-¿A 22 pesos por dólar si pasa la reforma?

-Fracturan vivales al Poder Judicial  

-Patea Yanko las deudas del IEE

-Evalúan a Cruz en el arrancadero

El impacto numérico de la eventual aprobación de la reforma, según aventurados análisis monetario-financieros que circulan entre los grupos anti-4T, podría verse reflejado con suma claridad en el tipo de cambio peso-dólar, sujeto a una incertidumbre extrema en las últimas semanas.

Supuestamente, las condiciones de liquidez en los mercados de divisas, el nerviosismo y la aversión al riesgo de los inversionistas por la situación en México, llevaría a la moneda norteamericana a cotizarse en 22 pesos.

Entre el 19 de agosto y el fin de semana vimos la apreciación del dólar de los 18.62 a los 20 pesos, como mantuvo cotizándose tanto en el tipo de cambio oficial con el mercado internacional y callejero en ciudades altamente dolarizadas como Juárez.

Por eso, no resulta descabellado un salto en ese nivel tanto a raíz de la posible aprobación que pretende la aplanadora morenista como por otros factores que han dejado atrás, al menos temporalmente, el fenómeno del súper peso.

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Hace apenas unos días, jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado  (TSJE) advertían que, al ver el avance de la reforma judicial, a nivel local también tenían que poner sus barbas a remojar, a pesar de la proliferación de creativos con iniciativa con pretensiones de frenarla con artilugios jurídicos que, si a nivel nacional no habían servido, a nivel estatal menos daban esperanzas.

Por esos creativos, en el marco de invitaciones a protestar funcionarios, ciudadanos, catedráticos y alumnos de leyes -desde el viernes pasado y hasta hoy lunes- surgieron visos de fractura en el Poder Judicial del Estado porque de algún lado surgió la gran idea de contratar un despacho internacional para atacar la reforma fuera de México.

Desde el jueves en la noche y todo el fin de semana, nos reportan, tanto el magistrado duartista Gabriel Sepúlveda, expresidente del TSJE, como el secretario general del Tribunal, Javier Fierro, fueron blanco de críticas de algunos de sus compañeros juzgadores porque pretendieron pasar la charola para dicha contratación.

Dicen que pedían, a modo de sugerencia, de 10 mil pesos para arriba a cada juez y magistrado de los que componen el Poder Judicial estatal, a fin de que un despacho de litigio estratégico internacional demandara a México por la inminente aprobación de la reforma.

La sola insinuación de hacerles pagar a los juzgadores una defensa jurídica en tribunales internacionales causó extrañeza e indignación, dado que el entramado jurídico-judicial-institucional de México es tan sólido que tiene la forma de defenderse a sí mismo, en estos momentos que comprometen su estabilidad e independencia.

Eso, además del impacto económico que tiene en los jueces, cuyo salario no se compara con el de los magistrados, empezó a generar fracturas y divisiones en la forma de enfrentar el reto de la reforma, que comienza con la justicia federal y sigue con la de los estados, dándoles 180 días a sus poderes legislativos para adecuar sus normas y darles el obligado estrujón a las judicaturas locales.

Vieron pues, algunos de los juzgadores, una idea entre mala y pésima con eso de pagar una defensa jurídica privada, en aras de proteger, sobre todo, al personal sin carrera judicial que ocupa muy altos cargos, desde magistrados hacia abajo, y ven mucho mayor el riesgo de que llegue la democratización en la selección de jueces promovida por la 4T.

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Precisamente, la reforma judicial entró en su ruta crítica a partir de ayer, con la sesión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República, presididas por las morenistas Ernestina Godoy y Citlalli Hernández Mora.

Con la dictaminación citada en pleno domingo, la idea es subirla el mismo miércoles de esta semana, luego de haber recibido la minuta de la Cámara de Diputados apenas el miércoles pasado.

Ha destacado entre las defensoras más claras de la reforma la senadora juarense Andrea Chávez, quien justificó el acelerado proceso por la urgencia de cumplirle al pueblo de México una de sus mayores exigencias, que es la de justicia.

Chávez Treviño hasta se burló del coordinador de los senadores del PAN, y líder nacional de su partido, Marko Cortés, reclamándole que no pudiera leer 40 hojitas de la minuta en dos días.

Ahora el reto es conseguir el último voto que falta o la casual inasistencia de algunos senadores de oposición que juran y perjuran no dejarán pasar la reforma. Así, de aquí al miércoles veremos pues el intenso jaloneo de la parte final de este cardiaco episodio de la transición.

Vendrá después, de pasar el último filtro en el Senado de la República, el tránsito sin problemas por al menos 17 congresos de los estados que forman parte del constituyente, para que finalmente los cambios constitucionales queden vigentes a partir del 17 de septiembre. Al menos esos son los planes de la súper mayoría que conforman Morena y aliados.

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Una de las cuentas bancarias del Instituto Estatal Electoral (IEE) fue objeto de un embargo precautorio desde hace algunas semanas, por resolución del Juzgado Decimosegundo de Distrito con residencia en Chihuahua, para garantizar el pago de más de un millón y medio de pesos a un proveedor que ha dejado colgado el organismo desde 2021.

La medida judicial 15/2024-3-2 fue dictada a favor de una empresa que brindó el servicio de internet satelital al IEE en su administración pasada. Cuando llegó como consejera presidenta la que despacha actualmente como tal, Yanko Durán, decidió desconocer el adeudo y lo llevó a litigio por fallos administrativos que heredó.

Los trabajos por los que trata de cobrar la proveedora, encabezada por Francisco Maldonado, comenzaron desde 2020. Consistió en la instalación de equipo para la recepción de servicio de internet en 53 municipios, lo que le rentó instituto junto con la señal respectiva. El proveedor chihuahuense no es dueño de la empresa, sino que es una concesión de la canadiense HughesNet.

Sin embargo, Durán Prieto decidió burocratizar el proceso de pago no tanto por tener algo contra el proveedor sino, tal vez, para que fueran puestos en aprietos los administradores del IEE que estaban antes de que ella llegara al cargo.

Mientras tanto, un adeudo así tiene en aprietos financieros a una pequeña empresa chihuahuense, cuando lo justo, lo honesto, sin fobias ni intentos de venganzas políticas, sería pagarle el servicio que ya prestó.

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Tras su informe de ayer ante el Cabildo -y el acto masivo que era esperado para la noche- hoy comienza el alcalde Cruz Pérez Cuéllar su segundo periodo de tres años, en lo que anticipamos será su arrancadero de campaña con miras a la sucesión estatal de 2027.

Formalmente, el comienzo de la siguiente administración es mañana 10 de septiembre, pero desde ahora empieza a correr la cuenta regresiva que desde Morena ya están evaluando para las próximas definiciones.

En el partido de la 4T dicen que todos los corredores tienen el reto de mostrar lealtad a la administración que comienza en octubre, con Claudia Sheinbaum a la cabeza, sin generar rupturas ni mayores fricciones a las naturales que existen dentro del morenismo.

El otro gran reto es el tener más aciertos que errores en esa carrera de largo alcance que, como Pérez Cuéllar, también habrá de tener la senadora Andrea Chávez y posiblemente hasta la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, quien no por nada ya tiene su credencial del INE con domicilio de Chihuahua.