Washington— La administración Trump está llevando a cabo un intenso esfuerzo por identificar y deportar a personas no ciudadanas que se registraron para votar, incluso si lo hicieron de manera involuntaria o nunca llegaron a emitir su voto, un enfoque inusualmente agresivo que le está ayudando a promover afirmaciones sin fundamento sobre un supuesto fraude electoral generalizado.

Auditorías y estudios estatales han encontrado en repetidas ocasiones que el voto de personas no ciudadanas es extremadamente poco común, y no ha habido ningún caso en el que se sepa que sus votos hayan definido el resultado de una elección. Es ilegal, conforme a la ley federal, que las personas no ciudadanas se registren para votar o efectivamente voten, y hacerlo puede conllevar sanciones severas, incluida prisión y deportación.

En el pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no había intentado deportar de manera agresiva al número relativamente pequeño de personas no ciudadanas que se registraron para votar de manera ilegal, especialmente si lo hicieron por error, de acuerdo con expertos en política migratoria. Pero la administración Trump está adoptando una postura más dura, con la esperanza de aumentar las deportaciones, al mismo tiempo que construye el argumento de que el voto ilegal ha sido subestimado.

Agentes de seguridad nacional están reabriendo casos de fraude electoral que habían sido cerrados, e investigando esfuerzos de registro de votantes en grandes ciudades.

Oficiales de aduanas han detenido a inmigrantes sospechosos de figurar en los padrones electorales en puntos de control fronterizos, de acuerdo con abogados de inmigración. Y titulares de tarjetas de residencia permanente (green card) que solicitaban la ciudadanía han sido colocados en procedimientos de deportación por haberse registrado para votar.

Los esfuerzos del departamento forman parte del extraordinario intento de la administración Trump por utilizar a agencias federales para promover las afirmaciones falsas de larga data del presidente sobre un sistema electoral supuestamente descompuesto y plagado de fraude. El presidente Donald Trump ha utilizado estas afirmaciones para justificar su impulso a una legislación federal que exigiría a las personas mostrar prueba de ciudadanía estadounidense para registrarse a votar, y que restringiría severamente el voto por correo.

Los cambios están trastocando la vida de algunos titulares de tarjeta de residencia permanente que han vivido en Estados Unidos durante años, y que sostienen que nunca votaron ni tuvieron la intención de registrarse.

Abdullah Emre Basar se enteró por primera vez de que estaba en los padrones electorales de Washington cuando solicitó la ciudadanía, y un oficial de inmigración se lo informó durante su entrevista el año pasado, de acuerdo con una presentación judicial del mes pasado.

Basar se enteró después de que había quedado registrado en 2014, tras visitar la agencia local de vehículos motorizados para actualizar su domicilio, dijo Devin Theriot-Orr, su abogado. El gobierno le negó la ciudadanía y lo colocó en procedimientos de remoción en abril, de acuerdo con la presentación.

Basar sostiene que nunca votó ni pidió registrarse. Ryan Dosch, gerente de la oficina electoral del condado de Spokane, dijo en un correo electrónico que un registro de votante a nombre de Basar fue cancelado y que no tenía ningún historial de haber emitido un voto.

"Genera mucha preocupación e incertidumbre", dijo Basar en un comunicado. "Está poniendo presión en mi matrimonio, ya que mi esposa es ciudadana, y la incertidumbre es muy estresante".

Las acciones de la administración han implicado una estrecha colaboración entre el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia, el cual ha buscado investigar y presentar cargos penales contra personas no ciudadanas por votar de manera ilegal. Se ha instruido a los fiscales a presentar más cargos contra estas personas, y el Departamento de Justicia ha demandado a decenas de estados para obtener los padrones electorales. El departamento también ha aprovechado revelaciones de funcionarios de Nueva Jersey, según las cuales una falla informática provocó que alrededor de 6,600 personas no ciudadanas quedaran registradas para votar entre junio de 2023 y junio de 2024. Cerca de 400 de ellas emitieron posteriormente su voto.

Harmeet Dhillon, quien dirige la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, ha dicho que las autoridades están listas para arrestar o deportar a quienes votaron de manera indebida en Nueva Jersey. La gobernadora Mikie Sherrill, demócrata, indicó que se resistiría a las exigencias de la administración Trump de entregar los nombres de las personas registradas, quienes, dijo, terminaron en los padrones electorales "sin ninguna culpa propia".

La administración Trump también ha presionado a los estados para que suban decenas de millones de registros de votantes a través de SAVE, una herramienta federal de verificación migratoria administrada por el Departamento de Seguridad Nacional, la cual la administración modificó para buscar a personas no ciudadanas en los padrones electorales.

Pero ha habido problemas con la propia herramienta SAVE. En octubre, Jane Nelson, entonces secretaria de estado de Texas, anunció que su oficina había identificado a 2,724 posibles personas no ciudadanas registradas para votar en Texas. Pero funcionarios electorales locales que examinaron los hallazgos a nivel condado encontraron que muchas de las personas identificadas por SAVE en realidad eran ciudadanas. Una investigación independiente en el condado de Travis, Texas, sede de Austin, encontró que el 25% de las coincidencias de personas no ciudadanas en realidad eran ciudadanos, de acuerdo con registros judiciales.

Funcionarios de seguridad nacional han continuado impulsando afirmaciones sin evidencia sobre un fraude electoral generalizado. Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, dijo el mes pasado que la administración había descubierto más de 250,000 casos de personas no ciudadanas registradas para votar en cuatro estados, pero no ofreció ninguna evidencia que respaldara ese hallazgo ni detalles sobre cómo las autoridades llegaron a esa cifra.

Altagracia White, residente de 61 años en Woodbury, Nueva Jersey, casada con un ciudadano estadounidense, dijo que el gobierno federal buscaba deportarla. White dijo que se enteró por primera vez de que estaba registrada para votar después de solicitar la ciudadanía, cuando un oficial de inmigración se lo informó. White obtuvo posteriormente documentos del estado que mostraban que había firmado una solicitud de registro de votante mientras renovaba su licencia de conducir, hace más de una década.

"Nunca pensé que me estuvieran diciendo que firmara para votar ni nada de eso", dijo White. "En ese entonces, ni siquiera sabía cómo decir 'sí' en inglés".

El gobierno federal ha iniciado su proceso de deportación hacia República Dominicana, citando su registro como votante y alegando que votó en 2020. Registros del condado muestran que White votó una vez, mediante boleta por correo, ese año. White negó haber enviado la boleta o haber votado alguna vez.

George Fishman, quien fue subasesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional durante la primera administración Trump, elogió los esfuerzos de la agencia por perseguir el voto de personas no ciudadanas. Aunque dijo que existía "cierto nivel de injusticia" en el caso de las personas no ciudadanas que se registraron para votar de manera involuntaria, consideró que era responsabilidad del Congreso aprobar reformas que impidieran que llegaran a los padrones electorales.

"Creo que la aplicación más rigurosa de la ley debería dirigirse contra quienes sabían que estaban votando de manera ilegal, pero la ley tiene que aplicarse", dijo Fishman, investigador jurídico sénior del Center for Immigration Studies, una organización que apoya la reducción de las tasas de inmigración.