El mes pasado, los abogados del grupo de defensa de los inmigrantes Estrella del Paso pidieron que la jueza del Tribunal de Distrito Marlene González se recusara de un caso que involucra a un menor migrante no acompañado, alegando que demuestra crueldad y prejuicios contra los niños inmigrantes.

Las transcripciones judiciales muestran que González interrogó repetidamente a menores no acompañados sobre si habían “abandonado” a sus familias para venir a Estados Unidos y, en un caso, llamó mentiroso a una víctima de trabajo infantil guatemalteca, mientras desestimó sus lesiones porque no tenía cicatrices visibles.

En otras audiencias, cuestionó a menores que describieron abuso, secuestro y explotación sexual, preguntándoles por qué no se quedaban en otro lugar de México y reprendiendo a una adolescente víctima de trata por ejercer la prostitución.

El 5 de enero, González aceptó recusarse, pero dijo en documentos judiciales que lo hizo para ahorrar tiempo y recursos, y “no por las razones alegadas” en la moción que solicitaba su recusación.

La juez rechazó una solicitud de entrevista de El Paso Matters, citando el Código de Conducta Judicial de Texas , pero proporcionó una declaración.

“Se informa que las mociones de recusación y los procedimientos judiciales en que se basan son elementos de información pública que cualquier persona puede obtener mediante una solicitud de dicha información”, señala el comunicado.

Estrella del Paso, el ministerio de la Diócesis Católica que ofrece servicios legales gratuitos de inmigración, también declinó una entrevista con El Paso Matters.

“Como abogados, nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones legales y éticas con nuestros clientes, y presentamos cada moción y documento ante el tribunal teniendo esto en cuenta. La moción presentada incluye varios ejemplos detallados que nuestro equipo legal recopiló con sumo cuidado y dedicación”, declaró Estrella del Paso. “No haremos comentarios sobre las mociones ni sobre nuestras interacciones con el tribunal”.

La recusación es una de varias solicitudes realizadas en los últimos años pidiendo a González que se retire de los casos, lo que genera preocupaciones más amplias sobre cómo las acusaciones de parcialidad y conducta poco profesional en su sala del tribunal afectan a las familias que comparecen ante ella.

González, de 71 años, una demócrata cuyo esposo fue agente de la Patrulla Fronteriza, ejerció la abogacía durante más de 30 años en El Paso antes de ser elegida jueza del Tribunal del Distrito Judicial 388 en 2020.

El tribunal preside cuestiones de derecho familiar, incluido el divorcio y la custodia de los hijos.

Fue reelegida en 2024, derrotando a la abogada Joy Degenhart con el 73% de los votos en las primarias demócratas. En ese momento, Degenhart acusó a González de ser “parcial y poco profesional”, por una conducta que llevó a varios abogados a solicitar su recusación.

En ese momento, González declaró a El Paso Matters que las acusaciones probablemente se basaban en la falta de comprensión de Degenhart sobre el sistema judicial local. Tras las elecciones, González presentó una queja ante el Colegio de Abogados del estado contra Degenhart, la cual fue posteriormente desestimada por el Comité de Quejas del Distrito.

Degenhart, quien dijo que planea postularse nuevamente para el cargo en 2028, señaló esta semana que los casos a menudo se retrasan o se reasignan a jueces visitantes o suplentes cuando los jueces son recusados. Esto causa retrasos en los otros dos juzgados de familia de El Paso, y los costos de los jueces suplentes generalmente corren por cuenta de los contribuyentes, añadió Degenhart.

“Los menores no acompañados están siendo tratados con crueldad, pero esto va más allá de esos casos”, dijo. “Las solicitudes de recusación también se aplican a casos de divorcio y solicitudes de órdenes de protección, que tienen consecuencias reales cuando los abogados tienen que presentar solicitudes de recusación porque saben que su cliente no obtendrá una audiencia o juicio justo”.

Ante el tribunal

Si bien los tribunales estatales no deciden el estatus migratorio, sí emiten resoluciones predicativas sobre el bienestar infantil conforme a las leyes de familia de Texas, incluidas aquellas que un menor puede utilizar para solicitar el estatus de Inmigrante Juvenil Especial conforme a la ley federal de inmigración.

El 17 de diciembre, los abogados del Programa de Niños No Acompañados de Estrella presentaron una moción solicitando la recusación de González. El maltrato del juez a los niños no acompañados no ciudadanos da la impresión de incorrección, parcialidad y prejuicio, afirma la organización en el expediente judicial, y añade que el juez ha demostrado crueldad e insensibilidad hacia los niños.

El caso involucra a un joven de 16 años de México que ha estado bajo la custodia de la Oficina de Asentamiento de Refugiados del gobierno federal en El Paso desde junio de 2025 después de ser transferido de la custodia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos cerca de Hidalgo, Texas.

La niña, a quien El Paso Matters sólo identifica como María porque es menor de edad, salió de Veracruz, México, cuando tenía 15 años y llegó sola a Estados Unidos en mayo de 2025.

Ella está solicitando al tribunal que se les prohíba a sus padres sacarla de El Paso y devolverla a México, afirmando que ellos la han descuidado y la están amenazando con maltrato en el futuro.

Transcripciones judiciales

Jacob Wedemeyer, abogado gerente de Estrella del Paso, en la moción también solicitó que González se recuse de todos los casos que involucran a niños migrantes no acompañados.

La moción de la organización hace referencia a transcripciones y fallos previos en múltiples casos no impugnados en los que González presuntamente interrogó exhaustivamente a menores sobre sus relaciones familiares, su historial migratorio y sus experiencias de abuso o negligencia. Alega además que, en algunos casos, las peticiones fueron denegadas sin conclusiones escritas ni justificaciones.

La presentación incluye declaraciones juradas de abogados y proveedores de servicios sociales que han representado o acompañado a niños no ciudadanos no acompañados en la sala del tribunal de González, así como extractos de transcripciones judiciales oficiales.

La moción establece que González interroga repetidamente a los menores que llegaron a Estados Unidos sin sus padres sobre el abandono, preguntando en múltiples casos: “Abandonaste a tu madre y a tu hermano, ¿no es cierto?” y “Entonces, abandonaste a tu familia para venir y perseguir tu sueño de vivir en los Estados Unidos; ¿no es cierto?”.

En un caso de junio de 2025 que involucraba a una víctima de trabajo infantil de Guatemala, el adolescente testificó que comenzó a trabajar a los 6 años en la agricultura y luego en la construcción, diciendo que se lesionó mientras trabajaba y que nadie lo llevó al médico.

“¿Y tienes tus dedos? ¿Tienes tus diez dedos completos?”, preguntó González, según consta en documentos judiciales. “No veo ninguna cicatriz en tu cara. Eso significa que no hubo ningún accidente que afectara o dañara tu piel”.

Las transcripciones judiciales muestran que González le preguntó si era el único niño en Guatemala que trabajaba y lo llamó mentiroso cuando intentó responder.

Otras transcripciones describen un caso de septiembre de 2025 que involucra a un joven guatemalteco de 17 años que testificó sobre haber sido agredido por su padre y haber huido a México a los 13 años. Declaró haber sido secuestrado y golpeado, incluso por policías mexicanos que le quitaron su dinero. Tras unos 10 minutos de interrogatorio, González preguntó: “¿Por qué no te quedaste en otra parte de México? Es hermoso y grande”.

En diciembre de 2023, según consta en los registros judiciales, González interrogó a un joven “tímido” de 17 años que había sido ingresado en “varios centros psiquiátricos”, preguntándole qué tipo de enfermedad mental padecía. Continuó: “¿Entonces cree que venir a Estados Unidos fue una libertad absoluta, que podía hacer lo que quisiera y que podía ir a donde quisiera?”.

En una declaración jurada, Lidia Valadez, gerente de servicios sociales de Estrella del Paso, dijo que González “infligió miedo a los jóvenes con su comportamiento de superioridad e intimidación”, y agregó que la jueza carece de competencia cultural y humildad y no es imparcial.

Mónica Allen, proveedora de servicios sociales de la organización que gestiona casos de alto riesgo con menores, declaró que una joven guatemalteca de 17 años que había sufrido graves abusos sexuales fue retraumatizada durante una audiencia en el caso no impugnado. No se permitió a la trabajadora social presentar testimonio en nombre de la joven, por lo que un abogado de Estrella del Paso tuvo que interrogarla directamente. En un caso similar, con una joven venezolana de 16 años que testificó haber sido prostituida, González la regañó diciéndole que no debía ejercer la prostitución, según consta en documentos judiciales.