El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó que abrirá nuevos centros de detención en el condado de El Paso, cerca de Clint, aunque la agencia aún no está lista para anunciarlos formalmente, según declaraciones proporcionadas a medios locales.

Fuentes revelaron que el gobierno federal adquirió bodegas ubicadas en Northeast Wind Avenue, entre la Interestatal 10 y Darrington Road, que podrían albergar hasta 8,500 detenidos, casi el doble de la capacidad del Camp Montana East en Fort Bliss, actualmente el centro de detención más grande del país con espacio para 5,000 personas.

Cuando las estaciones de televisión locales KFOX14 y CBS4 contactaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), un portavoz de ICE aclaró que las nuevas instalaciones “no serán bodegas, sino centros de detención muy bien estructurados que cumplen con nuestros estándares regulares de detención”.

La agencia enfatizó que nadie debería sorprenderse por este desarrollo, ya que los agentes de ICE “estarán realizando arrestos en estados de todo el país y están trabajando activamente para expandir el espacio de detención”. Sin embargo, la declaración concluyó con una nota cautelosa: “No tenemos nuevos centros de detención que anunciar en este momento”.

La confirmación de las nuevas instalaciones llega en un momento particularmente delicado. El Camp Montana East ha estado bajo escrutinio intenso tras reportarse tres muertes de migrantes bajo custodia federal en menos de dos meses, lo que ha generado llamados urgentes de organizaciones de derechos humanos para su cierre inmediato.

La más reciente fue la de Víctor Manuel Díaz, de 36 años, quien fue encontrado sin vida el 14 de enero. ICE presume que fue un suicidio, aunque la causa oficial aún está bajo investigación.

El 3 de enero, el cubano Geraldo Díaz Campos, de 55 años, murió en circunstancias que podrían ser clasificadas como homicidio según reportes de The Washington Post, aunque los resultados oficiales de la oficina del médico forense no han sido divulgados. DHS afirma que Campos murió tras forcejear con el personal durante una intervención por suicidio.

La primera muerte ocurrió el 3 de diciembre, cuando Francisco Gaspar Cristóbal Andrés, de 48 años, falleció por insuficiencia hepática y renal.

‘Patrón letal continúa’

El lunes, una coalición de organizaciones de derechos humanos, defensoras legales y religiosas de Texas y Nuevo México exigió el cierre inmediato del Camp Montana East, denunciando “un patrón letal de abuso, negligencia e impunidad”.

“Nadie debería morir por buscar seguridad, dignidad o un futuro para su familia. El Campamento East Montana está matando gente y debe ser clausurado de inmediato”, declaró Marisa Limón Garza, directora ejecutiva del Centro de Defensa de los Inmigrantes Las Américas.

Las organizaciones han documentado condiciones que incluyen golpizas por parte de funcionarios, negación de atención médica, áreas de alojamiento inundadas de excrementos y comida incomible que ha enfermado a los detenidos.

Melissa M. López, directora ejecutiva de Estrella del Paso, señaló la ironía histórica de que el campamento fue construido en terrenos utilizados durante la Segunda Guerra Mundial para detener a personas de ascendencia japonesa. “El Gobierno no puede seguir actuando con impunidad e indiferencia temeraria mientras la gente sufre y muere tras las rejas”, dijo.

La congresista de El Paso, Verónica Escobar, ha estado “haciendo sonar la alarma” sobre Camp Montana East, una instalación de detención operada de forma privada con un costo de $1.24 mil millones financiada por los contribuyentes. Entre las preocupaciones constantes de los detenidos están la falta de acceso a medicamentos necesarios, represalias y otros problemas.

DHS rechaza acusaciones

El Departamento de Seguridad Nacional ha negado repetidamente las acusaciones de condiciones inhumanas, calificándolas de “clickbait alarmista”. En una declaración escrita que utiliza consistentemente para responder a todas las acusaciones, DHS afirmó: “Ningún infractor de la ley en la historia de la civilización humana ha sido tratado mejor que los extranjeros ilegales en Estados Unidos. Contrólense”.

ICE justifica la expansión de instalaciones citando que el 70% de sus arrestos son de extranjeros ilegales acusados o condenados por un crimen en Estados Unidos. “ICE está apuntando a lo peor de lo peor, incluyendo asesinos, violadores, criminales, pandilleros y más”, señaló la agencia en su comunicado.

La agencia también destacó que, gracias a nueva legislación, cuenta con fondos adicionales para expandir el espacio de detención “para mantener a estos criminales fuera de las calles estadounidenses antes de que sean removidos definitivamente de nuestras comunidades”.

Llamados a la acción

En diciembre de 2025, organizaciones como Estrella del Paso, New Mexico Immigrant Law Center, Las Americas Immigrant Advocacy Center, Texas Civil Rights Project, ACLU y Human Rights Watch ya habían exigido el fin de la detención en Camp Montana East, pero el centro continúa operando con más de 2,700 personas detenidas.

“¿Cuántos de nuestros hermanos y hermanas deben morir?”, cuestionó Teague Gonzalez, codirector ejecutivo del Centro de Derecho para Inmigrantes de Nuevo México, pidiendo que se cierre de inmediato y que los detenidos reciban acceso médico y legal urgente.

Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, advirtió que las tres muertes “no son incidentes aislados, sino el resultado previsible de un sistema que trata a los seres humanos como desechables en nombre de una estrategia de aplicación de la ley irresponsable e irracional”.

Con la apertura inminente de las nuevas instalaciones en Clint con capacidad para 8,500 detenidos, las organizaciones de derechos humanos temen que el patrón de denuncias se intensifique, mientras el gobierno federal continúa con su política de deportaciones masivas y detenciones a gran escala.