En lo que la Administración Trump califica como un “regalo navideño”, el Departamento de Seguridad Nacional triplicó esta semana el incentivo económico para inmigrantes indocumentados que acepten deportarse voluntariamente, elevándolo a 3,000 dólares más un vuelo gratuito a su país de origen.
Pero detrás de la oferta festiva se esconde una amenaza: quienes no aprovechen el programa antes de que termine el año enfrentarán una maquinaria de deportación enormemente expandida en 2026, con planes para redadas laborales masivas, miles de agentes adicionales y una capacidad de detención sin precedentes, financiada con $170 mil millones en fondos nuevos aprobados por el Congreso republicano.
“Durante la temporada navideña, el contribuyente estadounidense está triplicando generosamente el incentivo para que los que están en el país de manera ilegal quieran irse voluntariamente: ofrecemos un bono de salida de $3,000, pero sólo hasta fin de año”, declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. “Los extranjeros ilegales deberían aprovechar este regalo y autodeportarse porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán”.
El programa de autodeportación, administrado a través de la aplicación CBP Home, promete un proceso “rápido, gratuito y fácil”: los usuarios descargan la aplicación, llenan su información y el DHS se encarga del resto, incluyendo organizar y pagar el viaje de regreso a casa.
Quienes se registren también recibirán el perdón de cualquier multa civil o sanción por no haber salido del país.
Según Noem, desde enero de 2025, 1.9 millones de inmigrantes indocumentados se han autodeportado voluntariamente, y decenas de miles han utilizado específicamente el programa CBP Home. Sin embargo, estas cifras no han sido verificadas de forma independiente y contrastan marcadamente con las 622,000 deportaciones formales registradas desde que Trump asumió el cargo en enero.
La retórica oficial es inequívoca: “Quienes no aprovechen esta oferta especial hoy tienen una sola alternativa: serán arrestados, deportados y nunca podrán regresar a Estados Unidos”, advierte el DHS en su comunicado.
Una ofensiva sin precedentes se avecina
Mientras el Gobierno presenta el incentivo económico como un acto de generosidad navideña, los planes para 2026 revelan la estrategia más dura: una ofensiva de deportación masiva financiada con una inyección presupuestaria sin precedentes.
El ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) y la Patrulla Fronteriza recibirán $170 mil millones en fondos adicionales hasta septiembre de 2029, un aumento astronómico sobre sus presupuestos anuales existentes de aproximadamente $19 mil millones, tras la aprobación de un paquete de gasto masivo por parte del Congreso controlado por los republicanos en julio.
Funcionarios de la administración informan que planean contratar miles de agentes adicionales, abrir nuevos centros de detención, recoger más inmigrantes en cárceles locales y asociarse con empresas externas para rastrear a personas sin estatus legal.
“Creo que verán los números explotar enormemente el próximo año”, dijo a Reuters Tom Homan, el zar fronterizo de la Casa Blanca, quien agregó que los planes “absolutamente” incluyen más acciones de aplicación de la ley en lugares de trabajo.
Nuevo frente: redadas laborales
Si bien los agentes federales realizaron este año algunas redadas de alto perfil en negocios, en gran medida evitaron hacer redadas en granjas, fábricas y otras empresas que son económicamente importantes pero conocidas por emplear inmigrantes sin estatus legal.
Eso está a punto de cambiar.
El enfoque planificado de la administración en centros de trabajo durante el próximo año podría generar muchos más arrestos y afectar tanto a la economía estadounidense como a propietarios de negocios que tienden a apoyar al Partido Republicano.
Sarah Pierce, directora de política social del grupo de centro-izquierda Third Way, señaló que las empresas estadounidenses han sido reacias a oponerse a la represión migratoria de Trump durante el año pasado, pero podrían verse motivadas a pronunciarse si el enfoque se dirige hacia los empleadores.
“Será interesante ver si las empresas finalmente se enfrentan a esta administración o no”, dijo Pierce.
Jessica Vaughan, directora de política del Center for Immigration Studies, que aboga por niveles más bajos de inmigración, respaldó la estrategia: “Eventualmente tendrás que ir tras estos empleadores. Cuando eso comience a suceder, los empleadores comenzarán a limpiar sus actos por sí mismos”.
Reemplazar a los inmigrantes arrestados durante redadas laborales podría conducir a costos laborales más altos, socavando la lucha de Trump contra la inflación, que los analistas esperan que sea un tema importante en las elecciones de noviembre, que determinarán el control del Congreso.
Señales de rechazo político
Los planes de deportación expandidos surgen a pesar de crecientes señales de reacción política antes de las elecciones de medio término del próximo año.
La calificación general de aprobación de Trump sobre política migratoria cayó del 50% en marzo, antes de que lanzara represiones en varias ciudades importantes de Estados Unidos, al 41% a mediados de diciembre, en lo que había sido su tema más fuerte. La creciente inquietud pública se ha centrado en agentes federales enmascarados que utilizan tácticas agresivas como lanzar gas lacrimógeno en vecindarios residenciales y detener a ciudadanos estadounidenses.
Miami, una de las ciudades más afectadas por la represión de Trump debido a su gran población inmigrante, eligió la semana pasada a su primer alcalde demócrata en casi tres décadas en lo que el alcalde electo describió, en parte, como una reacción al presidente. Otras elecciones locales y encuestas han sugerido una creciente preocupación entre los votantes cautelosos de las tácticas migratorias agresivas.
“La gente está comenzando a ver esto ya no tanto como una cuestión de inmigración sino como una violación de derechos, una violación del debido proceso y la militarización de vecindarios de manera extraconstitucional”, dijo Mike Madrid, un estratega político republicano moderado. “No hay duda de que eso es un problema para el presidente y los republicanos”.
Más allá de los criminales
A pesar del enfoque en criminales en sus declaraciones públicas, los datos gubernamentales muestran que la Administración Trump ha estado arrestando a más personas que no han sido acusadas de ningún delito más allá de sus presuntas violaciones migratorias que administraciones anteriores.
Aproximadamente el 41% de las cerca de 54,000 personas arrestadas por ICE y detenidas hasta finales de noviembre no tenían antecedentes penales más allá de una presunta violación migratoria, muestran las cifras de la agencia. En las primeras semanas de enero, antes de que Trump asumiera el cargo, sólo el 6% de los arrestados y detenidos por ICE no enfrentaban cargos por otros delitos o no habían sido condenados previamente.
La Administración Trump también ha apuntado a inmigrantes legales. Los agentes han arrestado a cónyuges de ciudadanos estadounidenses en sus entrevistas para tarjetas de residencia, han sacado a personas de ciertos países de sus ceremonias de naturalización, momentos antes de que se convirtieran en ciudadanos, y han revocado miles de visas de estudiantes.
El impacto humano
Trump ya ha despojado a cientos de miles de inmigrantes haitianos, venezolanos y afganos de su estatus legal temporal, expandiendo el grupo de personas que podrían ser deportadas mientras el presidente promete remover a 1 millón de inmigrantes cada año, una meta que casi con certeza no cumplirá este año.
La campaña de deportación ha transformado la vida diaria en comunidades con grandes poblaciones inmigrantes. Algunos negocios cerraron para evitar redadas o por falta de clientes. Padres vulnerables a arrestos mantuvieron a sus hijos en casa en lugar de enviarlos a la escuela o pidieron a vecinos que los acompañaran, mientras que algunos ciudadanos estadounidenses comenzaron a llevar pasaportes.
Trump prometió niveles récord de deportaciones durante su campaña, argumentando que era necesario después de años de altos niveles de inmigración ilegal bajo su predecesor demócrata, Joe Biden. Lanzó una campaña que despachó agentes federales a ciudades estadounidenses en busca de posibles infractores migratorios, generando protestas y demandas por perfilamiento racial y tácticas violentas.
Un dilema económico y político
La estrategia de Trump para 2026 presenta un dilema tanto económico como político. Por un lado, promete cumplir su promesa de campaña de deportaciones masivas. Por otro, las redadas laborales generalizadas podrían perturbar industrias enteras, aumentar los costos para los consumidores y alienar a empresarios que tradicionalmente apoyan al Partido Republicano.
Con las elecciones de medio término en el horizonte y su aprobación en temas migratorios en descenso, Trump apuesta a que su base electoral valorará más la mano dura contra la inmigración ilegal que las potenciales consecuencias económicas.
Mientras tanto, para los millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, el mensaje es claro: acepten los $3,000 y váyanse ahora, o enfrenten una maquinaria de deportación enormemente expandida en el nuevo año, una que promete no dejar piedra sin remover en su búsqueda de cumplir las promesas más duras del presidente sobre inmigración.
