Con el reloj en cuenta regresiva, la expectativa crece en torno a la votación que este viernes llevarán a cabo los comisionados del Condado de Doña Ana respecto al llamado Proyecto Júpiter, una iniciativa valorada en 165 mil millones de dólares que propone la construcción de cuatro centros de datos y una microrred en el área industrial de Santa Teresa.
El proyecto ha sido promovido como una inversión histórica capaz de detonar miles de empleos y colocar a Nuevo México en la ruta de la innovación digital. Sin embargo, entre los vecinos de Sunland Park y diversas organizaciones sociales crece la resistencia, sobre todo por el consumo de agua que demandarían estas instalaciones en un entorno desértico.
Lo que para algunos líderes empresariales y funcionarios estatales representa la oportunidad de posicionar a Nuevo México como un polo de innovación tecnológica y generador de empleos, para muchos residentes y autoridades locales es motivo de preocupación por el impacto en recursos esenciales, particularmente el agua.
Ante ello y en medio del debate, el alcalde de Sunland Park, Javier Perea, envió una carta formal al chair Christopher Shaljo -Hernandez, del Distrito 1, y demás comisionados solicitando posponer la votación hasta que existan estudios claros sobre el impacto.
“Como alcalde de Sunland Park, les escribo en nombre de mis electores para expresarles mi preocupación sobre el bono de ingresos de 165 mil millones de dólares que la Comisión del Condado de Doña Ana está considerando en las próximas semanas”.
Solicitan posponer la votación
En un tono mesurado el edil dio a conocer las preocupaciones de los electores y de su Gobierno, “solicitamos respetuosamente a la Comisión que posponga la votación del IRB. No nos oponemos ni estamos a favor del proyecto solo pedimos más tiempo para evaluar las consecuencias y un diálogo exhaustivo con todas las partes interesadas”, expuso en la misiva.
Entre sus inquietudes, aseguró, están elementos que deben estudiarse y analizarse por el impacto que traería la instalación del centro laboral como: vivienda, transporte, desarrollo urbano, seguridad pública y en especial el agua.
Y es que con el arribo de nuevos trabajadores, escribió, podría saturar el mercado inmobiliario y aumentar los costos de vivienda por lo que es importante revisar este rubro.
También el transporte público podría verse afectado por la construcción y operación del proyecto, ya que generará tráfico pesado que pasará por las calles de Sunland Park. Requerirá coordinación y nuevas vías.
En materia de desarrollo urbano, dijo, la magnitud de este proyecto tendrá efectos de zonificación que también impactarán a la ciudad, al igual que en seguridad pública al requerir planes claros para garantizar tiempos de respuesta y recursos ante emergencias.
Al hablar sobre la demanda de agua subrayó que estos centros no pueden comprometer el abasto que corresponde a los residentes. “Se ha afirmado que los centros de datos requerirían cantidades significativas de agua para su funcionamiento, una preocupación alarmante en el desierto. Un proyecto tan significativo tiene otros impactos, y es con ellos en mente que la Ciudad de Sunland Park solicita posponer la votación final hasta que tengamos tiempo suficiente para evaluar las consecuencias de esta acción”, insistió.
Quedaría empresa exenta de predial
Se dijo que el proyecto se apoyaría en un bono de ingresos industriales (IRB) a 30 años, lo que significa que la empresa quedaría exenta del pago de impuestos a la propiedad durante ese período. Aunque el condado asegura que no corre riesgos financieros porque la inversión es privada, críticos cuestionan la renuncia a ingresos fiscales que podrían destinarse a escuelas, seguridad pública y servicios básicos.
Recientemente y en una de las audiencias comunitarias organizadas por el condado, se enfrentaron posturas opuestas tanto en las celebradas en Sunland Park como en Las Cruces, en las cuales se contó con la participación de ejecutivos de Borderplex Digital Assets, promotores del proyecto, así como de docenas de manifestantes que se movilizaron desde Sunland Park y Santa Teresa.
Ahí la empresa defendió su plan asegurando que la tecnología utilizada permitirá minimizar el consumo de agua y que se implementarán medidas de sustentabilidad. “Este proyecto posicionará a Nuevo México en la economía digital global y traerá beneficios duraderos”, expresó uno de los directivos presentes.
Pero las voces críticas dominaron el ambiente y vecinos portando pancartas advirtieron que el condado no debe repetir los errores de los megaproyectos que privilegian a las corporaciones sobre las comunidades.
“Ese monstruo de la I-10 devora todo a su paso, y ahora quieren que otro monstruo devore nuestra agua”, gritó un manifestante desde el micrófono abierto. Otro vecino de Sunland Park fue más directo: “Si nos dejan sin agua, nos condenan a desaparecer como ciudad”.
“Traer esta inversión a Nuevo México significa buenos empleos locales, infraestructura de primer nivel y una vida más asequible”, dijo Nathan Small, representante estatal, en una publicación en el portal digital: www.elevatedonaana.org.
A su vez Rob Black, secretario de Desarrollo Económico, fijó su postura desde el principio: “El Proyecto Júpiter construiría futuro al generar más de 2 mil 500 empleos en la construcción y fortalecer cadenas de suministro”, expresó, mientras que Brian Condit, del Consejo de Oficios de la Construcción, afirmó que la iniciativa impulsaría a toda la región con miles de nuevos empleos y crecimiento empresarial.
‘El agua primero, las corporaciones después’
No obstante el debate ha escalado al punto de que se espera una fuerte presencia ciudadana en la sesión de este viernes. Mientras algunos anticipan un espaldarazo histórico al desarrollo tecnológico en Nuevo México, otros insisten en que sería un error precipitarse sin estudios claros de impacto.
La decisión de este viernes, dicen las autoridades, marcará un precedente: los comisionados de Doña Ana deberán elegir entre aprobar un proyecto millonario con promesas de crecimiento económico o atender las demandas de mayor transparencia y precaución expresadas por Sunland Park y sus habitantes. En las calles, la consigna es clara: “El agua primero, las corporaciones después”.
Residentes y activistas advierten que la experiencia de otras ciudades demuestra que los centros de datos suelen consumir enormes cantidades de agua y electricidad, sin garantizar beneficios directos proporcionales para las comunidades donde se instalan.
A decir de los analistas locales, los comisionados tienen en sus manos una decisión que no solo marcará el rumbo económico de la región, sino también el ambiental y social. “Posponer la votación sería un gesto de prudencia y responsabilidad”.
