado el compromiso de Chihuahua de no quedarse esperando el acompañamiento federal, que seguido no llega hasta al desierto del norte de México.

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Como si las leyes en materia aduanal, del IMSS, o laboral, no fueran suficientemente restrictivas, en estos días nos enteramos de una fuerte actividad hiperfiscalizadora del SAT en empresas manufactureras de exportación.

Con las reformas a la ley aduanera, empresas y agencias especializadas, sufren a diario para cumplir la reglamentación burocrática que les fue impuesta. Y ese sufrimiento se ve exacerbado por amenazas de auditorías del SAT.

Esto último ya está sucediendo, y no es malo que se vigile el cumplimiento. Lo preocupante es que se convierte en terrorismo para todo mundo.

Cualquier pretexto da lugar a sanciones y multas, y con ello, se corre la voz de lo complicado que es tener un negocio formal en México.

En tanto, millones de empresas y personas obtienen ingresos en la informalidad, y ahí, no hay quien los moleste. Además, meter miedo mediante la coacción a los formales, solo sirve de catalizador para menos inversiones y estancamiento del empleo.

Por lo pronto, no se sabe si el apretón de tuercas está dirigido a inversiones norteamericanas en el sector maquilador, o aplica parejo sin distinguir nacionalidad de los dineros.