Houston— El gobernador de Texas, Greg Abbott, se ha visto envuelto este mes en un tenso enfrentamiento con tres de las ciudades más grandes de su estado por la forma en que los agentes de policía locales colaboran con los agentes federales de inmigración.

El gobernador dio a los líderes de Houston, Dallas y Austin hasta el miércoles para que modificaran sus políticas a su gusto, o se enfrentarían a la pérdida de más de 150 millones de dólares en fondos para seguridad pública, incluidos millones destinados a proporcionar seguridad en los partidos de la Copa del Mundo de este verano.

Los líderes estatales republicanos han intentado con frecuencia controlar las políticas de las ciudades demócratas de sus estados, a menudo mediante legislación y, en ocasiones, mediante demandas judiciales. Sin embargo, dado que Abbott está utilizando fondos cruciales como herramienta de presión, algunos consideran que esto recuerda a las tácticas agresivas de la administración Trump.

“Es una táctica típica del presidente Trump”, dijo Alejandra Salinas, concejala de Houston. “Cree que puede intimidar a la Ciudad de Houston de la misma manera”.

Los expertos legales afirmaron que el asunto en cuestión —si los agentes de policía pueden retener a una persona en la calle durante más tiempo del permitido habitualmente si dicha persona es buscada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas— no estaba resuelto, y que Abbott podría estar poniendo a prueba los límites del apoyo que la Policía puede brindar a los agentes federales de inmigración.

La disputa comenzó en Houston, donde este mes el Ayuntamiento aprobó una nueva ordenanza que aclara cuándo sus agentes pueden detener a personas buscadas por agentes de inmigración. Abbott extendió la disputa a Dallas y Austin tras afirmar que ambas ciudades tenían políticas que también incumplían un contrato con el Estado que obligaba a la Policía a cooperar con los agentes de inmigración a cambio de financiación.

El miércoles, el Ayuntamiento de Houston llevó a cabo un debate prolongado y, por momentos, acalorado sobre la modificación de la ordenanza. Algunos concejales progresistas, entre ellos Salinas, sugirieron que la Ciudad debería haber demandado al Estado.

La concejala Abbie Kamin, abogada que recientemente fue nombrada fiscal principal del condado de Harris, al que pertenece Houston, advirtió que apoyar una “enmienda Abbott” sería una capitulación ante el gobernador y podría propiciar una mayor interferencia estatal.

Pero el alcalde John Whitmire, un demócrata moderado en una posición no partidista, dijo que la Ciudad no podía oponerse eficazmente al gobernador.

“Quien controla el presupuesto puede, en cierto modo, establecer las reglas”, declaró Whitmire, quien inicialmente apoyó la ordenanza, en una entrevista previa a la reunión del miércoles. “¿De qué me serviría enfadarme con el gobernador y tomar represalias contra él? Lo que quiero es conseguir el dinero”.

En la reunión, el alcalde hizo hincapié en la necesidad de colaboración al presentar una nueva redacción que, según indicó, contaba con el respaldo de la Oficina de Abbott. La redacción modificada mantuvo prácticamente intacta la esencia de la ordenanza, al tiempo que recalcó que los agentes podían considerar la totalidad de las circunstancias para decidir si retener a una persona a la espera de la intervención de los agentes de inmigración. Afirmó que su objetivo era apaciguar la polémica.

“Conozco a Abbott”, dijo Whitmire a sus oponentes en el consejo, “y, francamente, todos ustedes le hicieron el juego”.

El miércoles, el consejo votó 13 a 4 a favor de adoptar el nuevo texto.

El fiscal general, Ken Paxton, se sumó a la polémica la semana pasada al presentar una demanda contra Houston por su ordenanza. Y el senador John Cornyn, quien se enfrenta a un desafío en las primarias republicanas por parte de Paxton, anunció una legislación que recortaría parte de la financiación federal a las ciudades que no cooperen con el ICE.

Pero fueron las amenazas de Abbott las que desataron la frenética actividad entre los líderes de la ciudad y los oficiales de policía. La semana pasada, en Houston, los funcionarios declararon que estaban evaluando el impacto de los recortes inminentes en aspectos como las horas extras de los agentes, al tiempo que intentaban tranquilizar a los representantes de la FIFA, el organismo rector internacional del futbol, ​​asegurándoles que los aficionados en su ciudad estarían seguros este verano.

Un portavoz de Abbott no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la votación del miércoles en Houston y sobre si la financiación ya no corría peligro.

Durante gran parte del segundo mandato de Trump, las ciudades de Texas evitaron el escrutinio sobre su gestión de la aplicación de las leyes de inmigración, en parte debido a las leyes estatales que exigen la cooperación con los agentes federales de inmigración y prohíben la creación de las llamadas “ciudades santuario” , que imponen límites a dicha cooperación.

En los últimos días, cada ciudad ha afrontado la amenaza de Abbott a su manera.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, un demócrata moderado, expresó su frustración y desafío.

“No tenemos tiempo para esto y no vamos a participar en este teatro político”, declaró la semana pasada. Un portavoz de la Ciudad indicó que el miércoles los funcionarios seguían debatiendo una resolución con la oficina del gobernador.

El alcalde de Dallas, Eric Johnson, un demócrata de larga trayectoria que se convirtió en republicano durante su mandato, no se ha pronunciado públicamente.

Para Whitmire, exlegislador estatal, el estancamiento político amenaza una promesa central de su administración: gobernar evitando conflictos polarizadores con los legisladores estatales republicanos y los líderes federales.

“No voy a maldecir a ICE ni a desafiar a ICE, porque no funciona”, dijo Whitmire en la entrevista.

El enfrentamiento en Texas parecía deberse a un número relativamente pequeño de casos en los que los agentes se encontraron con personas buscadas por el ICE durante controles rutinarios en la calle o en la carretera.

El Departamento de Policía de Houston, por ejemplo, ha registrado alrededor de 300 incidentes de este tipo, según datos proporcionados por la Oficina de Whitmire. Un poco más de la mitad de las personas detenidas fueron puestas en libertad por los agentes. Otras 104 fueron entregadas a agentes de inmigración en el lugar de los hechos. El resto fueron arrestadas por otros cargos.

La ordenanza original de la Ciudad ordenaba a los agentes liberar a cualquier persona, incluso si era buscada por agentes federales de inmigración, si el propósito de la detención inicial ya había concluido. Según sus defensores, esta política era similar a la de otras ciudades de Texas y respondía a ocasiones en las que agentes de Houston habían retenido indebidamente a personas para entregarlas a agentes de inmigración.

Los concejales y los expertos legales advirtieron que revertir la política, como ha exigido Abbott, podría resultar en que los agentes violen las prohibiciones constitucionales contra los registros e incautaciones ilegales.

“No tengo conocimiento de ningún otro estado o municipio que intente ordenar arrestos basándose únicamente en estas órdenes administrativas”, dijo Lindsay Nash, profesora de la Facultad de Derecho Benjamin N. Cardozo en Nueva York, quien ha escrito sobre la historia y la legalidad de las órdenes administrativas, que son emitidas por la agencia, no por un juez.

Si los agentes de policía retienen a una persona más allá del tiempo en que normalmente habría sido puesta en libertad, basándose únicamente en una orden administrativa, añadió, eso “viola la Cuarta Enmienda”.

El martes, Whitmire propuso una revisión del texto de la ordenanza, añadiendo que los agentes, de conformidad con la Cuarta Enmienda, podrían detener temporalmente a una persona más allá del tiempo que dura la detención inicial por “motivos legítimos descubiertos durante la detención”.

El fiscal de la Ciudad de Houston, Arturo G. Michel, dijo durante la audiencia del consejo el miércoles que la nueva redacción no significaba que un agente pudiera detener a alguien basándose únicamente en una orden administrativa.

La Oficina de Abbott ha declarado que el problema no radicaba en la Constitución, sino en los contratos que firmaron las ciudades comprometiéndose a cooperar con el ICE a cambio de la financiación.

Si las ciudades no dan marcha atrás en sus políticas, advirtió el gobernador, el Estado recuperaría unos 110 millones de dólares en gastos de seguridad para la Copa del Mundo y otras subvenciones de Houston, 32 millones de dólares en subvenciones de Dallas (más la parte que le corresponde a la Ciudad de otros 55 millones de dólares para la seguridad de la Copa del Mundo en la zona, con partidos que se jugarán en Arlington), y más de 2 millones de dólares de Austin.

“El cumplimiento del contrato no implica recortar los fondos de la Policía”, declaró Abbott en un mensaje publicado en redes sociales el domingo por la noche, visiblemente frustrado. “Firmé una ley que impide recortar los fondos de la Policía”.

Abbott ha argumentado que esa ley obligaría a los líderes de la ciudad a cubrir cualquier déficit utilizando dinero de sus presupuestos municipales, que ya de por sí están muy ajustados.